Martes 19 de enero de 2016, por ,
La Comisión señala que: “(i) las investigaciones penales por el delito de amenazas continuarían en etapa preliminar a pesar de haber sido reabiertas en el año 2009 y (ii) a la fecha no han concluido las investigaciones respecto de todos los responsables
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El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, y la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, celebran la reciente decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de declarar admisible el caso presentado en 2009, por las amenazas, hostigamientos, estigmatización, vigilancia ilegal y agresiones contra el periodista y hoy concejal de Bogotá, Hollman Morris, y contra su familia.
Como se recordará, el periodista Hollman Morris y su familia fueron víctimas de las acciones ilegales ejercidas entre 2004 y 2009 por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Esta campaña de persecución, desarrollada en el marco de la operación “Puerto Asís”, que inició con discursos estigmatizantes del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez contra el periodista, incluyó el envío de sufragios amenazantes, estigmatización pública, detención arbitraria, amenazas frecuentes y seguimientos a toda su familia, incluyendo, su esposa, sus dos menores hijos, y su hermano Juan Pablo Morris, hechos que en su conjunto obligaron a su salida del país en varias ocasiones.
Hollman Morris, es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 2000 cuando tuvo que exiliarse con su familia por primera vez, las cuales fueron reiteradas en 2005 y ampliadas a su grupo familiar.
Para el Cajar y la FLIP, resulta de especial importancia que el caso se analice en un contexto de violaciones a derechos humanos ejercidas contra periodistas, y la impunidad en que permanecen estas agresiones. En 2009, la FLIP documentó los casos de 16 periodistas víctimas de seguimientos ilegales por parte del DAS, entre los que se encontraba Hollman Morris. Asimismo, en su informe anual de 2014, la FLIP advirtió que la vigilancia ilegal contra periodistas por parte de miembros del Estado, no se había detenido con la extinción de dicha entidad, y que el espionaje contra los medios de comunicación ha sido un práctica recurrente del Estado colombiano, al menos, durante los últimos 60 años.
Lo más preocupante es que en los casos de interceptaciones ilegales de 2009 aún persiste la impunidad. Aunque en 2015 fueron condenados María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, y Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia de la República, para el caso del exdirector del DAS Jorge Noguera los delitos de interceptación prescribieron.
Por otra parte aún sigue sin ser acusado el otro exdirector, Andrés Peñate, y otros funcionarios de la Presidencia, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, siguen sin ser vinculados a pesar de las múltiples evidencias que obran en el caso. Cabe señalar que en el proceso seguido contra Hurtado y Moreno no fueron tenidos en cuenta los hechos contra Hollman Morris y su familia.
Para la CIDH, la obligación de combatir la violencia contra periodistas con la debida diligencia a través de la acción penal, no ha sido satisfecha, y justamente en razón de la débil actuación del aparato de justicia, es procedente declarar el caso admisible.
En su decisión, la Comisión señala que: “(i) las investigaciones penales por el delito de amenazas continuarían en etapa preliminar a pesar de haber sido reabiertas en el año 2009 y (ii) a la fecha no han concluido las investigaciones respecto de todos los responsables, incluidos los autores intelectuales, de la vigilancia ilegal realizada por agentes del DAS a Hollman Morris”.
Con este informe se inicia el debate de fondo sobre el caso, durante el cual la CIDH decidirá la responsabilidad del Estado colombiano por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la honra y buen nombre, a la libertad de expresión, a la familia y derecho a la justicia del periodista y hoy concejal Hollman Morris y de su familia, lo que podría conllevar a que las actuaciones ilegales adelantadas desde el DAS contra periodistas, defensores de derechos humanos e integrantes de la oposición, puedan llegar a ser conocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica.
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Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"
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