Una semana de paro completan 2.500 contratistas y trabajadores de cooperativas en 6 plantaciones de Puerto Wilches

Viernes 30 de septiembre de 2011, por ENS

Desde hace diez días 2.500 obreros de la palma africana adelantan un paro de actividades en Puerto Wilches, Santander, donde en la protesta, orientada por Sintrainagro (filial de la CUT), participan trabajadores de las empresas Oleaginosas Bucarelia, Promociones Agropecuarias Monterrey, Oleaginosas Las Brisas, Palmeras de Puerto Wilches, Agropalmas S.A. y Agrícola del Norte S.A.

Santander |

De ese total de trabajadores en paro, sólo 440 tienen contrato directo, el resto es tercerizado, es decir, vinculados a unas 20 cooperativas de trabajo asociado (CTA), contratistas y bolsas de empleo, que en conjunto intermedian el 80% de la mano de obra al servicio de las empresas palmeras de la región.

Hasta el momento el paro se ha cumplido de manera pacífica, sólo circunscrito al interior de las empresas donde se presenta el conflicto laboral. Los trabajadores bloquean el ingreso a las empresas, pero en ningún momento han bloqueado vías, ni han impedido el normal funcionamiento de las actividades económicas y comerciales de la región, ni ha habido enfrentamientos con la fuerza pública. Tal vez por esto es que esta importante protesta laboral, en un sector estratégico de la economía nacional, no ha tenido repercusiones ni cubrimiento en los medios de comunicación.

El cese de actividades de los trabajadores tercerizados de Puerto Wilches se inició desde el miércoles 21 de septiembre, como extensión de la huelga que desde hace 38 días adelantan los trabajadores sindicalizados de Oleaginosas Bucarelia; huelga que se decretó el 23 de agosto tras agotar la etapa de arreglo directo, sin que la empresa atendiera el pliego de peticiones presentado por Sintrainagro. Lo que hizo fue todo lo contrario: condicionó la negociación a la modificación de 23 artículos de la convención colectiva, buscando prácticamente desmantelarla. De ahí el punto muerto en que hoy está el conflicto en Bucarelia, una de las empresas emblemáticas e históricas de la región.

Víctor Ovallos, directivo de Sintrainagro seccional Puerto Wilches, sindicato que tiene afiliados en 5 de las 6 empresas de la zona, señaló que los trabajadores vinculados por bolsas de empleo y cooperativas, agobiados por las reiteradas violaciones de sus derechos laborales, aprovecharon el interés despertado por la huelga de Bucarelia y se sumaron a la protesta.

Y para ello no les faltan razones. La principal es que las empresas palmeras están eludiendo con esguinces al Decreto 2025 y al articulo 63 de la Ley 1429 de 2010, cuyo espíritu es la eliminación de la intermediación laboral y la formalización del empleo; normas éstas que en la práctica no han aportado ninguna mejoría en los ingresos y condiciones laborales. “Esto aquí es un caos completo. Están haciendo lo que quieren, están disfrazando las cooperativas, maquillando las cosas para hacerles ver a los cooperados que cumplieron con el cambio y que van a mejorar, cuando la verdad es que están llevándolos a una situación peor”, señaló Ovallos.

Por eso los puntos centrales del pliego de peticiones unificado que presentaron los tercerizados, son: derecho a la contratación directa, a un salario digno, y garantía del derecho de asociación en sindicatos. Son las mismas necesidades de los trabajadores tercerizados de la agroindustria de la palma en el vecino departamento del Cesar, por lo que no sería raro que hasta allí se extendiera la protesta en los próximos días, por efecto dominó.

Por su parte Gustavo Triana, segundo vicepresidente de la CUT, y persona conocedora de la problemática laboral del Magdalena Medio, señaló que los empresarios están montando la ficción de que están cumpliendo con el decreto del Gobierno. “A un contratista cualquiera lo llaman y le dicen: usted nos maneja la cuadrilla de los bueyes para arrastrar las carretas, usted nos suministra una cuadrilla de hombres para fumigar, etc. Y dicen que con eso ya están cumpliendo con no tener cooperativas y se ajustan a la ley. Es cierto que ese contratista firma un contrato individual con los trabajadores, pero sin estabilidad laboral, sin pago de cesantías, ni vacaciones, ni primas, y mucho menos sin pagar los aspectos de la convención colectiva de la empresa. Deberían extenderse a ellos los beneficios de las convenciones; que no son nada del otro mundo, apenas superan los mínimos legales”, puntualizó el directivo de la CUT.

