La audiencia permitió que la Corte Interamericana revise el record procesal del caso, el cual evidencia que fue el propio Estado colombiano, quien ante el Tribunal, reconoció como víctimas a las 21 personas nombradas a raíz de la sentencia de 2005, algunas de las cuales ahora cuestiona. También fue posible visibilizar la negligencia del Estado colombiano en la individualización de las víctimas de la masacre, así como en la falta de establecimiento del número de asesinados y desaparecidos.
En los procesos internos, los testimonios de las víctimas, testigos presenciales e incluso las confesiones de los propios perpetradores coinciden en afirmar que fueron por lo menos dos decenas las víctimas de la masacre de Mapiripán, en tanto un informe del CTI de la Fiscalía de abril de este año, nomina a 77 personas como posibles víctimas de
la masacre. Estos hallazgos procesales contrastan con afirmaciones del Ejecutivo colombiano que sin negar la existencia de la masacre, pretenden reducir su magnitud, hablando de 6 o 12 víctimas, como se ha anunciado recientemente a los medios de comunicación por parte del Ministro de Justicia.
En la audiencia ante la Corte, los representantes de las víctimas pudieron conocer parte de la información anunciada por el Estado ante los medios de comunicación, en tanto pese a los anuncios públicos, no se clarificaron los términos de la solicitud de revisión de sentencia que sería presentada. Después de 14 años y 4 meses de la comisión de la
Masacre de Mapiripán y 6 años después de la sentencia de la Corte, el Estado colombiano solicitó tres meses adicionales para presentar las pruebas que sustentarían su solicitud.
Saludamos que el Estado colombiano utilice los canales adecuados de debate, que es el procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencia, y no las vías de hecho, en las que se ha ventilado de manera inapropiada este proceso, presentando información imprecisa y en algunos casos falsa, tendiente a deslegitimar a las víctimas, desacreditar la labor de sus Representantes y cuestionar la legitimidad de los órganos interamericanos.
Será el Tribunal Interamericano, de manera autónoma, y después del debate jurídico correspondiente, quien emitirá la solución adecuada qué proteja la verdad material del caso, a las víctimas de la Masacre de Mapiripán y a la sentencia definitiva e inapelable, cuyo contenido como tal, no ha sido cuestionado.
Bogotá D.C., y Washington D.C., 24 de noviembre de 2011.
