La Asociación de Mujeres Ideales de Ituango (AMII), así como comerciantes, empleados públicos, población campesina y otros grupos del municipio denuncian la situación y la consideran «muy peligrosa» ya que el blog divulga información confidencial de 1.073 personas víctimas del delito de desplazamiento forzado perpetrado en el año 2009 en el municipio de Ituango —y a más de 600 las señala como miembros de las FARC—. La Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño (ASOCBAC) que trabaja entre el Bajo Cauca, Ituango y el sur de Córdoba también ha emitido un comunicado público en el que denuncia que esas personas son señaladas «fuera de cualquier procedimiento judicial, debido proceso o demás principios de un Estado Social de Derecho».
Según fuentes del municipio que no quieren revelar su nombre, «las personas que están en este blog se sienten amenazadas, el pueblo está en una fuerte tensión y el Fiscal Local no quiso recibir la mayoría de denuncias». Algunas de las acciones emprendidas han sido la interposición de 405 derechos de petición a la Fiscalía Seccional de Antioquia para que aclare a cada persona si está siendo investigada; el envío de 32 comunicados al gobernador departamental procedentes de 32 sectores poblacionales afectados por este hecho y a organismos como la Secretaría de Gobierno del Departamento, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Procuraduría Provincial de Yarumal.
Antecedentes recientes
El domingo 27 de marzo de 2011, la Fiscalía y la Policía Nacional detuvieron a nueve personas en Ituango (norte del departamento de Antioquia) por cargos de rebelión y concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Al día siguiente, en el momento que empezaba su judicialización en este municipio, cerca de 200 personas salieron a protestar para exigir la libertad inmediata de estas nueve personas y reclamar el cese de los montajes jurídicos. Durante la madrugada del martes siguiente fueron puestas en libertad con medidas preventivas ya que según fuentes del municipio «los medios probatorios que se allegaron al proceso fueron obtenidos por medios ilegales».
La Asociación de Mujeres Ideales de Ituango (AMII), comerciantes, empleados públicos, población campesina y otros grupos del municipio alertan que la población civil ituanguina, y especialmente las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, «viene siendo señalada y estigmatizada sistemáticamente por actores legales e ilegales que tienen distintos intereses económicos y políticos en el territorio». Los pobladores del municipio afirman que las capturas y retenciones ilegales masivas se presentan sistemáticamente tanto en la zona urbana como rural del municipio «donde son retenidos arbitrariamente los campesinos y llevados en helicóptero por la Fuerza Pública hasta el departamento de Córdoba donde han sido reseñados y posteriormente liberados, con la imposición de presentarse quincenalmente ante las autoridades».
Asimismo, gran parte de las personas desplazadas en junio de 2009 fueron sindicadas por las autoridades militares y organismos estatales de ser las responsables de ordenar dicho desplazamiento y vinculadas a investigaciones judiciales por el delito de rebelión. Los habitantes del municipio denuncian que durante ese desplazamiento múltiples organismos del Estado «instigaban y presionaban a la población desplazada para que denunciaran a los jefes de la estructuras de las FARC que hacen presencia en la zona». Además, «la personera local fue presionada por estos organismos para entregar información relacionada con la base de datos de la población desplazada; ella se resistió a entregar dicha información y fue señalada como auxiliadora de la guerrilla por parte de estas autoridades».
Por su parte la ASOCBAC manifiesta que en esa región «se ha escenificado por muchas décadas el conflicto social y armado que desangra a Colombia, con actos abominables de terror como las masacres paramilitares de las AUC en junio de 1996 y a partir de octubre de 1997 en los corregimientos de La Granja y El Aro, respectivamente». En su comunicado, la asociación campesina afirma que «las Brigadas Móviles 11, 18 y 25 de la VII División del Ejército colombiano permanentemente ven al indígena y al campesino como enemigo interno, lo cual objetivamente genera una crisis humanitaria de la población civil del municipio de Ituango en cuanto a la infracción del principio de distinción que consagra el Derecho Internacional Humanitario».