Para Triana, el meollo del asunto, y lo que viene pidiendo desde hace años el movimiento sindical, es que se acabe la tercerización por cualquier medio: CTA, bolsas de empleo o contratistas, y que las empresas no eludan su responsabilidad como patronos. “Porque el Decreto 2025 del gobierno se reduce sólo a perseguir las cooperativas, pero no resuelven el problema de la tercerización. En Campo Rubiales no hay cooperativas, de modo que allí no se viola el decreto, pero Pacific Rubiales no asume directamente la vinculación de los trabajadores sino que tiene 4 o 5 grandes contratistas con los que elude su responsabilidad patronal, porque esos trabajadores no son suyos, en cambio el petróleo que saca sí lo es.

Triana asimismo informó que, para tratar el tema, el pasado miércoles hubo en el Viceministerio del Trabajo una reunión a la que asistió el presidente de la CUT, Tarcisio Mora, y otros directivos de esta central, lo mismo que representantes de Sintrainagro y de trabajadores de las cooperativas de Puerto Wilches. Se acordó que el Viceministerio citará a los empresarios de las 6 plantaciones palmeras en conflicto para que, en una próxima reunión, se sienten con los representantes de los trabajadores a buscar una solución que permita levantar el paro en la región.

Abrieron los ojos, despertaron

Según Víctor Ovallos, los trabajadores tercerizados de Puerto Wilches tomaron conciencia de sus derechos, como resultado de una labor instructiva que desde hace algunas semanas vienen haciendo Sintrainagro y el equipo jurídico de la USO. En diferentes mesas y foros les explicaron a los obreros los nuevos derechos que tienen a partir de la Ley 1429 y el Decreto 2025 de 2011. Cabe destacar que estas actividades didácticas también tuvieron acompañamiento del inspector del Ministerio de la Protección Social en Puerto Wilches.

“Los compañeros cooperados estaban a ciegas, pero una vez tuvieran claridad sobres sus derechos, despertaron y decidieron espontáneamente recurrir al cese de actividades para presionar la atención de sus demandas. Además pidieron instalar mesas de concertación y diálogo con los gerentes de las empresas, para discutir el pliego de peticiones unificado que presentaron. Y nosotros los de Sintrainagro, lo mismo que los compañeros de la USO de Cantagallo, entendimos que a los cooperados hay que ayudarlos porque están muy sueltos y solos”, señaló Ovallos, quien aclaró que las acciones son directamente con los cooperados, no con los gerentes de las cooperativas, pues éstos están aliados y se identifican más con los intereses de las empresas que con los trabajadores.

A ese respecto, reveló que hay cooperativas que han seguido funcionando como si el Decreto 2025 no existiera. Y hay otras que, de la noche a la mañana, se convirtieron en bolsas de empleo, y sus gerentes están ahora contratando trabajadores a término fijo inferior a un año, como si fueran ellos los empleadores. Aunque realmente no son contratos sino actas contractuales, tan leoninas que incluyen una cláusula por la cual el trabajador se compromete a no entablar ninguna demanda ante las autoridades laborales.

En algunos pocos casos las empresas han vinculado trabajadores con contrato a término fijo, pero con exigencias de jornada laboral y metas de producción desorbitadas. “Les triplicaron las tareas, ya tienen que hacer tres toneladas, y eso es imposible, y el salario no se los reajustaron. O sea más trabajo por la misma plata”, denunció Ovallos.

