Avance de las multinacionales e incumplimiento de los acuerdos
Pueblo indígena Wiwa solicita reunión con el Gobierno Nacional

A principios de 2005, cuando a través de los medios masivos de comunicación las autoridades tradicionales del pueblo Wiwa tomaron conocimiento de que sobre nuestro territorio ancestral el Estado colombiano estaba desplegando diversas gestiones conducentes a materializar la construcción de una represa sobre el río Ranchería, públicamente comenzaron a manifestar su oposición y a plantear sus críticas a este megaproyecto, no sólo porque implicaba un quiebre irreversible a la integridad y equilibrio de nuestro territorio ancestral sino porque no constituía una solución real a los atávicos problemas de abastecimiento de agua potable que acusan los centros poblados situados en las partes bajas de la SNSM en el sur de La Guajira

Indígenas | Cesar |

En tanto que en el lapso comprendido entre diciembre de 2001 y enero de 2006, seguían su curso varios de los trámites y procedimientos burocráticos y técnicos concernidos con el megaproyecto de la represa El Cercado –entre ellos la adjudicación de la licitación pública a la Unión Temporal Guajira (UTG); la realización por parte de la firma constructora tanto del diseño detallado del proyecto como de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y del Plan de Manejo Ambiental (PMA) así como la delimitación de la zona de influencia directa de la represa; el otorgamiento por parte de CORPOGUAJIRA de la respectiva licencia ambiental y el comienzo de las obras de infraestructura— las comunidades del pueblo Wiwa localizadas en el entorno del área del megaproyecto estaban siendo objeto de una estrategia de desplazamiento forzado y de despojo territorial puesto en marcha por los paramilitares del Bloque Norte de las AUC.

Esta yuxtaposición geográfica entre el área del megaproyecto y los escenarios donde los paramilitares estaban ejerciendo un férreo control social y territorial así como la coincidencia temporal entre la cresta más alta de los hechos violentos contra las comunidades del pueblo Wiwa y el período de significativos avances en la ejecución del contrato de construcción de la represa El Cercado, impidieron, en buena medida, que las autoridades tradicionales del pueblo Wiwa pudieran expresar su voz de disenso y su punto de vista sobre el que siempre han considerado un proyecto altamente inconveniente no sólo para el pueblo Wiwa y los demás pueblos indígenas de la región sino, en general, para la población empobrecida y vulnerable de La Guajira. Este silencio se explicaba en razón a que la prioridad que estaba al orden del día para las autoridades tradicionales era la de hacerle frente a la tragedia humanitaria a la que estaba abocado nuestro pueblo.

Cuando las autoridades tradicionales del pueblo Wiwa —acompañadas por las autoridades tradicionales de los restantes pueblos indígenas de la SNSM— manifestaron su abierto rechazo a la construcción en nuestro territorio ancestral de una megaobra de tal envergadura, se fue configurando en toda la región un consenso en contra de nuestro pueblo —del cual pasaron a formar parte funcionarios públicos, autoridades territoriales, gremios económicos, fuerza pública, miembros de corporaciones públicas y hasta sectores campesinos y pobladores urbanos empobrecidos— para endilgarnos toda suerte de calificativos, las más de las veces peyorativos y racistas, que iban desde señalarnos de estar siendo manipulados por la insurgencia guerrillera, estar atados a un pasado ya superado, oponernos al mejoramiento de la calidad de vida de los guajiros, apropiarnos indebidamente de un recurso vital que es patrimonio común, enarbolar la defensa de los intereses particulares de una minoría, pretender mantener sumida en el atraso y la pobreza a La Guajira y un largo etcétera.

Los hechos recientemente ocurridos en el corregimiento de Caracolí Sabana Manuela (San Juan del Cesar), en donde debido a la descomposición de la biomasa que no fue adecuadamente removida del sitio de llenado del embalse han proliferado ciertas plagas que han derivado en la propagación desmesurada de enfermedades tales como el dengue hemorrágico y la leishmaniasis que ya han cobrado la vida de al menos seis vecinos en menos de tres meses y cuatro en criticas condiciones de salud los cuales se encuentra en el hospital de San Rafael del Municipio de San Juan del Cesar-La Guajira y el contagio de otros tantos de este corregimiento y de otros centros poblados aledaños, ha desatado un importante debate público que ha permitido visibilizar otros discursos críticos, provenientes principalmente de los pobladores del entorno, quienes hasta hace poco tiempo se mostraban aún esperanzados en que este tipo de megaproyectos coadyuvarían a la redención de la región, pero que se han venido dando cuenta que la represa se hizo pensando exclusivamente en la consolidación de un modelo de desarrollo rural que incentiva la concentración de la propiedad de la tierra y transforma al campesino propietario en jornalero sin tierra.

