Lunes 1ro de enero de 2018, por Banca del Parque Radio , Prensa - Colectivo

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Esta es la consagración de las garantías judiciales o lo que se conoce como el derecho a un debido proceso legal. Significa que todas las personas deberían tener un acceso a la justicia en condiciones de prontitud, efectividad y con garantías.

Este derecho tiene dos maneras de verse, desde el acusado y desde las víctimas. Desde el punto de vista del acusado es importante señalar que toda persona que sea sometida a un proceso judicial debe contar con un defensor o defensora de confianza que debe ser sometido a un juez natural, es decir debe saber de ante mano quien va a ser su juzgado, por ejemplo nosotros los civiles no podemos ser sometidos la jurisdicción penal militar, nuestro juez natural en caso de comer un delito seria la fiscalía.

Igualmente tenemos derecho a un juicio contradictorio, es decir a conocer las pruebas que se han presentado en nuestra contra, a controvertirlas y tener como director del proceso a un juez que sea neutral e independiente. También tenemos derecho a no ser juzgados dos veces por el mismo hecho y en caso que no estemos de acuerdo con la decisión, a poder presentar un recurso de apelación, esto se conoce como el derecho a la segunda instancia.

Desde el punto de vista de las víctimas, también tiene derecho a un debido proceso judicial, es decir que tiene derecho a participar en todas las etapas de proceso, a conocer lo que se discute en le expediente, solicitar y controvertir las pruebas para poder buscar la verdad y la justicia, que su caso sea resuelto en un tiempo razonable, es decir, no puede dilatarse de manera injustificada, tiene derechos a contar con asistencia especializada y en caso a que las personas no manejen el idioma por tratarse de extraeros o personas que hacen parte de comunidades indígenas, tiene derecho a un traductor. Igualmente todos los colombianos y colombianas en caso de que no tengamos recursos para sufragar un abogado, el Estado esta en la obligación de proveernos uno, para ello existe la Defensoría Pública, a cargo de la Defensoría Nacional del Pueblo.

Al lado del derecho a la justicia, también está el derecho a la verdad el cual debería ser aportado judicialmente, debería contribuir a establecer quienes fueron los perpetradores de las violaciones, por que se cometieron y a tratar de que se provenga nuevos hechos. Esto se conoce como garantías de no repetición.

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