Bajo el eslogan de ?Colombia país minero?, se pretende volver a la economía de explotación minera impuesta por España en la Colonia y que hoy se presenta bajo la máscara de la globalización neoliberal y los tratados de libre comercio. Los hechos son elocuentes: el 85% de lo que Colombia vende al extranjero son bienes primarios, la mayoría de ellos controlados por compañías foráneas que no le aportan ningún beneficio a nuestra economía.
Es por ello que el Código de Minas del año 2001 definió como estrategia la gran minería, limitando la función del Estado a la regulación de la actividad privada. En este sentido, tan solo empresas transnacionales tienen la capacidad financiera y la experiencia para hacer gran minería, aspecto que no garantiza menos desastres.
El gobierno ha iniciado una campaña de despojo, persecución, estigmatización y arrasamiento de los pequeños y medianos mineros colombianos, para abrirle paso a las grandes compañías. Parte de esta campaña consiste en afirmar que los impactos causados por la pequeña y mediana minería podrán ser reducidos con la gran minería, olvidando que las afectaciones son proporcionales al tamaño de la extracción. A los mineros informales, es decir, quienes no tienen un título, el Estado nunca les ha brindado alternativas de tipo económico y han encontrado en esta actividad su única forma de sustento.
Al mismo tiempo, se alaba y desea la entrada del capital extranjero, bajo la falacia de que esta minería sí es responsable y sostenible; artificio usado por las empresas y sus aliados dentro del Estado para desinformar y hacerle creer a los colombianos que lo mejor para el desarrollo de la nación es que una minera extranjera dinamite una montaña hasta destruirla, contamine el agua con cianuro, despoje territorios, desplace a las poblaciones, explote a sus trabajadores, para que así todos seamos felices, ignorando la creciente desigualdad.
Por estas razones, las organizaciones que conformamos la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Trasnacional, RECLAME, manifestamos nuestra oposición a la persecución que el gobierno de Juan Manuel Santos ha emprendido contra los pequeños y medianos mineros colombianos, reclamamos soluciones a esta problemática y respaldamos la marcha nacional que han programado para el miércoles 27 de abril a partir de las 9:00 a.m. desde la Plaza de Toros de Bogotá. Esta actividad hace parte de las luchas sociales que camineros, lecheros, estudiantes, sector salud, trabajadores y comunidades en general, han venido librando contra el Plan Nacional de Desarrollo y el modelo planteado por el gobierno de Santos.
Invitamos a la población a participar de esta jornada en defensa del trabajo, la soberanía y la producción nacional, que pretende ser destruida para darle paso a la voraz actividad de la gran minería trasnacional.