El megaproyecto compuesto por la represa de El Cercado y el Distrito de Riego del río Ranchería se levantó a partir de la acumulación de varias falacias que, con el paso del tiempo, afortunadamente han ido quedado al desnudo:

a. Debe quedar enteramente claro que la represa de El Cercado se construyó sobre territorio ancestral del pueblo Wiwa, más exactamente sobre un área que reviste una enorme significación espiritual y sagrada por poseer especiales características para la transmisión del flujo energético entre los lugares sagrados ubicados en las partes altas y los sitios de pagamento situados en la periferia de la SNSM y en la que esta proyectada la ampliación del Resguardo Kogui, Malayo y Arhuaco. Puede decirse que la puesta en marcha de este megaproyecto desconoció de un tajo todos los procesos de negociación de tierras que nuestras autoridades tradicionales venían acordando con los pequeños y medianos campesinos poseedores y propietarios de predios y proscribió para siempre el acceso de nuestros Mamos, Sagas y Kuibis a al menos seis lugares sagrados que son vitales para la pervivencia armónica de nuestro pueblo.

b. No se debe olvidar que el megaproyecto de El Cercado impacta de manera directa a todas las comunidades del pueblo Wiwa situadas en el hinterland comprendido por la cuenca del río Ranchería. Dado que es manifiestamente imposible abstraer y separar a los afluentes del río Ranchería, por más pequeños que estos sean, del propio río Ranchería, por cuanto constituyen un complejo sistema de tramas y urdimbres, las comunidades de nuestro pueblo tanto las ubicadas antes como las que se encuentran aguas abajo del embalse, muchas veces de manera intangible a la luz de la lógica de nuestros hermanitos menores, se han visto también seriamente afectadas por los repentinos cambios en el comportamiento de las aguas y de las especies vivas y no vivas que allí moran.

c. Cabe destacar que el pueblo Wiwa no sólo no participó en ningún proceso de consulta previa sobre el megaproyecto de represa El Cercado y Distrito de Riego del río Ranchería sino que tampoco hizo presencia en ningún protocolo encaminado a obtener su consentimiento previo, libre e informado tal y como lo dispone actualmente la Corte Constitucional a través de varias de sus sentencias. En este contexto se considera un verdadero exabrupto jurídico el hecho que el verdadero dueño de las tierras donde hoy se levanta la infraestructura del embalse, que como se ha dicho es el pueblo Wiwa, haya sido invisibilizado, silenciado y excluido de toda participación. Tal y como nuestras autoridades tradicionales lo han afirmado en distintos escenarios, solamente haciendo gala de un gran despliegue de imaginación, es que las reuniones de información promovidas por la UGT, el INCODER, CORPOGUAJIRA y el Ministerio del Interior y de Justicia (MIJ) sobre este megaproyecto, podrían asimilarse a un proceso de consulta previa.

d. La confluencia en un mismo escenario, en este caso particular en un área geoestratégica del territorio ancestral de nuestro pueblo, de un megaproyecto como el de la represa El Cercado que aparece desde un principio asociada a un modelo de desarrollo rural que promueve la consolidación del latifundio e incentiva la expansión de la agroindustria, por una parte y, por otra parte, de los paramilitares del Bloque Norte —y de los grupos armados ilegales sucesores de las AUC— que tejieron alianzas de todo tipo, aún no bien conocidas, con algunos sectores de las élites económicas y políticas de la región, interesadas en invertir en los agronegocios, terminó por configurar las condiciones que hicieron posible que nuestro pueblo fuera afectado por despojos territoriales ocasionados tanto por la acción de grupos armados ilegales como por las gestiones de agentes legales. En esa dirección las autoridades tradicionales de nuestro pueblo ha decidido que cualquier propuesta de reparación colectiva e integral que busque compensar, resarcir y reparar los daños ocasionados por el conflicto armado, en la perspectiva de la reconstrucción económica, social y cultural de nuestro pueblo, necesariamente debe tener en cuenta las afectaciones causadas por la implementación de megaproyectos en nuestro territorio ancestral.

