En Medellín los Defensores de Derechos Humanos recibieron a Relatora de Naciones Unidas

En Medellín los Defensores de Derechos Humanos recibieron a Relatora de Naciones Unidas

“Existe un consenso de que la situación de los defensores de Derechos Humanos solamente podrá mejorar con un cambio de actitud de parte de las autoridades. Mientras altos funcionarios del Gobierno sigan estigmatizando a los defensores como adversarios, ningún programa de protección, aún bien financiado, podrá garantizar de manera exitosa su seguridad”, afirmaba la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los Derechos Humanos, Hina Jilani, en su informe a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras visitar a Colombia, cuatro años atrás.

 

 

Dos años antes, en el 2002, ella misma constató que “existe un patrón de abusos graves que han sido cometidos contra los defensores de los Derechos Humanos, que incluyen amenazas, desapariciones forzadas, homicidio y desplazamiento forzoso”.

Pese a estos llamados de atención y a las recomendaciones en torno a que el Gobierno y las autoridades en general respeten y garanticen el libre ejercicio de defensa y promoción de los Derechos Humanos, aún hoy Colombia continúa considerándose “un sitio peligroso para los abogados y defensores de Derechos Humanos”, según lo recoge la Caravana Internacional de Juristas en su informe de 2008; aún hoy continúa siendo necesario que no sólo uno, sino cuatro relatores de Naciones Unidas, recorran el país tratando de dimensionar la compleja situación en materia de Derechos Humanos que padecemos.

El turno de Medellín

Durante la mañana del viernes 11 de septiembre se reunieron, en Medellín, la Relatora Especial para los defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Margaret Sekaggya, y un grupo de organizaciones sociales y populares de los municipios antioqueños, quienes le presentaron análisis, indicadores, testimonios y datos sobre asesinatos, amenazas, montajes judiciales, robos de información, señalamientos estigmatizaciones y persecución en su contra, evidenciando la estrategia de desarticulación y deslegitimación de su labor de defensa, difusión y promoción de los Derechos Humanos, emprendida desde las más altas instancias del Gobierno Nacional.

La jornada fue abierta con un contexto general de la situación en Antioquia, donde no sólo han sido violados los Derechos Humanos de líderes, lideresas y defensores, sino también de miembros de las comunidades que ellos representan; donde no sólo son asesinados, desplazados, desaparecidos los abiertos opositores, sino todos aquellos en desacuerdo con las políticas imperantes; un departamento que continúa siendo considerado el más peligroso para desarrollar la actividad sindical, como lo expuso la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), seccional Antioquia.

Al final la relatora pudo constatar que el exterminio en contra de los líderes, lideresas defensores de Derechos Humanos es sistemático y se ha agravado con los constantes señalamientos de parte de funcionarios estatales y del mismo Presidente de la República en contra de todo aquel que esté en desacuerdo con el orden de cosas establecido.

El 8 de mayo de 2008 declaraba Álvaro Uribe en Montería: “hay personas en Colombia, como el doctor Iván Cepeda. Ellos se arropan en la protección de las víctimas. Y la protección de las víctimas les sirve para tener ong’s que piden plata en la comunidad internacional. La protección de las víctimas les sirve para instigar la violación de los Derechos Humanos en contra de las personas que no comparten sus ideas, y nada les pasa. La protección de las víctimas les sirve para ir al extranjero a desacreditar el Gobierno de Colombia y a desacreditar las instituciones colombianas…”.

Y con respecto a los campesinos del Bajo Cauca, tan perjudicados con las aspersiones de glifosato para la erradicación de los cultivos ilícitos, la estigmatización y las violaciones a los Derechos Humanos propagadas por la región, decía hace un año en Yarumal: “yo con guerrilleros no negocio”.

Al finalizar, la Relatora pidió precisar algunos puntos, especialmente lo relacionado con las debilidades que las organizaciones le encuentran a la administración de justicia. “Hay un vicio de fondo en el proceso penal en Colombia –respondieron las organizaciones-, los encargados de investigar son aquellos sobre los que pesan grandes dudas por corrupción y/o por violación a los Derechos Humanos”.

La reunión terminó con el interés de parte y parte de que el Gobierno Nacional cumpla con cada una de las recomendaciones que resulten de esta visita y de las dos anteriores, para lo cual es indispensable que la relatora sea enfática al transmitirle al Gobierno las medidas eficaces para comenzar a solucionar este problema que tanto ha afectado a líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos.

La reunión dejó, además, la certeza de la indispensable vigilancia y verificación por parte de todas las organizaciones nacionales e internacionales del cumplimiento de tales recomendaciones, el acompañamiento internacional para continuar ejerciendo el derecho a defender los Derechos Humanos y la necesidad ineludible de que esta labor se siga realizando en pro de la construcción de un país mejor.

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