Ante ello manifestamos:
1. Que la sentencia proferida el 31 de enero de 2011 por el Juez Penal
Especializado de Arauca, mediante la cual se condenó a un jefe guerrillero
por la muerte de 7 militares y de los 17 civiles que perecieron en la
masacre de Santo Domingo, sólo sirve en lo mediático al propósito de
quienes pretenden utilizarla para demostrar la supuesta inocencia de los
miembros de la Fuerza Aérea en el último de los hechos, dado que,
jurídicamente, en lo que concierne a la masacre de los civiles, ese fallo es
totalmente ineficaz.
2. Esa sentencia es ineficaz en lo concerniente a la masacre de Santo
Domingo, porque la referida violación de derechos humanos no fue la que
se juzgó en ese proceso, razón por la cual la inclusión de los nombres de
esas víctimas en ese fallo, solo se puede explicar por el ánimo prevaricador
del juez o por falta de diligencia en el cumplimiento de sus funciones.
3. La Fiscalía General de la Nación, con ocasión de los hechos ocurridos en
Santo Domingo en diciembre de 1998, por tratarse de hechos claramente
diferenciados en el espacio y en el tiempo, separó la investigación de la
masacre de los civiles de la pesquisa por la muerte de los militares que
perecieron en los enfrentamientos que durante varios días sostuvieron
miembros del ejército con la guerrilla.
4. La investigación por la muerte de los siete militares, concluyó con el
llamamiento a juicio del jefe guerrillero de las FARC alias Granobles, quien
fue acusado única y exclusivamente de las muertes y las lesiones de
miembros del Ejército, proceso que en causa conoció el Juez Especializado
de Arauca y en el que se produjo la sentencia condenatoria del 31 de enero
de 2011, la cual, en derecho, solo podía referirse a la responsabilidad del
acusado por los hechos por los que la Fiscalía lo llamó a juicio, que no eran
otros que la muerte de los militares. Desconocemos la razón por la que en
esa sentencia se hace mención a la muerte de los civiles, crimen que no
fue investigado ni objeto de acusación en ese proceso. Ello constituye una
irregularidad protuberante, desproporcionada e inexplicable, que amerita
que el juez que produjo la sentencia sea investigado penal y
disciplinariamente.
5. Reiteramos que la investigación por la masacre de los 17 civiles y las
graves lesiones corporales a 30 más, la adelantó un Fiscal de la Unidad de
Derechos Humanos, quien acusó a los militares de la Fuerza Aérea
Colombiana César Romero Pradilla, Johan Jiménez Valencia y Héctor
Mario Hernández Acosta. Por solicitud de estos militares, la Corte Suprema
de Justicia-Sala Penal, asignó ese proceso, previo reparto, a un Juez Penal
del Circuito de Bogotá, el cual condenó a Romero y Jiménez como
responsables de la masacre a 30 años de prisión, sentencia que fue
confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, decisión
contra la que se interpuso un recurso de casación aún no resuelto.
Asimismo, el año pasado, la Fiscalía vinculó como presuntos responsables
de esa masacre, al coronel Andrés Garzón Vélez y al Mayor Germán David
Lamilla, ambos oficiales de la FAC, proceso que se encuentra activo. En
estas actuaciones se han producido las pruebas que permitieron a jueces
de la República obtener certeza de que la masacre de Santo Domingo la
causaron agentes del estado al servicio de la Fuerza Aérea Colombiana.
6. La Asociación Minga llama a la opinión pública a estar alerta frente a
episodios como los denunciados, con los que nuevamente se pretende
invertir el rol entre víctimas y victimarios, plantar un manto de duda sobre la
responsabilidad del Estado en graves violaciones de derechos humanos y
estigmatizar y desprestigiar la labor de las organizaciones defensoras de
derechos humanos, valiéndose de mentiras, manipulaciones y presentando
los pedidos legítimos y legales de justicia de las víctimas, como formas de
“guerra jurídica” contra las instituciones.
7. Reiteramos de nuevo nuestra solidaridad con las víctimas de la masacre de
Santo Domingo y las invitamos a no dejarse amilanar ni arrinconar por los
esfuerzos que realizan los homicidas y sus cómplices para desviar la
investigación y crear una matriz de opinión contraria a la verdad y la justicia.
La Asociación Minga y las víctimas a quienes representa, reiteran que han
hecho, hacen y seguirán haciendo uso legítimo, con total transparencia, de
los recursos legales establecidos en el derecho interno e internacional para
garantizar la vigencia y respeto de los derechos humanos y la realización
de la justicia.
Dado en Bogotá D.C., el 8 de marzo de 2012
