El CPDH exige respeto de las normas del derecho internacional humanitario a las partes en conflicto.

Sábado 31 de marzo de 2012, por CPDH

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, expresa su preocupación por la agudización del conflicto armado interno en Arauca y otros departamentos, lo que acarrea la transgresión a los principios de distinción y proporcionalidad, los cuales son contemplados en las normas del Derecho Internacional Humanitario y los Convención de los derechos del niño, junto con el protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

Víctimas del conflicto |

2. Manifiesta su preocupación y rechazo por la indiferencia del Gobierno Nacional ante la pérdida de vidas humanas, por la persistencia de la confrontación armada que de manera especial afecta a las zonas rurales. Así mismo, la comunidad araucana, en cabeza del CPDH Arauca, ha rechazado la excesiva militarización del territorio, cuyo objetivo radica en la defensa de los intereses de las grandes multinacionales, en este caso, del petróleo, incluso atropellando los derechos de la población civil. El CPDH expresa su solidaridad con las familias de los combatientes caídos en la confrontación armada.

3. Rechaza que el gobierno Nacional, en su afán de brindar seguridad a los complejos petroleros de Caño Limón y Caricari, exponga la vida de jóvenes soldados, como ocurrió el pasado 17 de marzo de 2012, cuando 11 militares, con tan solo 10 meses de entrenamiento militar, fueron enviados al combate donde encontraron injustamente la muerte.

4. Expresa su preocupación al no haber claridad sobre si las muertes de los 33 guerrilleros de las FARC- EP, ocurridas el 21 de marzo del 2012, en la vereda “Bambú”, zona rural de Arauca, y bajo el plan de guerra ’Espada de honor’, transgreden las normas del DIH. Desde tempranas horas de la mañana del día de los hechos, el presidente Santos, en su cuenta de Twitter, anunciaba las muertes de la siguiente manera: “Gran golpe a las Farc en Arauca donde nos mataron nuestros soldados. Van 24 muertos y 10 capturados. Felicitaciones a nuestras fuerzas” [1] El 24 de marzo de 2012, los medios de comunicación indicaron que el total de personas muertas era de 33 [2].

Exigimos conocer la suerte de los 10 capturados de los que habla el señor presidente, dado que hasta ahora, de acuerdo a datos suministrados por la Defensoría del Pueblo, solo se tiene noticia de tres de ellos. Recordamos que, a la luz del artículo 4.2 del Protocolo II, quedan prohibidos, en todo tiempo y lugar, con respecto a las personas protegidas (heridos y capturados en combate), los atentados contra la vida, en particular el homicidio.

5. Denuncia que en este bombardeo fallecieron un poco más de 10 menores de edad, cuyas edades oscilaban entre 14 y 15 años. Es de anotar que el Estado Colombiano goza de una posición de garante y de protección especial hacia los menores que se encuentren en medio de las hostilidades. Así mismo, el derecho internacional humanitario contempla el respeto al principio de proporcionalidad, y por consiguiente, si existen tres medios para destruir a los combatientes enemigos, tales como matar, herir o capturar, se preferirá la captura a la herida y la herida a la muerte. “Recordamos que las partes en conflicto no ocasionarán a su adversario males desproporcionados con respeto al objetivo de la guerra, que es destruir o debilitar el potencial militar del enemigo” [3].

6. Reclama de las partes en contienda, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, un diálogo para la paz y la justicia social, el cual debe surtirse con la participación de las diversas formas organizativas de la sociedad, en especial con las víctimas; donde se proyecten cambios y acciones contra la pobreza, la inequidad y la injusticia social. Así mismo, que esas partes, inmersas en el conflicto armado, respeten las normas del Derecho Internacional Humanitario.


Exigimos

1. Se investigue, por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General, los hechos y conductas que tienen que ver con las muertes ocurridas en la vereda “Bambú”, en zona rural del departamento de Arauca.

2. Se investigue disciplinaria y penalmente a los responsables de la operación del 17 de marzo de 2012, en la que fallecieron 11 militares, con tan solo 10 meses de entrenamiento, lo que a todas luces refleja que la operación contó con errores militares y administrativos.

3. Se logre la abolición del servicio militar obligatorio, toda vez que favorece el cada vez más temprano contacto de nuestros jóvenes con el conflicto armado, exponiéndolos como escudos humanos de una guerra absurda y decadente.

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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