El18 de octubre fue asesinado Walberto Hoyos, líder que reclamaba la devolución de la tierra a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, en Chocó, y que era considerado testigo clave en las investigaciones contra paramilitares por la muerte de un líder como él. Al mediodía del 20 de septiembre, en el corregimiento de Guachicono, Cauca, fue asesinado Ever González, dirigente campesino del Comité de Integración del Macizo Colombiano, cima. Esa misma semana y en el mismo departamento, César Marín, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, anuc, corrió la misma suerte

 

 

El18 de octubre fue asesinado Walberto Hoyos, líder que reclamaba la devolución de la tierra a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, en Chocó, y que era considerado testigo clave en las investigaciones contra paramilitares por la muerte de un líder como él.

Al mediodía del 20 de septiembre, en el corregimiento de Guachicono, Cauca, fue asesinado Ever González, dirigente campesino del Comité de Integración del Macizo Colombiano, cima. Esa misma semana y en el mismo departamento, César Marín, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, anuc, corrió la misma suerte

Otros líderes de organizaciones defensoras de derechos humanos han recibido
amenazas o han sido obligados a desplazarse o han sido asesinados, como le currió a Walberto, Ever y César.

Las difíciles condiciones que enfrentan los defensores de derechos en más de 80 países del mundo, incluido Colombia, hacen que “militar por el respeto de los derechos humanos siga siendo una actividad de alto riesgo”, como asegura el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, que lideran la Organización Mundial Contra la Tortura, omct, y la Federación
Internacional de Derechos Humanos, fidh.

Éste será uno de los temas centrales en la conmemoración en diciembre del aniversario número 60 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la primera década de la Declaración de la Asamblea General sobre la legitimidad de la lucha adelantada por los defensores, la cual pide a los Estados el respeto por los derechos fundamentales y por la labor de quienes los defienden.

El próximo mes también se realiza la tercera sesión del Examen Periódico Universal, epu, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para evaluar a los países miembros, en la que Colombia y otros 15 países serán examinados.

Según el informe elaborado por el Gobierno de Colombia para este Examen, “el
tema de las garantías para el ejercicio de los defensores de derechos humanos ha sido uno de los más polémicos que ha enfrentado el Gobierno”. Y esto aunque en 1997 el Gobierno creó el Programa de Protección del Ministerio del Interior, que busca proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personales de los defensores de derechos humanos, en general, y de dirigentes sindicales, periodistas y líderes de comunidades étnicas, en particular.

Al protegerlos a ellos se protege también lo que representan en una sociedad, como lo señaló la ex representante especial del Secretario de las Naciones unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Hina Jilani: “Si la labor del Estado es buscar el bien común, concepto cuya manifestación moderna no es otra que promover, garantizar y defender los derechos humanos, el trabajo de los defensores de estos derechos no es sino el ejercicio de una función pública, en colaboración o en oposición al primer obligado que es el Estado”.

La protección también significa garantizar sus acciones, que han sido decisivas para revelar casos de violación de los derechos a la vida y la libertad; los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos, por los que actualmente luchan, entre muchos otros, los afrocolombianos y las comunidades indígenas, especialmente en el Cauca.

La actividad de los defensores también ha sido fundamental para aclarar masacres como la de El Aro, El Naya, Trujillo, Mapiripán, La Rochela, San José de Apartadó, El Salado; o asesinatos de dirigentes sindicales, como los de Arauca, o los 19 comerciantes en Puerto Araújo y Puerto Boyacá.

Para Alirio Uribe, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la lucha de los defensores ha dado frutos importantes. “Desde hace más de 20
años hemos señalado muchas de las cosas que en este tiempo se están probando, como los vínculos entre políticos y paramilitares y entre éstos y agentes del Estado. No hay un solo desmovilizado de los que han pasado por Justicia y Paz que no haya dicho que esto es verdad”.

En su lucha por revelar estos nexos, durante estos 20 años los defensores han presentado tutelas, derechos de petición, datos y testimonios sistematizados que sustentan sus denuncias, como el caso del sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien se sumó al proceso judicial adelantado en contra el general Rito Alejo del Río -hoy en retiro como “actor popular en nombre de la humanidad”. Otro ejemplo es la hermana Yolanda Cerón, asesinada por defender las tierras de las afrocolombianas en Tumaco.