e. Pese a que este fue el artilugio que desde el principio el discurso oficial utilizó para promoverla y justificarla, la represa de El Cercado no se construyó con la finalidad de abastecer de agua potable a las cabeceras municipales y corregimentales de La Guajira sino para impulsar, en los latifundios ubicados en el sur de La Guajira, la agroindustria, sobre todo de agrocombustibles tales como la palma aceitera y la jatropha. La consolidación de 18.536 hectáreas para cultivos agroindustriales en Barrancas, Distracción, Fonseca y San Juan del Cesar es el verdadero objetivo de este megaproyecto, en ese sentido, queda claro que el agua no será utilizada para surtir los deteriorados acueductos de los municipios de La Guajira sino para beneficio exclusivo de la agroindustria. Y no podría ser de otra forma porque tal parece que atendiendo a las especiales características que posee el agua del río Ranchería, su adecuado tratamiento para el almacenamiento, conducción y consumo resultarían tan elevado, que sólo muy pocos pobladores del departamento estarían en capacidad de pagar ese servicio.

f. La Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT), en alianza con las organizaciones de los otros tres pueblos indígenas de la SNSM y con el acompañamiento de reputadas organizaciones defensoras de derechos humanos y ecologistas, ha implementado, puede decirse que con relativo éxito, variadas acciones legales y judiciales dirigidas a hacer valer los derechos de nuestro pueblo, conculcados, vulnerados, expropiados y depredados por la arbitrariedad mayúscula que ha comportado la construcción de una represa en nuestro territorio ancestral —verdadero adefesio que abruptamente rompe el paisaje, erosiona la diversidad y pone en riesgo, con un espejo de agua de esas proporciones, la existencia misma de las nieves perpetuas—, sin siquiera haberse surtido los protocolos y procedimientos básicos referidos a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado de nuestras autoridades tradicionales, máxime cuando, como se ha dicho, este megaproyecto se ha traducido en el abierto despojo de un territorio muy sensible para nuestros Mamos, Sagas y Kuibis, en el desplazamiento forzado de familias y comunidades enteras y en la desestructuración de nuestro universo simbólico y material . Si bien pareciera que las tutelas impetradas por nuestras autoridades tradicionales no nos han sido del todo favorables, nuestros Mamos, Sagas y Kuibis están haciendo un profundo trabajo espiritual para conseguir que la Corte Constitucional acepte la Acción de Nulidad contra la Sentencia T-154 de 2009 debido a que desconoció precedentes jurisprudenciales muy importantes, entre ellos los de la Sentencia C-461 de 2008 y el Auto 004 de 2009. Sea cual fueren los resultados, nuestras autoridades tradicionales han manifestado su disposición de acudir a los tribunales internacionales y desplegar las acciones de cabildeo que sean necesarias para conseguir que el Estado colombiano proteja adecuadamente los derechos de nuestro pueblo y deseche de una buena vez lo megaproyectos que ha venido imponiendo y que, a la postre, terminan por fagocitarse a los pueblos, culturas y territorios donde se instalan.

Las autoridades tradicionales de nuestro pueblo se mostraron optimistas al conocer a principios de abril de 2011 el fallo de la Corte Constitucional emitido a través de la Sentencia T-547 de 2010 que ordena la suspensión temporal de las obras de infraestructura del Puerto Multipropósito Brisa hasta tanto la firma constructora y dueña de esta megaobra no lleve a cabo un proceso de consulta previa ajustado al principio de buena fe y a los estándares legales.

Pese a lo anterior, sin embargo, las autoridades tradicionales de nuestro pueblo se encuentran preocupadas y alertas ante los inminentes riesgos que representa la llegada a La Guajira y en particular a territorio ancestral Wiwa de MPX, multinacional de origen brasileño que cuenta con concesiones mineras que se extienden por 66.225 hectáreas a lo largo de 25 kilómetros sobre la Serranía del Perijá y que explotará tres minas de carbón a cielo abierto en San Benito (El Molino), Cañaverales (San Juan del Cesar) y Papayal (Barrancas), una mina subterránea en San Juan (San Juan del Cesar), erigirá en Rioancho (Dibulla) en un área de 521 hectáreas un puerto para el embarque del carbón, construirá una vía férrea entre las minas y el puerto y habilitará carreteras para el paso de tractomulas. Las obras de infraestructura proyectadas por MPX, en al menos dos sitios diferentes afectaría de alguna manera, ya sea al territorio ancestral de nuestro pueblo: caso de Rioancho (Dibulla), o a comunidades del pueblo Wiwa que habitaban muy cerca del lugar y que fueron desplazadas forzadamente por grupos armados ilegales: caso de El Molino.

