Domingo 23 de agosto de 2020, por Movice

La decisión de decretar medidas correccionales contra el gerente de Empresas Públicas de Medellín -EPM- por la Justicia Especial para la Paz -JEP-, dada a conocer este 18 de agosto de 2020, corrobora las denuncias que las víctimas realizamos en la Audiencia Pública del 8 y 9 de octubre de 2019 en la ciudad de Medellín, sobre la falta de compromiso con la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en la zona de influencia del proyecto Hidroituango,...

... en el marco de la solicitud de Medidas Cautelares presentada por el Movimiento Ríos Vivos y Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado- Movice a la Jurisdicción.

Como resultado de la Audiencia, la JEP ordenó a EPM enviar la comunicación con la que la Fiscalía General de la Nación -FGN- le autorizó realizar la recuperación de cuerpos inhumados en los cementerios de los municipios de Toledo e Ituango, Antioquia, e informar sobre las actividades de recuperación de cuerpos y exhumaciones realizadas en el contrato celebrado entre la Universidad de Antioquia, la empresa INTEGRAL y EPM.

Sin embargo, después de una inspección realizada por la Unidad de Investigación y Acusación -UIA- y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD- al laboratorio de Osteología Antropológica y Forense de la Universidad de Antioquia, se encontró que al menos tres (3) cuerpos provenientes del cementerio de Orobajo presentan lesiones violentas y podrían estar presuntamente relacionados con hechos ocurridos en el marco de conflicto armado.

Este hallazgo y la documentación remitida condujeron a corroborar que EPM no tenía ninguna competencia para adelantar labores de búsqueda y exhumación en la zona de influencia del proyecto Hidroituango, y mucho menos contaba con una autorización para iniciar un procedimiento con las comunidades del cañón del río Cauca para descartar las muertes relacionadas con el conflicto armado y el lugar de disposición final de los cuerpos, especialmente en el área inundada.

Además, llama la atención que Fiscales del GRUBE advirtieron en su momento a EPM que “si en los Cementerios a intervenir, existen cuerpos en condición de no identificados (C.N.I.), estos NO pueden ser intervenidos por ustedes. Por ello, y de existir estos cuerpos, se requeriría realizar un inventario y registro de cada uno de ellos para tomar decisiones de fondo sobre estos casos”.

De manera que EPM omitió todo tipo de advertencias y se atribuyó funciones propias de la Fiscalía General de la Nación-FGN pasando por encima del ordenamiento jurídico del Estado colombiano, las leyes y estándares técnicos y éticos internacionales para la búsqueda integral y, sobre todo, los derechos de las víctimas de desaparición forzada, todo con el fin de avanzar en la culminación de la represa.

Desde la Audiencia Pública fue notoria la inconsistencia de las afirmaciones de EPM en relación con los traslados administrativos de los cementerios y la falta de claridad en los procedimientos de búsqueda, prospección y exhumación realizados, que finalmente le dieron vía libre a la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.

Hoy, después de 11 meses de realizada la Audiencia, las víctimas corroboramos que EPM-Hidroituango le mintió al campesinado, los barequeros/as y víctimas de desaparición forzada del cañón del río Cauca que se opusieron a la construcción del megaproyecto y que poniendo en riesgo su vida denunciaron que el río era usado como sitio de enterramiento.

Es de destacar que EPM tuvo conocimiento todo el tiempo de la violencia del grupo paramilitar Bloque Mineros en connivencia con la Fuerza Pública en la zona e incluso usó el conflicto armado como excusa para impedir la participación de las comunidades, pero el mismo conflicto y las víctimas que iba dejando a su paso no fueron razón para detener la obra, a pesar de las exigencias de las comunidades.

En consecuencia, el desacato de EPM no solo revela el incumplimiento de una orden judicial, sino también la sistemática vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica, en especial de desaparición forzada y afectados por la represa Hidroituango.

La imposición de medidas correccionales contra el gerente de EPM por el incumplimiento de lo ordenado por la JEP hace 11 meses, es un claro mensaje a las empresas públicas y privadas posiblemente involucradas en los miles de casos de personas asesinadas y arrojadas en los ríos de Colombia.

Las comunidades del cañón del río Cauca y las víctimas de crímenes de Estado exigimos saber la verdad sobre la construcción del macroproyecto Hidroituango y su relación con la comisión de ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos que aún faltan por ser exhaustivamente investigadas.

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado - Movice
Movimiento Ríos Vivos
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Cajar

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