Eje Político 1: Lucha contra la impunidad
Consiste en contribuir al esclarecimiento de la verdad procesal e histórica de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; a la investigación, juzgamiento, sanción y visibilización de los autores materiales y máximos responsables intelectuales o beneficiarios de los crímenes; a la identificación de macro casos emblemáticos, modus operandi y patrones de agresión; a la reparación integral de daños individuales y colectivos; al fortalecimiento organizativo de las víctimas, comunidades y procesos organizativos; y a la adopción de reformas estructurales para la materialización de garantías de no repetición, a nivel nacional e internacional.
Eje Político 2: Defensa del territorio y lucha contra la crisis climática
Consiste en construir con las comunidades rutas de exigibilidad integral de derechos para contribuir al fortalecimiento de su autonomía; a la protección de las personas, comunidades y sus procesos organizativos para la defensa de derechos humanos, territoriales y ambientales; a la permanencia en el territorio; a la identificación de máximos responsables y protección de derechos colectivos frente a la imposición de proyectos extractivos; y a la justicia ambiental para enfrentar el cambio climático.
Eje Político 3: Superación del conflicto armado y construcción de paz
Consiste en promover el cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz; los diálogos entre el Gobierno y el ELN; el desmonte del paramilitarismo; la protección de líderes/as sociales y defensores/as de DD.HH.; una cultura de paz, y la construcción de paz desde los territorios.
NOTICIAS POR EJES
El mayor gesto de solidaridad con la Guajira: Exigir que el Cerrejón suspenda su actividad durante la sequía
Mientras los territorios de las comunidades sufren problemas de sequía, la empresa gasta cerca de 17 millones de litros de agua al día [1] en su proceso de explotación carbonífera. Entre tanto, cada persona en la Guajira sólo tiene acceso a 0.7 litros de agua al día. Por eso las comunidades exigen que se suspenda la actividad del Cerrejón en esta temporada de sequía y se privilegie el derecho humano al agua.Estas y otras reivindicaciones se socializarán durante las jornadas por la vida que se desarrolla este fin de semana en La Guajira. Amén de la solidaridad que ha generado la crisis ambiental en la región, es necesario que el país le exija al Cerrejón que deje de gastar de manera desmesurada el agua de las comunidades.
Cárceles abren sus puertas para dar salida a paramilitares, sin que los derechos de las víctimas hayan sido reconocidos
Entre noviembre de 2003 y agosto de 2006, se desmovilizaron formalmente más de 30.000 miembros de fuerzas paramilitares en Colombia. De las 40 estructuras paramilitares que existían en 2003, se desmovilizaron 34, a cuyos integrantes comprometidos en violaciones a derechos humanos se les aplicó el marco jurídico de la Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz. Esa normativa creó una serie de beneficios legales para los desmovilizados, entre ellos penas alternativas de 5 a 8 años sobre la base de aportar a la verdad plena sobre los crímenes cometidos, las estructuras operativas, los beneficiarios, y los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes.
Un urgente llamado al congreso: No aprueben la ampliación del fuero penal militar
En una jugada sagaz, el gobierno aprovechó este proyecto para revivir la ampliación del fuero penal militar que tumbó la Corte Constitucional el pasado mes de octubre. En esta oportunidad, sin embargo, dicha ampliación tiene de lejos, muchísimo más alcance al establecer que la justicia penal militar entraría a conocer de un amplísimo espectro de delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos,además de todas las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH. El artículo 8 del malhadado proyecto, de manera genérica, establece que serán de competencia de la justicia penal militar los delitos de homicidio, las infracciones al DIH, los delitos contra la población civil, contra la seguridad y existencia del Estado, los delitos contra la protección de la información y los datos, y los delitos contra la fe pública.