No bien han principiado los estudios previos y aún sin arrancar la construcción de las obras concernientes al megaproyecto carbonífero de MPX, cuando ya se ponen de presente distintas presiones sobre las tierras ubicadas en su entorno y se observa como políticos y gremios económicos se alinderan irrestrictamente con los intereses de esta multinacional haciéndolos pasar como si fueran comunes a todos los guajiros.

Siguiendo el modelo establecido por las multinacionales que operan el complejo carbonífero del Cerrejón, las cuales no han tenido ningún inconveniente de acudir a la distribución de prebendas y a la corrupción para ganarse el apoyo de la clase política y de las autoridades territoriales y así construir un consenso en su favor, lo cual, valga decir, es bastante rentable en momentos en que se está proponiendo el cambio del curso del río Ranchería por cerca de 26 kilómetros para explotar el carbón que se encuentra bajo su lecho con lo que, sin duda alguna, se estaría poniendo en serio riesgo la existencia misma de esta importante fuente hídrica, la multinacional brasileña ya ha invertido una buena cantidad de recursos económicos dirigidos a seducir y a comprar conciencias para evitar las eventuales críticas y las voces de oposición a la locomotora minera.

No de otra manera deben entenderse las razones por las cuales MPX les ha patrocinado a alcaldes, a funcionarios, a miembros de las corporaciones públicas e incluso a líderes Wayúu, viajes al Brasil y a otros países donde la multinacional tiene algún megaproyecto, con el falaz argumento de que conocerán la manera como, in loco, se aplica la responsabilidad social empresarial, así mismo en este contexto es que se inscribe la financiación casi total que MPX hizo del Festival de Francisco El Hombre, celebrado hace unos meses en Riohacha.

La OWYB considera de la mayor importancia que a nivel regional se aborde un debate al modelo de desarrollo extractivista, de enclave y empobrecedor que promueven las multinacionales mineras, hidrocarburíferas, portuarias, agroindustriales, turísticas… etc. En esa dirección la OWYBT hace un llamado a todas las organizaciones sociales, políticas, cívicas y comunitarias de La Guajira para que se empiece a construir una agenda común que aborde, por ejemplo, el análisis de las contradicciones entre la locomotora minera y la restitución de tierras y territorios para las comunidades campesinas, afrodescendientes y los pueblos indígenas o la manifiesta incompatibilidad entre el modelo de desarrollo rural y las economías campesinas e indígenas.

De otro lado, por cuarta ocasión en menos de seis meses el Estado colombiano, de manera unilateral e inconsulta, ha aplazado la reunión de seguimiento y concertación de las medidas cautelares, lo cual ha ocasionado que luego de que la OWYBT, en medio de adversidades, hubiera realizado los preparativos para la mencionada reunión, intempestivamente se haya tenido que desmontar, trayendo como consecuencia el profundo malestar y la honda incomodidad de las autoridades tradicionales de nuestro pueblo.

Sobre el particular, cabe recordar que luego de que en la reunión de trabajo relativa a las medidas cautelares del pueblo Wiwa celebrada en Washington (EE.UU) el 26 de marzo de 2011 en el contexto del 141º período de sesiones de la CIDH, el Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación del Estado colombiano, propusiera e insistiera en la fecha del 26 de abril de 2011 para que tuviera lugar la varias veces pospuesta reunión de seguimiento y concertación de las medidas cautelares del pueblo Wiwa, días después, a través de un escueto correo electrónico fechado el abril de 2011 y que fuera dirigido a la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR), informa sobre un nuevo aplazamiento de este escenario de concertación que, hoy por hoy, reviste la mayor importancia para el pueblo Wiwa toda vez que en los últimos meses se asiste al incremento de la presencia y accionar de grupos armados ilegales, tanto insurgencia como de aquellos sucesores de las AUC, en nuestro territorio tradicional y su entorno.

A la fuerte confrontación que, en las partes bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), principalmente en jurisdicción de los municipios de Riohacha y Dibulla (La Guajira) y Valledupar (Cesar), está teniendo lugar entre “Los Rastrojos (RTJ)” y “Los Urabeños (URBÑ)” por el dominio de los corredores de movilidad y el control de algunos sectores poblacionales que son estratégicos y funcionales a sus economías ilegales, entre ellas el narcotráfico y el microtráfico o narcomenudeo, las extorsiones y las microextorsiones, la administración del sistema informal de usura localmente llamado “cobradiario”, el contrabando de combustible, entre otras, lo cual, como se ha aludido más arriba, en el contexto de la implementación de megaproyectos agroindustriales, carboníferos, portuarios e hidroeléctricos en la región –tales como los puertos Multipropósito Brisa y carbonífero de MPX en Dibulla, represa El Cercado sobre el río Ranchería en San Juan del Cesar, proyectos agroindustriales, entre ellos de agrocombustibles, en Riohacha, Dibulla, Fonseca y Barrancas—, están derivando en la configuración de escenarios de despojo de tierras y territorios, hay que agregarle los riesgos que entra la cada vez más notoria actividad en las partes medias y altas de la SNSM, en jurisdicción de los municipios de Riohacha, Dibulla y San Juan del Cesar (La Guajira), de los Frentes 59: “Resistencia Wayúu” y 19: “José Prudencia Padilla” de las FARC-EP que están desplegando estrategias sostenidas encaminadas a tomar el control de las zonas donde anteriormente mantuvieron una influencia hegemónica.

