Miércoles 8 de febrero de 2012, por CCEEU

Las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos del pasado 1° de febrero, en las que descalifica el fallo de segunda instancia por las desapariciones forzadas durante la retoma del Palacio de Justicia, configuran un claro desacato del presidente de la República, quien tiene la obligación de “prestar a los funcionarios judiciales (…) los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias”, según la Constitución (art. 201.1).

Dado que la sentencia por las desapariciones del Palacio de Justicia establece obligaciones de reparación a las víctimas en cabeza de su ministro de Defensa y de los altos mandos militares, para que pidan perdón a la comunidad por los delitos ejecutados los días 6 y 7 de noviembre de 1985 que llevaron a las desapariciones mencionadas, las declaraciones de Santos [1] pidiendo “a nombre de los colombianos” que se actúe en sentido contrario, y que más bien se pida perdón al Ejército, constituyen una manifiesta y flagrante insubordinación contra el Estado de derecho.

Así mismo, consideramos que las descalificaciones hechas por el Presidente Santos a la decisión de pedir a la Corte Penal Internacional que someta a estudio una eventual responsabilidad del ex presidente Belisario Betancur
 [2], evidencian la intención del Gobierno de beneficiar, con el fenómeno de la impunidad, a los mas altos dignatarios comprometidos en graves de crímenes contra la humanidad como lo es la desaparición forzada de personas.

Este alzamiento público contra las decisiones de los jueces de la República pone en riesgo la vida y la integridad de los magistrados que confirmaron la sentencia condenatoria contra el Coronel Plazas Vega por las desapariciones investigadas, y a la vez estimula a los ciudadanos a desconocer las actuaciones judiciales y cuestionar, por medios distintos a los legalmente establecidos, los pronunciamientos de la justicia. El presidente incumple así su promesa de no controvertir las decisiones judiciales, y continúa la conducta de su antecesor de atacar a los jueces cuando, con sus
decisiones, sancionan conductas criminales de altos responsables estatales por graves violaciones a los derechos humanos.

No es función del Presidente impartir perdones a quienes sean condenados por crímenes graves contra los ciudadanos, y mucho menos hacerlo públicamente en nombre de todos los colombianos.

El ataque del primer mandatario a la independencia de la justicia y a la autonomía que deben tener los jueces de la República para dictar sus decisiones envía a las y los operadores judiciales un mensaje de intimidación frente a la resolución de casos en que están criminalmente comprometidos
altos funcionarios de la Fuerza Pública. Tal es el caso de las miles de desapariciones forzadas agravan y confirman las escasas o nulas garantías para que las víctimas puedan acceder a un recurso judicial efectivo ante las instancias nacionales para la realización de sus derechos a la verdad, a la
reparación de los daños, a la sanción de los responsables y a la garantía de que estos crímenes no se seguirán cometiendo.

Hay que tener en cuenta además las presiones que distintas instancias del estamento militar vienen ejerciendo para imponer en la Constitución y en la legislación nacional una extensión irrestricta del fuero militar de modo tal que todas las operaciones militares y policiales, incluidas las que resulten
en vulneración de los derechos de los ciudadanos, sean consideradas actos del servicio y por ende sean conocidas en primera instancia por los jueces penales militares. No es improbable que estas declaraciones del Presidente Santos se den también en el marco de dichas presiones, las cuales
configuran un ambiente de impunidad y de intimidación en el cual las y los operadores judiciales no encuentran las condiciones necesarias para el ejercicio independiente y autónomo de sus funciones.

Por estas razones, la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, red de 219 organizaciones sociales y de derechos humanos con presencia a nivel nacional, convoca a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional a:

1. Respaldar y pedir respeto por las decisiones de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que confirmaron la sentencia por las desapariciones del Palacio de Justicia, lo mismo que a las demás decisiones de los tribunales de justicia que esclarezcan y castiguen crímenes contra los
derechos humanos, sin consideración a los rangos o cargos de sus responsables.

2. Llamar al presidente Santos a rectificar sus declaraciones y acatar sin ningún tipo de reparos y respaldar la presente sentencia y cualquier otra providencia judicial en que se puedan ver afectados altos responsables de la Fuerza Pública por crímenes contra los derechos humanos, y abstenerse en
el futuro de cualquier declaración que afecte las condiciones de autonomía e independencia de que deben gozar las y los funcionarios de la administración de justicia.

3. Exhortar al Gobierno nacional a brindar plenas garantías a las y los funcionarios judiciales, testigos, apoderados y demás intervinientes en los procesos en que se juzgan graves violaciones de derechos humanos que comprometen a altos funcionarios del Estado.

4. Exhortar a los funcionarios y entidades de la administración de justicia a no dejarse intimidar por el ambiente de descalificaciones y de improperios de otras instancias del Estado, aunque provengan del propio presidente de la República.

Bogotá, 6 de febrero de 2012

Para mayor información contactar a los voceros políticos de la CCEEU:

Gustavo Gallón: Teléfono 317 665 52 20

Alirio Uribe: Teléfono 312 587 49 58

José Humberto Torres: 316 310 62 62

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