Jueves 12 de octubre de 2017, por
OIDHACO y las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación por el incidente del pasado jueves 5 de octubre en el que, para reprimir una protesta campesina, la Fuerza Pública disparó con fuego letal contra manifestantes provocando la muerte de al menos 6 campesinos en la vereda el Tandil del corregimiento el Llorente, Municipio de Tumaco en el Departamento colombiano de Nariño.
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En el hecho que ocurrió en territorio colectivo de las comunidades afro descendientes del consejo comunitario de Altamira y Frontera, además, quedaron, por lo menos, 20 personas heridas. Entre las personas asesinadas, se encontraban dos indígenas del Pueblo Awá que ha sufrido durante este año varios ataques. Según la Defensoría del Pueblo, con base en los testimonios recogidos durante la misión de verificación que tuvo lugar el 6 de octubre 2017 liderada por esta entidad, se estableció la presunta participación de la Policía Antinarcóticos en la masacre.
Los hechos se dieron en medio de una protesta contra una campaña de erradicación forzada en el municipio de Tumaco. El campesinado se estaba oponiendo a la erradicación forzada de cultivos de coca, exigiendo que se cumpliera el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
– PNIS reglamentada en el Decreto 893 de 2017. La comunidad había suscrito un acuerdo de sustitución voluntaria en marzo 2017, que hasta la fecha, no se ha implementado
Es sumamente preocupante que las organizaciones que participaron posteriormente en una Misión de Verificación sobre los hechos fueran hostigadas de nuevo por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la policía. Para evitar la entrada de la Misión de Verificación al lugar donde se presentaron los hechos, los agentes del Esmad procedieron a lanzar proyectiles de aturdimiento y a hacer disparos al aire. También preocupa que, aunque posteriormente fueron destituidos cuatro miembros de la policía, en un primer comunicado el Ejército y la Policía negaron los hechos, alegando que las muertes se dieron por un ataque de un grupo armado ilegal.
No es la primera vez que ocurren este tipo de asesinatos a manos de la Fuerza Pública durante protestas sociales en Colombia por el uso de armas de fuego o el uso indebido de armas de baja letalidad. Durante el Paro Nacional Agrario de 2013 hubo 12 personas asesinadas y 21 personas heridas por armas de fuego. Durante la Minga Agraria, Étnica y Popular en 2016, se denunciaron 3 muertes a manos de la fuerza pública. Durante el Paro Cívico en Buenaventura en 2017 se denunció el uso de armas de fuego contra la manifestación y armas de baja letalidad como gas lacrimógeno, que causaron heridas a 300 personas, entre ellas 10 con armas de fuego.
Las organizaciones firmantes consideramos que tales hechos demuestran la importancia de implementar cuanto antes el Acuerdo de Paz para evitar más conflictos violentos sobre la erradicación forzada y la represión también violenta de la protesta social. Es necesario prevenir, a través de la implementación de lo acordado, este tipo de situaciones y su escalamiento en hechos violentos con víctimas de la población civil. No se puede hablar de una paz duradera y sostenible en todo el territorio colombiano en el posacuerdo si no hay garantías de participación y movilización en su construcción.
Consideramos que estos gravísimos hechos pueden también afectar al buen desarrollo y avance del proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dado que este tipo de violaciones del derecho a la participación política y ciudadana, puede afectar la confianza entre las partes en la Mesa de Diálogos en Quito.
Por todo ello, las organizaciones firmantes solicitamos a la Unión Europea (en particular a su Delegación en Bogotá), sus Estados Miembros, Suiza y Noruega:
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Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA
Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"
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