Martes 26 de julio de 2016, por
Esta decisión judicial constituye un avance para las víctimas que por más de seis años han buscado la justicia y la verdad frente a los hechos ocurridos durante los gobiernos del Expresidente (2002-2010) desde el máximo organismo de inteligencia estatal.
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Mediante fallo del Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado del 18 de julio de 2016, el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez fue condenado a 94.5 meses (siete años y 8 meses) de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado en su condición de promotor y organizador del grupo ilegal G3 dentro del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, luego de seis años de un juicio que el propio Navaéz dilató hasta hacer prescribir dos tipos penales.
En el mismo fallo, el Juez compulsa copias para que se investigue la eventual responsabilidad penal del Expresidente Álvaro Uribe Vélez, por la persecución desatada durante su gobierno contra defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas e integrantes de la oposición. Esta decisión judicial constituye un avance para las víctimas que por más de seis años han buscado la justicia y la verdad frente a los hechos ocurridos durante los gobiernos del Expresidente (2002-2010) desde el máximo organismo de inteligencia estatal.
Las víctimas cobijadas por la decisión del Juzgado Sexto Especializado contra José Miguel Narváez son las y los dirigentes políticos Piedad Córdoba, Iván Cepeda, Wilson Borja y Guillermo Alfonso Jaramillo; los periodistas Hollman Morris, Carlos Lozano y Dick Emanuelsson, las y los defensores de Derechos Humanos Diana Teresa Sierra, Ernesto Amézquita, Natalia Hidalgo, César Jérez, así como los integrantes de las organizaciones Corporación Jurídica Yira Castro, Colectivo de Abogados “Luis Carlos Pérez”, Organización Femenina Popular, OFP, Codhes, Acadeum; de las organizaciones internacionales Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, y Justice for Colombia. De igual manera contra el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, que, a su vez, actúa dentro del proceso como representante de estas víctimas.
También fueron objeto de la pertinaz persecución ordenada por José Miguel Narváez, el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Fcspp, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, Sinaltrainal.
La sentencia niega la detención domiciliaria de José Miguel Narváez, dada la naturaleza de la sanción impuesta y reconoce la existencia de un aparato organizado de poder al interior del DAS en los siguientes términos: “Se prueba que el acusado se asoció con funcionarios al interior del DAS para cometer delitos en contra de miembros de organizaciones y defensores de derechos humanos, o periodistas y políticos no afines con el gobierno nacional de turno, asociación que trascendió del mero acuerdo, pues existe documentación suficiente para determinar que se realizaron seguimientos de personas, interceptación de comunicación y utilización de equipos de la entidad para lograr sus fines delictivos poniendo en riesgo la seguridad pública aún cuando el ilícito no exigía un resultado específico, dicho comportamiento se configuró a partir de un mero acuerdo de voluntades que existió entre los que crearon el grupo G3 y aquellos que se fueron adhiriendo a él y prestando su colaboración para promover las finalidades ilícitas fraguadas a su interior”. P. 199 Sentencia
La persecución desatada por el DAS, para las víctimas que así lo hemos reclamado, constituye un crimen de lesa humanidad de persecución política que se acompañó de asesinatos, amenazas de muerte, tortura psicológica, hostigamientos, campañas de desprestigio, desplazamiento forzado y exilios, amenazas de actos terroristas, acciones de propaganda, sabotaje y desinformación y otros delitos orquestados desde el G3, bajo la planeación y coordinación de José Miguel Narváez, con el concurso de toda la estructura del DAS a nivel nacional e internacional.
Cabe señalar que desde las víctimas se han dirigido varias solicitudes a la Comisión de investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el nulo avance de la investigaciónque comenzara desde el año 2010en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por tal razón, el Cajar procederá a solicitar una investigación disciplinaria en contra de los congresistas, al tiempo que entregará copia de esta decisión a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
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Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"
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