Eje Político 1: Lucha contra la impunidad
Consiste en contribuir al esclarecimiento de la verdad procesal e histórica de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; a la investigación, juzgamiento, sanción y visibilización de los autores materiales y máximos responsables intelectuales o beneficiarios de los crímenes; a la identificación de macro casos emblemáticos, modus operandi y patrones de agresión; a la reparación integral de daños individuales y colectivos; al fortalecimiento organizativo de las víctimas, comunidades y procesos organizativos; y a la adopción de reformas estructurales para la materialización de garantías de no repetición, a nivel nacional e internacional.
Eje Político 2: Defensa del territorio y lucha contra la crisis climática
Consiste en construir con las comunidades rutas de exigibilidad integral de derechos para contribuir al fortalecimiento de su autonomía; a la protección de las personas, comunidades y sus procesos organizativos para la defensa de derechos humanos, territoriales y ambientales; a la permanencia en el territorio; a la identificación de máximos responsables y protección de derechos colectivos frente a la imposición de proyectos extractivos; y a la justicia ambiental para enfrentar el cambio climático.
Eje Político 3: Superación del conflicto armado y construcción de paz
Consiste en promover el cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz; los diálogos entre el Gobierno y el ELN; el desmonte del paramilitarismo; la protección de líderes/as sociales y defensores/as de DD.HH.; una cultura de paz, y la construcción de paz desde los territorios.
Noticias por ejes
Crímenes de Chiquita Brands siguen impunes en Colombia
Desde hace cerca de 10 años, se ha solicitado a la justicia colombiana que active los mecanismos que posee para la superación de la impunidad en este caso. Se ha pedido también al gobierno de Colombia que en aplicación del principio de reciprocidad internacional, solicite a los Estados Unidos la colaboración que se requiere para avance del mismo con el suministro de información relevante e incluso la activación del mecanismos de extradición de empresarios estadounidenses comprometidos con estos pagos.
La celebración de las negritudes pasó en “blanco”
De paso sea dicho, la situación de las dos más importantes ciudades de la costa pacífica, Tumaco y Buenaventura continúan agravándose en un complejo nudo de violencia y pobreza. Lo referente a estos puertos merece capítulo aparte, pero por ahora recalquemos que en aquel poblado en que mirar su cielo alivia las penas, como nos dice su canción emblemática, ahora convertido en el sitio de mayor desplazamiento en el país, los intereses, entre otros, de las empresas mineras y de los operadores portuarios parecen estar imbricados con los grupos paramilitares que siembran el terror a extremos tan siniestros como las llamadas “casas de pique”.
Con la aprobación de la reforma al Fuero Penal Militar, estado colombiano renuncia a su obligación de aplicar tratados sobre Derechos Humanos
No se puede poner en riesgo los derechos fundamentales de las personas, y colocar en situación de inseguridad jurídica a la totalidad de los colombianos y colombianas, quitándoles las protecciones internacionalmente garantizadas por los tratados de derechos humanos, para sustituirlas por la entronización constitucional de una visión distorsionada del derecho internacional humanitario, entendida como facultades ilimitadas, unilaterales e irrestrictas de la Fuerza Pública para afectar y no responder por vulneraciones a la vida y libertades de las personas que se encuentran en medio de operaciones militares y policiales, y para el uso privilegiado de medios y métodos desproporcionados en el uso de la fuerza que priorizan la muerte de los adversarios y de quienes estén cerca de ellos[2].