Eje Político 1: Lucha contra la impunidad

Consiste en contribuir al esclarecimiento de la verdad procesal e histórica de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; a la investigación, juzgamiento, sanción y visibilización de los autores materiales y máximos responsables intelectuales o beneficiarios de los crímenes; a la identificación de macro casos emblemáticos, modus operandi y patrones de agresión; a la reparación integral de daños individuales y colectivos; al fortalecimiento organizativo de las víctimas, comunidades y procesos organizativos; y a la adopción de reformas estructurales para la materialización de garantías de no repetición, a nivel nacional e internacional.

Eje Político 2: Defensa del territorio y lucha contra la crisis climática

Consiste en construir con las comunidades rutas de exigibilidad integral de derechos para contribuir al fortalecimiento de su autonomía; a la protección de las personas, comunidades y sus procesos organizativos para la defensa de derechos humanos, territoriales y ambientales; a la permanencia en el territorio; a la identificación de máximos responsables y protección de derechos colectivos frente a la imposición de proyectos extractivos; y a la justicia ambiental para enfrentar el cambio climático.

Eje Político 3: Superación del conflicto armado y construcción de paz

Consiste en promover el cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz; los diálogos entre el Gobierno y el ELN; el desmonte del paramilitarismo; la protección de líderes/as sociales y defensores/as de DD.HH.; una cultura de paz, y la construcción de paz desde los territorios.

NOTICIAS POR EJES

Comunicado público: Medidas Cautelares de la CIDH a favor de Gustavo Petro son de obligatorio cumplimiento

Comunicado público: Medidas Cautelares de la CIDH a favor de Gustavo Petro son de obligatorio cumplimiento

La Corporación Colectivo de Abogados ’José Alvear Restrepo’, recuerda a la opinión pública que el gobierno colombiano ha sido respetuoso de las medidas cautelares ordenadas por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en relación con el actual Alcalde de Bogotá, el propio Presidente de la República Juan Manuel Santos, ha manifestado que acataría las decisiones que obligan al Estado colombiano, por tanto queremos hacer énfasis en que:

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional de Colombia ha sido enfática en señalar que las medidas cautelares ordenadas por la CIDH son de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano.

Corte Suprema deja en firme condena contra ocho militares  por torturas y asesinato del profesor Gerardo Liévano García

Corte Suprema deja en firme condena contra ocho militares por torturas y asesinato del profesor Gerardo Liévano García

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha proferido una sentencia con fecha 12 de Febrero del presente año, mediante la cual no casa la sentencia de Segunda y Primera instancia, es decir, deja en firme la condena contra varios miembros del ejército nacional pertenecientes al grupo CAES del Batallón Masa, ubicado en la ciudad de Cúcuta, por torturas y homicidio del profesor de la Unión Sindical Obrera, USO, Gerardo Liévano García, en noviembre de 1993.

Organizaciones Internacionales solicitan atención a la continuación del proceso en contra de David Ravelo Crespo

Organizaciones Internacionales solicitan atención a la continuación del proceso en contra de David Ravelo Crespo

El pasado 11 de febrero se radicó ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, (Santander), la sustentación de la demanda de casación en el marco del proceso judicial adelantado en contra del defensor de derechos humanos David Ravelo Crespo, miembro de la Corporación Regional de Defensa de los Derechos Humanos del Magdalena Medio (CREDHOS), de la ciudad de Barrancabermeja, (Colombia). En numerosas ocasiones las organizaciones y redes internacionales, abajo firmantes, hemos mostrado nuestra preocupación ante las diversas irregularidades denunciadas a lo largo del proceso judicial en contra del Sr. Ravelo, que culminó con la condena en primera y segunda instancia, a 220 meses de cárcel del reconocido defensor de derechos humanos.

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