MANIFIESTO DE COMPROMISO LEGISLATIVO

 

Los y las representantes de los partidos y movimientos políticos, candidatos y candidatas al Congreso de la República, respondiendo al llamado de organizaciones sociales y no gubernamentales que trabajan por la defensa y promoción de los derechos humanos, agrupadas en la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Alianza de Organizaciones Sociales y afines por una cooperación internacional para la paz y la democracia en Colombia, suscribieron un manifiesto de compromiso legislativo por los derechos humanos.

Hacemos extensiva la invitación a representantes y senadores electos a suscribirlo y comprometerse en la defensa de los derechos humanos.

 

Los y las representantes de los partidos y movimientos políticos, candidatos y candidatas al Congreso de la República, respondiendo al llamado de organizaciones sociales y no gubernamentales que trabajan por la defensa y promoción de los derechos humanos, agrupadas en la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Alianza de organizaciones sociales y afines por una cooperación internacional para la paz y la democracia en Colombia,suscribimos el siguiente:

MANIFIESTO DE COMPROMISO LEGISLATIVO POR LOS DERECHOS HUMANOS

Los y las aspirantes a ocupar cargos de elección popular en Corporaciones Públicas, consideramos que la plena vigencia de un Estado Social y Democrático de Derecho, la búsqueda de la justicia y equidad sociales, así como el fortalecimiento de las instituciones democráticas representativas, requieren de un compromiso decidido del Congreso de la República por la plena vigencia de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario en Colombia.
Frente a esta situación, a la vez que solicitamos garantías para el libre ejercicio de los derechos políticos, y libertades fundamentales de opinión y expresión de electores y candidatos en los procesos electorales de 2006, los y las firmantes del presente Manifiesto nos comprometemos a asumir con decisión, dignidad, y transparencia la misión de incorporar los derechos humanos en la agenda legislativa y a ejercer activamente la función de control político frente a acciones, omisiones y políticas que pongan en riesgo el disfrute de los mismos.
Este Manifiesto, recoge 10 propósitos que desarrollan algunos aspectos de la función política y legislativa, de adoptar medidas positivas que hagan efectivos los principios consagrados en la Constitución Política de Colombia, tratados internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, recomendaciones de órganos interestatales como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y demás normativa protectora del ser humano. Hacemos un llamamiento a las personas aspirantes al Congreso, candidatos y candidatas, para que hagan público el compromiso que sellamos con este Manifiesto.

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1. Control político activo en favor de los derechos humanos. Nos comprometemos a ejercer una vigilancia permanente sobre decisiones y actuaciones gubernamentales que puedan afectar o menoscabar los derechos humanos, haciendo uso de las facultades de control político de que dispone el órgano legislativo. Consideramos necesario fortalecer las Comisiones de Derechos Humanos del Congreso, hacer efectivos los mecanismos de responsabilidad política y reforzar prácticas de escrutinio a la actividad del ejecutivo y su adecuación a la normativa de derechos humanos. Nos comprometemos a hacer seguimiento especial a violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, así como a la Sentencia T- 025 de 2004 en materia de atención integral al desplazamiento forzado.

2. Adecuación de la legislación a estándares internacionales. Manifestamos nuestra determinación de adecuar el ejercicio legislativo a la normativa internacional protectora de los derechos humanos, derecho humanitario, derecho penal, derecho del trabajo y derecho de los refugiados. Expresamos nuestro propósito de legislar con responsabilidad sobre esa base, absteniéndonos de adoptar medidas discriminatorias, regresivas y/o contrarias a la misma; impulsando la ratificación de tratados internacionales en esas materias; dando cumplimiento a las recomendaciones internacionales en materia de estados de excepción, facultades de policía judicial, restricciones a la libertad y garantías judiciales; y promoviendo la derogación de normas que resulten manifiestamente contrarias a las obligaciones internacionales del Estado colombiano.
3. Reconocimiento y consulta a pueblos y comunidades. Reconociendo la diversidad del pueblo colombiano nos comprometemos consultar previamente en las materias que les afecten a los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, pueblos raizales, y pueblo Rom. Atendiendo a la necesidad de brindar especial atención a grupos en circunstancias de vulnerabilidad, nos comprometemos a no adoptar medidas que se traduzcan en discriminaciones injustificadas; y a legislar en favor de grupos de bajos ingresos, personas en situación de desplazamiento forzado, minorías sexuales, adultos mayores, niños y niñas, jóvenes, campesinado sin tierra, personas discapacitadas y personas sin techo.
4. Protección contra la discriminación y violencia de género. Durante nuestra actividad legislativa impulsaremos acciones que tengan en cuenta la situación particular de las mujeres, para ello, fomentaremos medidas tendientes a la protección especial de mujeres en situación de desplazamiento forzado, víctimas de violencia sexual, otras modalidades de violencia de género y en razón del conflicto armado. Igualmente nos comprometemos a avanzar en la eliminación de cualquier forma de discriminación legal contra personas de la comunidad de Lesbianas, Gays, bisexuales y personas transgénero. Incorporaremos la recomendación de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, en el sentido de “revisar la legislación sobre violencia doméstica y de género”, con el fin de garantizar a estas poblaciones su derecho de acceso a la justicia.
5. Apoyo a una estrategia de paz integral. Manifestamos la necesidad de concretar una salida política y negociada al conflicto armado, y nos comprometemos a avanzar individual y colectivamente en ello, sobre la base de una política integral de paz con la participación de sociedad civil y las víctimas, teniendo en cuenta las raíces sociales, políticas y económicas del conflicto, y su impacto psicosocial en la sociedad colombiana. Al mismo tiempo, consideramos necesario avanzar en la disminución de los graves efectos que la confrontación armada genera sobre la población, promoviendo la suscripción de acuerdos y compromisos humanitarios que propicien la liberación de personas privadas de la libertad con ocasión del conflicto, la desvinculación de niños, niñas y jóvenes del mismo, la protección del medio ambiente, y la plena aplicación del principio de distinción.
6. Derechos humanos económicos, sociales y culturales. La superación de la pobreza que afecta a más del cincuenta por ciento de la población, la equitativa distribución de la riqueza y la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales son necesidades urgentes del pueblo colombiano. Apoyaremos iniciativas de creación de empleos dignos, estables, productivos, equitativamente remunerados y protegidos socialmente, y buscaremos fortalecer una estrategia de diálogo social que reconozca y legitime a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Procuraremos reformas constitucionales que garanticen la gratuidad sin excepción de la educación básica primaria para niños y niñas (art. 67) y la consideración del derecho a la salud como fundamental (art. 49). Nos comprometemos a evitar la supresión de la responsabilidad estatal en materia de salud, la privatización y el cierre de hospitales y apoyaremos reformas legislativas que garanticen un sistema de salud universal, integral y equitativo. Impulsaremos una política pública nutricional a nivel nacional integrada al Plan Nacional de Desarrollo, soportada en la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional y acompañada de legislación tendiente a la corrección de los usos del suelo, de modo que se garanticen disponibilidad alimentaria y sostenibilidad ambiental.
7. Derechos de las víctimas. Nos comprometemos a revisar, a la luz del derecho internacional y derechos de las víctimas, el marco jurídico actual que soporta el proceso de desmovilización de grupos armados. Hacemos propio el llamado de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el sentido de “introducir en la legislación sobre la desmovilización y reincorporación de miembros de grupos armados ilegales las reformas necesarias para que esa normativa sea más compatible con los principios y normas internacionales sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y a la reparación, con la debida atención a situaciones especiales de las mujeres, los niños y las minorías étnicas.”

