Miércoles 16 de mayo de 2018, por OBS - Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos

La defensa de derechos humanos en Colombia: una actividad de alto riesgo. Colombia está en un momento clave de su historia, en el que la posibilidad de iniciar una construcción de paz verdadera y duradera es una realidad pero para avanzar en los múltiples retos que afronta el país el trabajo de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos es fundamental. Sin embargo, la defensa de derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo en Colombia.

La tasa de homicidios más baja en Colombia en 40 años en el contexto del proceso de paz contrasta con un clima de constantes amenazas y un fuerte aumento en las cifras de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos incluyendo un preocupante aumento en las cifras de asesinatos de mujeres defensoras. El número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 2017 osciló entre 106 y 126 según la fuente, en comparación con años previos precisamente en el contexto de la negociación, firma e implementación del Acuerdo de Paz.

Por ello, si bien la Fiscalía General de la Nación habla de multi-causalidad en relación con las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, podemos identificar un patrón común a todos los casos: las personas defensoras son atacadas por sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos y no por líos de faldas u otro tipo de disputas privadas como sugirió el Ministro de Defensa.

Si bien los homicidios en contra de las personas defensoras de derechos humanos son las agresiones más graves es necesario no menospreciar los impactos que pueden tener otro tipo de agresiones como las amenazas en su contra, que han aumentando notablemente coincidiendo con la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP.

Causas de la vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos

Entre los autores de los ataques en contra de las personas defensoras aparecen agentes estatales así como guerrillas y grupos disidentes de las FARC-EP y el ELN pero las perpetradoras más destacadas son las estructuras paramilitares, presuntas responsables del 84% de todas las agresiones con presunto autor conocido en 2017, así como del 88% de las agresiones registradas en 2016 y, específicamente, del 97% de las amenazas y el 87% de los asesinatos en ese año.

La persistencia de las estructuras paramilitares es, por lo tanto, una de las causas de vulnerabilidad de las personas defensoras en Colombia. Es evidente que las estructuras paramilitares presentan complejidades, cambios y continuidades en el tiempo, pero no han desaparecido y meritan que para referirse a este fenómeno no se haga referencia a términos más amplios como “grupos criminales”, sino que se opte por resaltar el carácter paramilitar de estas estructuras.

Es importante resaltar en el marco del proceso de paz la permanencia, reconfiguración y expansión de estructuras paramilitares en el país que han buscado llenar el vacío dejado por las FARC-EP, con el objetivo de tomar el control del territorio y de la población para continuar o establecer actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y obtener la propiedad de la tierra.

Las informaciones que maneja el Observatorio incluyendo distintos testimonios que hemos recibido a lo largo de la misión ilustran claramente la persistencia de ciertos niveles de relación de estas estructuras con miembros de la fuerza pública así como con poderes políticos y económicos locales y regionales. Las diferentes personas entrevistadas documentaron para la misión el nivel de control social que buscan las estructuras paramilitares y las amenazas a Eison Valencia Sinisterra por reunirse con la misión del Observatorio en Buenaventura, una de las principales ciudades portuarias de Colombia, dan buena cuenta de ello.

Por todo lo anterior, la negación de la existencia de estructuras paramilitares por parte de las autoridades colombianas es problemática porque como reflejó un defensor de Antioquia: «Lo que no se nombra, no existe y, si no existe, no se combate con las medidas adecuadas».

Según los hallazgos de la misión del Observatorio, han habido avances notables en lo referente a la estigmatización y la criminalización del trabajo de defensa de los derechos humanos, y las autoridades públicas tienden a mostrar un mayor reconocimiento a la legitimidad de la labor de las personas defensoras. La Directiva para la protección de los defensores de derechos humanos de la Procuraduría General de la Nación, por ejemplo, es percibida como un importante paso en la dirección correcta se es aplicada con decisión.

Sin embargo, todavía se mantienen señalamientos y alarmantes ejemplos de estigmatización contra personas defensoras por el peso histórico de la doctrina del enemigo interno en la institucionalidad colombiana. El conflicto armado en Colombia tuvo como efecto que este tipo de consideraciones se mantuvieran a lo largo del tiempo y no se limitaran a la Fuerza Pública sino que afectara a la cultura institucional en el país. Por ello, los casos de estigmatización al movimiento de derechos humanos han sido y, lamentablemente, siguen siendo frecuentes en Colombia.

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