Aquí pasa lo contrario. Sin agotar otras vías, de una vez, para quedar bien ante la opinión pública, por lo general desinformada y ávida de venganza, se convierte cualquier conducta en delito, para después aplicárselo a ella misma.
Las reformas penales demuestran la falta de estudio que se ha dado por ejemplo para contemplar la pena máxima. Hasta 1863 existía la pena de muerte, desaparecida hasta 1886, cuando nuevamente fue establecida, para ser eliminada definitivamente, espero, en 1910. Entonces la prisión se convirtió en la mayor pena, la que ha subido y bajado como el juego del yo – yo, así:
Ese mero ejemplo permite ver la falta de una verdadera política criminal, que facilita cada cierto tiempo aumentar las penas y crear nuevos delitos, tras un escándalo mediático, cuando algún congresista o el gobierno, para quedar bien aumentan las penas, llevando el sistema penal al llamado sistema penal máximo, que consiste en tenerlo todo en el Código Penal, sin tener en cuenta la mutación de las formas de criminalidad, que a decir del tratadista italiano Luigui Ferrajoli adopta dos formas, la de los poderes criminales y la de los crímenes de poder, siendo representada la primera en el crimen organizado (bandas, carteles, organizaciones terroristas) y la segunda en los poderes económicos y privados transnacionales (corrupción, devastación de los recursos naturales, degradación ambiental), donde se persigue una, la primera, pero se permite a la segunda acumular más riquezas, aunque ocasione un deterioro igual o peor al primero, y peor aún se persigue con inusual drasticidad el crimen social, resultado de una sociedad desigual, sin oportunidades.
Así hemos llegado a un sistema de impunidad donde lo económico está por encima de lo social, donde la impunidad crea una verdadera estructura social, en países de institucionalidad débil como el nuestro, en que los poderosos aprovechan el desbalanceado sistema para obtener provecho, sin reproche, como cuando una transnacional devasta el medio ambiente para apropiarse de un recurso natural, explotando de paso a sus trabajadores para obtener una gran ganancia económica, sin recibir critica alguna por eso, más bien logrando colarse socialmente, con gran nombre, estilo Pacific Rubiales.
En ese panorama es que ha nacido un sistema penal económico, llamado premial, impulsado por los EE.UU., donde se premia al delincuente que delate a otro, que debe ser más importante que él en la cadena criminal, solo que aquí, algunos jefes criminales logran beneficios, denunciandosubalternos, pervirtiendo el sistema bajo un ropaje legal, que ha creado mayor impunidad.
Ante esta nueva realidad, se hace necesaria la presencia del llamado chivo expiatorio, sobre el que a decir de Ferrajoli se vuelcan los miedos, tensiones sociales y frustraciones de la mayoría de la población, y ese es el pequeño delincuente, contra el que debe haber tolerancia cero, mientras los poderosos gozan de total impunidad, sin ninguna protesta social, siendo que los llamados crímenes de “cuello blanco” producen mayores sufrimientos y muertes que todos los crímenes comunes juntos.
Devastaciones ambientales, accidentes de trabajo, catástrofes económicas, adulteración de alimentos, apropiación de bienes públicos, estafas masivas, cohechos, corrupción administrativa, producen más daño, aunque la sociedad no lo perciba, que crímenes comunes, creando así un derecho penal dúctil con los ricos y poderosos, e inflexible con los pobres y marginados. Así se da una justicia a la medida del poder, donde penas aparentemente severas, por rebajas y otros beneficios, se convierten en rey de burlas, problema que Cesare Beccaria ya advertía en el siglo XVIII, cuando decía: “la certeza de un castigo, aun moderado, producirá siempre una impresión más honda que el temor de otro más terrible, unido a la esperanza de la impunidad”.
En ese marco de resquebrajamiento legal es que en agosto de 2012 había 111.979 reclusos en Colombia, 8.478 mujeres y 103.501 hombres, con un hacinamiento del 48%, ya que con una capacidad para 75.676 reclusos, hay 36.303 reclusos de sobrecupo. Así la regional del Inpec del Noroeste (Chocó y Antioquia) tiene un sobrecupo del 81%, mientras en la regional Central(Bogotá, Huila, Meta, Amazonas, Boyacá, Cundinamarca, Caquetá, Tolima y Casanare) el hacinamiento es del 33.3%. La cárcel con más sobrecupo es la de Riohacha (Guajira) con el 345%, ya que teniendo capacidad para 100 reclusos, tiene 445.
Villahermosa de Cali llega al sobrecupo de 224.5%, con un cupo de 1.667 presos, tiene 5.409, siguiendo en la clasificación, Vistahermosa de Medellín que con capacidad de 2.424 presos, alberga 7.825, teniendo un 222.8% de sobrecupo, estando también la cárcel de Barrancabermeja con un 217% de hacinamiento, y la de Santa Marta con un 207.4%.
La Modelo de Bogotá con capacidad de 2.907 reclusos, tiene 7.519, con un sobrecupo del 158.7%, mientras La Picota con 4.931 cupos, tiene 7.691 reclusos, para un sobrecupo del 56%, dándose en estos establecimientos un fenómeno que viola el Código Penitenciario, es que en cárceles, como la Modelo, no debían existir condenados, pero tiene 3.273, mientras que las penitenciarias no debían tener sindicados, la Picota tiene 1.065 sindicados.
Hoy más que nunca se requiere crear una política criminal, donde tengan voz y voto, académicos, funcionarios judiciales, partidos políticos, congresistas, abogados litigantes, reclusos, sectores interesados de la sociedad, guardianes, órganos de control, organizaciones de DD.HH. y muchos más, si queremos que algún día tengamos una justicia verdadera y no aparente, como ahora.
