Esta nueva arremetida mediática, se hace a pesar que el mentado pronunciamiento no tiene
la más mínima incidencia frente a la investigación que por el homicidio de 17 civiles entre
ellos 7 niños cometidos por la Fuerza Aérea de Colombia, pues se trata de un comedia
jurídica, donde el Juez desborda lo que le había sido puesto en conocimiento con la
formulación de acusación de la Fiscalía, que era la investigación por la muerte de nueve
militares y las heridas a otros 16, producidas en el enfrentamiento de éstos con las Farc; y no
por la masacre que se lleva en otras instancias judiciales y que ya ha sido objeto de dos
decisiones, que señalan sin duda alguna, que las muertes se produjeron por efecto del
dispositivo clúster lanzado desde una aeronave de la FAC.
No obstante ello, si le ha servido para que todo el séquito que el Estado y la oligarquía
colombiana han destinado para ello, con los serviles medios masivos de comunicación,
hagan la campaña de desinformación, desprestigio y señalamiento contra las víctimas y en
defensa de los héroes de la patria, asesinos de niños y humildes campesinos.
El Estado colombiano ha implementado un conjunto de medidas encaminadas a acrecentar
la impunidad existente en el país, tratando de evadir, esconder o minimizar su
responsabilidad en los más horrendos crímenes de lesa humanidad perpetrados contra el
pueblo colombiano y por los cuales ya ha sido condenado en el orden interno y/o
internacional, entre ellos la masacre de Santo Domingo. Recientemente ha activado un
campaña mediática de desinformación donde se habla de falsas víctimas en la masacre de
Mapiripán-Meta; y en el desplazamiento de Las Pavas, se aprovecha la ocasión para
mencionar también otros hechos como la masacre de Trujillo-Valle del Cauca, y Santo
Domingo.
En relación a esta masacre, nuevamente salen los defensores de los victimarios, reiterando
que las muertes se produjeron por motivos diferentes al bombardeo y anuncian entonces que
pedirán revisiones a las decisiones tomadas. Hoy hablan de granadas de morteros
disparadas por la guerrilla y quien sabe que más.
Por ello no nos sorprende esta nueva artimaña del Estado colombiano, pues es un esfuerzo
más por perpetuar la impunidad en los Crímenes Lesa Humanidad y revictimizar a las
víctimas, ya desde 2004 se supo que el DAS diseñó un plan para desprestigiar a las
víctimas, las Ongs de derechos humanos y a los abogados defensores de víctimas.
Desde el mismo momento del abominable crimen, el Estado ha tratado de negar su
responsabilidad en él, así recordamos que el comandante de la Fuerza Aérea para la fecha,
General Héctor Fabio Velazco, el día del bombardeo, salió a los medios para informar que
habían dado de baja 17 guerrilleros y habían resultado heridos otros 25; después cuando se
vio obligado a retractarse, se concentró él y todo el aparato del Estatal, en función de
encubrir los hechos y obstaculizar las investigaciones, es así como se planteó que no se trató
de un bombardeo sino de la explosión de un artefacto colocado dentro de un vehículo por
parte de las guerrilla de las FARC; además se ha estigmatizado y perseguido a las víctimas y
a los defensores de Derechos Humanos que hemos liderado la campaña para que este vil crimen no quede en la impunidad, también se han utilizado supuestos reinsertados de la
guerrilla para afirmar que efectivamente fue la detonación de un artefacto puesto por ellos el
que causó las muertes y no una bomba lanzada desde los helicópteros; La Justicia Penal
Militar peleó y asumió la competencia como si tuviese que ver con actos propios del servicio
y finalmente archivó la investigación.
También forma parte de las acciones para torpedear la investigación el asesinato del
dirigente social, víctima y uno de los principales testigos de la masacre, Ángel Trifilo Rivero
Chaparro el 25 de enero del 2002, cuya muerte fue reconocida por el paramilitar Miguel
Ángel Mejía Múnera, quien afirmó que ese era uno de los casos donde los nexos entre los
“paras” y el ejército son más visibles.
Sin embargo, está claro y eso no lo podrá ocultar jamás el Estado colombiano, que el 13 de
diciembre de 1998, el Estado colombiano a través de la Fuerza Aérea con el apoyo de la
OXY, perpetró un bombardeo al caserío de Santo Domingo, municipio de Tame
departamento de Arauca, en el cual murieron seis niños y niñas: JAIME CASTRO BELLO 4
años, EDNA MARGARITA BELLO TILANO 5 años, LUIS CARLOS NEITE MENDEZ 5 años,
DEICY KATERINE CÁRDENAS TILANO 7 años, OSCAR SNEIDER VANEGAS TULIVILA 13
años y GIOVANNY HERNANDEZ BECERRA 14 años; al igual que once campesinas y
campesinos: NANCY ÁVILA ABAUNZA 20 años, MARIA YOLANDA RANGEL 35 años,
CARMEN ANTONIO DÍAZ COBOS 23 años, EDILMA LEAL PACHECO 27 años, TEREZA
MUJICA HERNÁNDEZ 43 años, LUIS ENRRIQUE PARADA ROPERO 21 años, ARNULFO
ARCINIEGAS CALVO 23 años, LUIS ORLANDO MARTÍNEZ CARREÑO, PABLO SUAREZ
DAZA 26 años, RODOLFO CARRILLO MORA y SALMÓN NEITE de 58 años.
Además resultaron 25 personas heridas, algunas casas de la población civil averiadas o
destruidas y se generó el desplazamiento de las familias que allí habitaban. Cuando se trató
de sacar los heridos para que recibieran atención médica, desde un helicóptero se persiguió
y disparó contra los vehículos en los que los trasportaban. La bomba descargada sobre el
caserío fue un dispositivo Clúster de fabricación norteamericana. En esta acción criminal tuvo
una decidida participación la trasnacional OXY, pues desde un avión SKY máster de
propiedad de la empresa norteamericana Air Scan que trabajaba al servicio de la petrolera se
suministraron las coordenadas; y el mismo imperialismo que financiaba la base militar de
Palanqueros desde donde despegaron algunas de las aeronaves que participaron en la
acción.
Y que hasta ahora se ha logrado la condena de los autores materiales, dos de ellos el
Capitán Cesar Romero Pradilla y el Teniente Johan Jiménez Valencia, comandantes de la
aeronave de las FAC, a 33 años de prisión como coautores del homicidio múltiple agravado
en persona protegida.
De la misma forma se ordenó la investigación de otros miembros de la FAC y algunos
militares adscritos a la Brigada 18, siendo vinculados por la Fiscalía el coronel de la Fuerza
Aérea Sergio Andrés Garzón Vélez, pilo del helicóptero Black Hawk UH601, desde donde se
disparó cohetes y munición 7.65 contra la población civil, quien al momento de que se
ordenara su captura se desempeñaba como agregado militar del Gobierno colombiano en
Francia, y el mayor Germán David Lamilla Santos a quien se le sindica de haber asignado las
coordenadas de los blancos contra los cuales el Coronel disparó. Estos dos oficiales fueron
cobijados con detención preventiva y si bien recobraron recientemente la libertad por
vencimiento de términos, continúan procesados por su participación en los hechos.
Exigimos al Estado colombiano no continuar re victimizando a las víctimas, respetar la labor
de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que solo buscan la
verdad, justicia y reparación integral, se inicie de manera inmediata las investigaciones penales y disciplinarias que el caso amerita por la conducta del juez especializado del circuito
de Arauca y la omisión del fiscal delegado ante el mismo, que mirando la incongruencia entre
la acusación y la sentencia no interpuso los recursos adecuados.
