El Tribunal Permanente de los Pueblos - TPP-, tribunal internacional de opinión con sede en la Fundación Lelio y Lisli Basso (Italia), sesionará en Colombia entre el 25 y el 27 de marzo de 2021 para juzgar al Estado colombiano por el genocidio político, la impunidad y los crímenes contra la paz, sostenidos a lo largo de casi un siglo, interesándose en las raíces que propician su reproducción indefinida. La sesión se inaugurará de manera virtual el próximo martes 26 de enero a las 8 am.

Estas quejas se enmarcan en una estrategia integral de defensa de los derechos humanos a la salud y al ambiente sano emprendida por las organizaciones que por años hemos venido acompañando los procesos de defensa territorial y de denuncias lideradas por comunidades Wayúu y afrodescendientes impactadas por décadas de operación carbonífera en su territorio

Ante la segunda ola de la pandemia se necesitan medidas eficaces e integrales para enfrentar la pandemia, prevenir su expansión y sobrellevar la crisis de salud, social y económica que vive el país. Es por esto que 230 organizaciones y redes sociales, políticas y académicas y 600 personalidades del país abajo firmantes exigimos al Gobierno Nacional y al Congreso de la República las siguientes medidas para ser aplicadas en el menor tiempo posible:

Vemos con preocupación que esta nueva reglamentación sea una declaración de principios que en lo operativo no modifica sustancialmente ningún aspecto de la actuación de la Policía Nacional en manifestaciones, la cual a lo largo del 2020 continuó siendo arbitraria y desproporcionada.

Continúan las acciones de revictimización contra las comunidades, se extiende el sufrimiento mientras los encargados de la obra negocian entre ellos.

Las personas y organizaciones que suscribimos este manifiesto rechazamos y denunciamos la crisis humanitaria que sufre la vereda de El Hatillo y demás comunidades afectadas por la minería de carbón en el departamento del Cesar, Colombia. La situación de la población es grave, pues las empresas mineras transnacionales hoy incumplen sus compromisos y obligaciones ante un Estado que se ha mostrado ineficaz para garantizar los derechos fundamentales de estos ciudadanos colombianos.