8. Garantías de no repetición. Como mecanismo de prevención de futuras violaciones, nos comprometemos a ejercer un escrutinio permanente frente a los ascensos de miembros de la Fuerza Pública, excluyendo de este reconocimiento a aquellos que estén comprometidos con graves violaciones a derechos humanos o que tengan vínculos con el paramilitarismo. Para ello, se hace necesario avanzar en mecanismos de recolección de información a nivel estatal y de publicidad adecuados que permitan el efectivo control y participación de la ciudadanía.
9. Protección a defensores y defensoras de derechos humanos. La defensa de los derechos humanos es una actividad legítima y un deber ciudadano. Nos comprometemos a impulsar una legislación que reconozca la labor de quienes promueven y defienden los derechos humanos, incluyendo líderes y liderezas sindicales y sociales, indígenas, campesinos, afrodescendientes y mujeres; que obligue a las autoridades públicas a colaborar con la misma; y que sancione a quienes la pongan en riesgo. Nos comprometemos a legislar sobre las actividades de inteligencia, adecuando su utilización a la normativa internacional en materia de derechos humanos.
10. Primacía de los derechos humanos sobre acuerdos comerciales. Para garantizar el desarrollo social, el crecimiento económico con equidad y la gobernabilidad democrática a la luz del objetivo de la integración estatal, los acuerdos de libre comercio y tratados de integración económica, deben respetar los estándares de protección de derechos humanos integrales. Como senadores y senadoras y representantes, nos comprometemos hacer realidad los postulados contenidos en el artículo 9 de la Constitución Política de Colombia, defendiendo la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, y los derechos humanos, propiciando el fortalecimiento de la integración latinoamericana y del Caribe, y absteniéndonos de apoyar acuerdos contrarios a dichos principios.
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Reafirmando nuestro compromiso con este Manifiesto, propiciaremos de manera regular encuentros con organizaciones no gubernamentales, organizaciones del sector campesino, sindicatos, académicos, defensores y defensoras de derechos humanos y todos aquellos que estén interesados en hacer seguimiento y aportes, a la agenda de derechos humanos en nuestro trabajo legislativo.

Los abajo firmantes nos COMPROMETEMOS a difundir y a hacer realidad los objetivos expuestos en este Manifiesto.

SUSCRIBEN:

MARIA ELENA DE CROVO
Partido Liberal Colombiano

CLARA LOPEZ OBREGON
Partido Polo Democrático Alternativo

WILSON BORJA DIAZ
Partido Polo Democrático Alternativo

HILDEBRANDO VELEZ
Partido Polo Democrático Alternativo

LILIA SOLANO
Partido Polo Democrático Alternativo

GUSTAVO CASTELLANOS
Partido Participación Popular

JAIME GUTIERREZ CARRILLO
Partido Movimiento de Participación Comunitaria

DANIEL GARCIA PEÑA
Partido Polo Democrático Alternativo

JORGE ROJAS
Partido Polo Democrático Alternativo

BRUNO DIAZ
Partido Polo Democrático Alternativo

AUGUSTO MENDIVELSO
Partido Vamos Colombia

ANA DALILA GOMEZ
Partido Polo Democrático Alternativo

LYDYALU PEREA HENRIQUEZ
Comunidades Negras

MIGUEL ANGEL LEGUIZAMON
Partido Liberal

CARLOS ROSERO
Comunidades Negras

LUIS CARLOS AVELLANEDA TARAZONA
Partido Polo Democrático Alternativo

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