Con miras a evidenciar posibles casos de tortura al interior de las cárceles del país, Anne Boucher, representante para América Latina de la Acción de Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), visitó este 2 de mayo, en el marco de la Misión Internacional que se encuentra por estos días en nuestro país, junto con algunos integrantes de la Coalición Colombiana contra la Tortura, el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional, ERON Picota, y la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá.
El recorrido inició en el ERON Picota, ubicado en la Localidad de Rafael Uribe, al sur de la ciudad. Al llegar se aprecia el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá “COMEB”, que incluye, además del ERON, al penal de la Picota. De entrada la Misión pudo apreciar, por medio de un tablero marcado con el último ingreso de presos a la cárcel, que al día del 2 de mayo el ERON Picota cuenta con 2917 internos.
Apenas se arriba a los locutorios, el frío no se hace esperar; un frío que da la sensación de hacer tiritar de día y de noche. Al rato, recibimos a algunos presos políticos, quienes luego de un saludo, se sentaron en la mesa; nos sorprendió de entrada no encontrar a la mayoría de presos que estaban en la lista, nombres que coincidían con graves casos de tortura y tratos crueles y degradantes. Un argumento increíble que escuchamos fue el relativo a que muchos de quienes estaban incluidos en la lista y no dejaron salir eran sindicados.
Iniciamos, no obstante, con estos presos, muchos de ellos voceros de colectivos de presos políticos, una charla amena que nos sumergió al interior de una realidad carcelaria férrea e inhumana.
Justicia truncada
Uno de los puntos centrales que destacaron los presos tiene que ver con los procedimientos de justicia y respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Según los detenidos, hay distintos pactos y compromisos internacionales suscritos por el Estado colombiano que son letra muerta en las cárceles del país. Entre las vulneraciones principales están la inasistencia en salud a personas que padecen graves enfermedades, los traslados como modalidad de castigo, los tratos crueles y degradantes, así como hechos de tortura producto de retaliaciones por parte de la Guardia, entre otras.
Los presos dijeron así, desde una postura crítica, que detrás de todas estas situaciones predominantes en una administración de justicia deficiente (se incluyen desacatos sistemáticos de tutelas ganadas por lo internos; imparcialidad y obstaculización por parte de la policía judicial, órgano que pertenece directamente al Inpec; incumplimiento de los beneficios administrativos; manipulación de pruebas, por citar algunos de ellos), la corrupción y el cacicazgo, la mala construcción de las instalaciones, la obstaculización de ingreso a familiares como forma de desarraigo, entre otros, se encuentra una política de Estado conducente a deshumanizar las condiciones carcelarias del país.
No menos sucede con las entidades de control, que según los internos, reciben las denuncias y generan las respectivas notificaciones, pero sin que las investigaciones y correctivos necesarios avancen.
Casos individuales y colectivos
La mayoría de los casos que escuchamos tienen patrones comunes como la tortura física previa y durante la detención, la inasistencia a enfermedades producto de la negligencia de las autoridades penitenciarias (en este caso Caprecom y el Inpec) y su falta de voluntad para responder efectivamente los problemas de salud de los internos.
Por su parte, los presos contaron las graves violaciones a los derechos fundamentales, no sólo de los internos, sino de los familiares y amigos. Es el caso de una mujer humilde que ingresó el pasado domingo 27 de abril por primera vez al ERON Picota para visitar a su esposo –este es uno de los casos que no le autorizaron a la Misión de ACAT en la lista- y fue agredida por una integrante del Inpec en sus órganos genitales.
Entre las agresiones colectivas se encuentra un hecho ya denunciado en el que un interno apuñaló a un integrante del Inpec, al parecer porque éste lo violentó en su derecho a la intimidad y el Grupo de Reacción Inmediata, GRI, ingresó a la fuerza y sacó a aproximadamente 70 presos de sus celdas, los arrojó al piso, los pateó y les propinó choques eléctricos.
Cárcel el Buen Pastor
Esta cárcel cuenta al día del 2 de mayo con 2017 internas.
Con el trasfondo de estos hechos y el sinsabor de salir de las frías instalaciones del ERON Picota –aquella común sensación de dejarlos a ellos de nuevo enfrentados con la rutina del encierro-, salimos directo a la cárcel el Buen Pastor de Bogotá.
Al llegar, vivenciamos en carne propia los obstáculos tramitológicos incontables que en ocasiones se viven antes del ingreso de defensores de derechos humanos a una cárcel en Colombia: demoras en las autorizaciones, impedimentos en la entrada de algunas personas, la no autorización para entrevistar a algunos internos(as), entre otros. Logramos por fin cruzar el cerco y conversamos entre 15 y 20 minutos con tres presas políticas, antes de que nos sacaran; curiosamente hubo otras personas privadas de la libertad que estaban en la lista, tal y como sucedió en la Picota, y no salieron porque no les avisaron.
Entre los casos que escuchamos están el de Sandra Velásquez, una interna agredida por parte de una teniente y Yamile Mancilla, quien tiene un tutor en una de las piernas afectadas y no ha sido debidamente atendida.
La Misión continuará su recorrido por algunas cárceles del país. En los próximos días visitará la Cárcel La Tramacúa, en Valledupar, tristemente célebre y conocida como la “cárcel del castigo”; así mismo hará presencia en la Cárcel de San Isidro en la ciudad de Popayán.