La huelga en Bucarelia

Oleaginosas Bucarelia tiene 220 trabajadores de planta y un poco más de 300 por cooperativas y bolsas de empleo. Cuando la huelga entra a su sexta semana, allí las partes están lejos de llegar a un acuerdo, empezando porque la empresa denunció 23 artículos de la convención colectiva, entre ellos los que tienen que ver con prima de antigüedad, prima de vacaciones y el pago de las incapacidades. En cuanto al salario, la diferencia es de 6 puntos: la empresa ofrece 4%, el sindicato pide el 10% Además, éste pide un reajuste especial para los obreros de las plantas extractoras, que están muy mal pagados.

El argumento que esgrime la empresa en su pretensión de desmontar la convención colectiva, es la crisis sanitaria que afecta las plantaciones de palma: un hongo que pudre el cogollo. Si bien el sindicato reconoce que la afectación es real, y que en los últimos dos años ha implicado pérdidas económicas para los empresarios palmeros de la región del Magdalena Medio, la situación no la pueden aprovechar para reestructurar las empresas con el objetivo de acabar con los sindicatos.

“Como una forma de enfrentar la crisis y salvar las empresas —dice al respecto Víctor Ovallos— los empresarios de Puerto Wilches están hablando de acabar con ellas y crear otras nuevas: la nueva Bucarelia, la Nueva Monterrey, y así todas; pero sin los trabajadores viejos, sin el sindicato y con nuevos modelos de contratación. Ante semejante exabrupto, en una reunión que tuvimos recientemente les dijimos que otra solución podía ser que les entregaran la empresa a los trabajadores, que nosotros somos capaces de salvarla. Pero ni siquiera la consideraron. Lo que quieren es sanear la empresa a costa de los trabajadores”.

Cómo ve la ENS la situación

Para José Luciano Sanín, director general de la Escuela Nacional Sindical, lo que viene sucediendo en las plantaciones de palma del Magdalena Medio, y en otros sectores económicos del país con fuerte presencia de trabajadores tercerizados, deja 5 lecciones, a saber:

1- Con las nuevas normas sobre prohibición de la intermediación laboral a través de CTA, los trabajadores han encontrado un espacio para reivindicar sus derechos, como lo es tener contrato de trabajo y protección laboral y social. Y han empezado movilizarse y a hacer protestas, a reclamar la aplicación de las normas, lo que es justo, legitimo y tiene respaldo en la ley.

2- Se comprueba la incapacidad del Estado para dar respuesta a los reclamos que los trabajadores han planteado frente a la aplicación de unas normas que el mismo Estado expidió. No se nota que la inspección del trabajo esté adecuada para responder, no se ven los 100 nuevos inspectores que se dijo se iban a nombrar. Con excepción de lo que el Vicepresidente Angelino Garzón ha hecho a partir de generar espacios de diálogo, como en el caso del conflicto petrolero en Puerto Gaitán, la acción del Estado no se está viendo. Como lo prometió, el Ministerio tiene que tener un plan especial de inspección en el tema de las CTA y la tercerización, para proteger a los trabajadores.

3- Las empresas tienen una altísima creatividad para defraudar y burlar la ley. Están inventando cualquier forma: creando sociedades anónimas simplificadas, empresas temporales, transformando las CTA en contratos sindicales. Y el Estado no responde a eso. Quisiéramos ver las sanciones, que se apliquen las normas, que implica que haya vínculo directo de los trabajadores a las empresas y todo no se quede en multa.

4- Algunas empresas han entendido el mensaje político del momento: que las relaciones laborales hay que hacerlas con contrato de trabajo, y han empezado a vincular directamente. En esa lista están Carrefour, Éxito, Fabricato, entre otras. Lo que resulta increíble es que el Estado no lo haya entendido, cuando es el primero que tiene que acabar con la tercerización. Es increíble que grandes empresas como las petroleras, las sociedades portuarias, la agroindustria de la palma, del sector azucarero, que tienen capacidad administrativa y financiera par resolver este problema, lo que están buscando es evadir la ley.

5- Es necesario entonces que el Ministerio de la Protección Social diseñe una estrategia, en consulta y acuerdo con las centrales sindicales, para implementar el decreto 2025 de 2011, y el control a las empresas temporales de servicios. No se puede seguir atendiendo conflicto por conflicto, el Estado debe dar una respuesta proporcional al problema gigantesco de tercerización laboral existente en el país.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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