Como ya se advirtió la coincidencia de grupos armados ilegales y el desarrollo de megaproyectos en los territorios indígenas de la SNSM y, particularmente, en el territorio Wiwa, se han convertido en serios obstáculos a la estrategia que la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT), a través de su Comisión de Territorio, ha venido adelantando en la perspectiva del saneamiento y la ampliación del Resguardo Kogui, Malayo y Arhuaco y de la restitución del territorio que, bajo diferentes modalidades y tipologías, le fuera despojado a nuestro pueblo tanto a manos de grupos armados ilegales como agentes “legales”. En ese contexto, por ejemplo, varios de los predios, ubicados en las cuencas de los ríos Badillo, Cesar, Ranchería, Barcino y Marokazo y que la OWYBT, con recursos propios, le ha comprado a campesinos de San Juan del Cesar, han resultado ser de interés estratégico para los grupos armados ilegales, hasta el punto que en algunos de ellos se están realizando actividades productivas para el sostenimiento de los miembros de estos grupos al margen de la ley.

Como consecuencia de lo anterior, son varios los líderes de las Comisiones de Territorio y de Derechos Humanos, lo mismo que de la mesa directiva de la OWYBT, que vienen siendo objeto de seguimientos, hostigamientos y presiones por parte de miembros de grupos armados ilegales, tanto de la guerrilla como de aquellos sucesores de las AUC.

Por lo anterior conminamos al Estado colombiano y al Gobierno Nacional para que en el inmediato plazo posible y sin más dilaciones ni aplazamientos convoque la reunión de seguimiento y concertación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH al pueblo Wiwa, la cual necesariamente tendrá que llevarse a cabo al interior de nuestro territorio para el día 5 de Mayo fecha en que todo el pueblo Wiwa se encuentra finalizando la Asamblea General en la Comunidad de Achinthukua Municipio de San Juan del Cesar-La Guajira. Con el propósito de abordar procedimientos y rutas encaminados a dar soluciones a las siguientes cuestiones:

Estado de las investigaciones referentes a las ejecuciones extrajudiciales o sumarias, eufemísticamente llamadas “falsos positivos”, de miembros de nuestro pueblo.

Medidas de protección, tanto individuales para líderes y lideresas, como colectivas para comunidades Wiwa.

Plan de prevención para el pueblo Wiwa.

Agenda para la formalización de los retornos y para su estabilización socioeconómica y cultural.

Plan para la reubicación y/o la estabilización socioeconómica y cultural de la población Wiwa en situación de desplazamiento forzado en cabeceras urbanas, municipales y corregimentales.

Protocolo para la restitución de las tierras y territorios que les fueron despojados al pueblo Wiwa.

Agenda de desminado humanitario de las Minas Antipersonal (MAP), Municiones Sin Explotar (MUSE) y Explosivos Remanentes de Guerra (ERG) ubicados en territorio Wiwa.

Plan para la reparación colectiva y la reconstrucción económica y social del pueblo Wiwa.

Plan de choque para atender adecuadamente las patologías que se han desatado en el entorno de la represa El Cercado, con ocasión de la descomposición de la biomasa derivada del llenado.

Información detallada sobre las concesiones otorgadas a empresas y particulares para adelantar proyectos agroindustriales, mineros, hidroeléctricos, hidrocarburíferos, portuarios y turísticos en territorio ancestral del pueblo Wiwa.

Para terminar, no está demás decir que para la OWYBT los reiterados e inconsultos aplazamientos de las reuniones de seguimiento y concertación de las medidas cautelares del pueblo Wiwa son una verdadera falta de respeto a nuestras autoridades tradicionales y, así mismo, consideramos que podría ser una evidencia de que el Estado colombiano no le está dando la importancia debida a las ordenes y recomendaciones emanadas de la CIDH.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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