Jueves 7 de noviembre de 2019, por
hasta el momento no hemos constatado una voluntad política real por parte del Gobierno Nacional para avanzar en esta dirección, lo cual se evidencia en el agravamiento de la crisis humanitaria, la reactivación del conflicto armado y de dinámicas de violencia sociopolítica, y la expansión del paramilitarismo y de la criminalidad ligada al narcotráfico. Nos preocupa la cada vez más evidente connivencia de sectores de la fuerza pública con dichos grupos.
Defensores de derechos humanos | Derecho a la vida |
Ante la persistencia del gobierno Nacional en un enfoque de defensa y seguridad basado exclusivamente en la militarización de los territorios, su incapacidad para poner en práctica los mecanismos acordados en el Acuerdo de paz, sus mensajes negativos en torno al respeto y garantías a la protesta social, la falta de voluntad para frenar la violencia en contra de líderes sociales, defensoras de derechos humanos, especialmente indígenas y personas en proceso de reincorporación
La Confluencia suspende su participación en el proceso de formulación de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la labor de Defensa de los DERECHOS HUMANOS
Desde el mes de mayo de este año la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, reunidas en la Confluencia, hemos atendido la convocatoria del actual gobierno para formular de manera concertada y con el acompañamiento de la comunidad internacional, una Política Pública Integral de Respeto y Garantía para la Labor de Defensa de Derechos Humanos. Esta decisión la asumimos, además, con la esperanza de que el Gobierno Nacional adoptara medidas eficaces y suficientes para frenar la violencia en contra del liderazgo social y de las personas defensoras de DDHH.
De igual manera, convinimos con el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, en avanzar simultáneamente en la implementación de los mecanismos ya existentes, entre estos los establecidos en el Acuerdo General de Paz: los puntos 2.1. (derechos y garantías para el ejercicio de la oposición y de los nuevos movimientos) y 3.4. (garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales, incluido el desmonte del paramilitarismo), el cumplimiento de los acuerdos firmados con las comuniades en el marco de los PNIS y los PDETs creados para frenar la violencia sistemática que arrecia en varias regiones.
Sin embargo, hasta el momento no hemos constatado una voluntad política real por parte del Gobierno Nacional para avanzar en esta dirección, lo cual se evidencia en el agravamiento de la crisis humanitaria, la reactivación del conflicto armado y de dinámicas de violencia sociopolítica, y la expansión del paramilitarismo y de la criminalidad ligada al narcotráfico. Nos preocupa la cada vez más evidente connivencia de sectores de la fuerza pública con dichos grupos.
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Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA
Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"
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