Desplazamiento en Ituango
Según el director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, Jorge Enrique Calero Chacón, en el oficio N° 402501-0729/11 del 28 de junio de 2011 dirigido al coronel José Gerardo Acevedo Ossa, comandante de departamento de Policía de Antioquia, «las cifras de desplazamiento forzado en este municipio tanto históricas como del último año son altas, según el RUPD [Registro Único de Población Desplazada] de la Agencia presidencial para la Acción Social aunque tiene la doble condición de expulsor y receptor, es la primera característica la que prima: según el acumulado de 1997 a marzo 31 de 2011 se registran 4.416 hogares desplazados de ese municipio que corresponden a 19.093 personas; durante el año 2010 fueron expulsadas 1.547 personas que corresponden a 438 hogares, y en el primer trimestre de 2011 van ocho hogares que corresponden a 20 personas; en la recepción en el histórico desde 1997 a 2011 se registra una cifra correspondiente a 2.062 hogares y 9.582 personas».
El oficio de la Defensoría del Pueblo insiste en los riesgos para la población de la presencia en la región del Frente XVIII de las FARC y también afirma: «El grupo armado ilegal postdesmovilización de las AUC autodenominado “Águilas Negras” o “Urabeños” ha transitado municipios de frontera con Ituango, en una acción expansiva que tiene por objeto controlar la ruta de salida hacia Urabá y el sur de Córdoba y por esa vía disminuir el margen de maniobra del Frente XVIII de las FARC». Asimismo, expone: «En la actualidad se desarrollan en la región operaciones militares (Medusa) que han buscado recuperar el monopolio de la fuerza, el control territorial y garantizar la presencia efectiva del Estado en materia de seguridad a los pobladores. En algunos casos este importante propósito se ha visto empañado por presuntas acciones de algunos miembros de la Fuerza Pública debido a los bloqueos alimenticios y de medicamentos, la instalación de campamentos militares muy cerca de iglesias, casas, escuelas y potreros contiguos a las viviendas de los campesinos, además de actividades de “empadronamiento”, que implican el desconocimiento del principio de distinción y que no consultan con el mandato de la Corte Constitucional (Auto 008 de 2009) en el sentido de incluir en cualquiera de sus acciones, un enfoque de prevención, frente a la posible acción de retaliación del enemigo».
Efectos de Hidroituango
Según habitantes de Ituango, la construcción de la represa en la zona ha agudizado el conflicto armado y la persecución y estigmatización de la población y ha vulnerado las formas de supervivencia de campesinos, mineros, pescadores e indígenas habitantes del área de influencia del proyecto hidroeléctrico. Es por ello que solicitan que «hasta que no cese el conflicto armado en la zona no se adelante la construcción de la represa, puesto que las comunidades están en medio de la disputa territorial y no tienen las condiciones de participar y velar por sus derechos y afectaciones por el proyecto».
Los pobladores del municipio recuerdan que la Fuerza Pública ha desalojado de manera forzosa a más de 150 pequeños mineros de la zona de influencia del proyecto sin ningún tipo de indemnización ni compensación. Además, insiste en que los mineros y mineras del río Cauca «vienen siendo estigmatizados por el gobernador de Antioquia de ser “avivatos” que llegaron a la zona en busca de una indemnización o compensación, además de financiar a grupos guerrilleros con el producto de su actividad económica».
Exigencias de la población civil afectada
La comunidad ituangüina exige al Estado que investigue a los responsables de la difusión de esa información por el blog en internet, «incluidas las instituciones del Estado por su clara responsabilidad en la obtención de esta información que pone en peligro la vida de miles de personas». Muchas de las publicaciones en ese blog proceden de informes de detectives del DAS, investigadores del CTI y de la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN) de la Policía Nacional. La ASOCBAC solicita que se abra una investigación penal y disciplinaria sobre las Brigadas Móviles 11, 18 y 25 de la VII División del Ejército y sus despachos de inteligencia militar, así como sobre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Ituango, «con el ánimo de prevenir cualquier tipo de impunidad en este caso».
El Director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo expresa que en el blog referido «se utiliza información confidencial de población en situación de desplazamiento de especial custodia por parte de las instituciones que atienden a las víctimas de esta conducta y hacen públicos datos personales como números de cédula de ciudadanía, composición familiar, estado civil, etc.».
