Lunes 10 de agosto de 2015

El Cajar presentó a la investigadora del programa, toda la información en la que consta el acompañamiento integral que ha realizado a lo largo de veinticuatro años, a 139 familiares de las 20 personas asesinadas. Este trabajo, que ha implicado la representación ante la justicia colombiana, órganos de control y Sistema Interamericano de Derechos Humanos apoyo en formación, protección, fortalecimiento organizativo, incidencia y publicaciones, no fue tenido en cuenta por el medio de comunicación.

• El programa Séptimo Día de Caracol Televisión, titulado “Desarmonización: La Flecha del conflicto”, emitido los días 26 de julio y 3 de agosto de 2015, hace parte de una estrategia de difamación y persecución contra pueblos indígenas.

• La indemnización obtenida a favor de las víctimas de la masacre del Nilo representadas por el Cajar, fue de 1mil novecientos setenta y siete millones (1.977 millones) y no los casi 20 mil millones que informó falsamente Séptimo Día.

• A pesar de que a la periodista se les facilitó la información respectiva insisten en presentar datos falsos. Exigimos rectificación y llevaremos a cabo acciones jurídicas.

Este capítulo fue un claro ejemplo de abuso del poder mediático, con contenido racista y discriminador, tal como lo han expresado el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC .

En él también se hacen afirmaciones falsas sobre el acompañamiento del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” Cajar, frente a la “Masacre de Caloto”, ocurrida el 16 de diciembre de 1991.

El Cajar presentó a la investigadora del programa, toda la información en la que consta el acompañamiento integral que ha realizado a lo largo de veinticuatro años, a 139 familiares de las 20 personas asesinadas. Este trabajo, que ha implicado la representación ante la justicia colombiana, órganos de control y Sistema Interamericano de Derechos Humanos apoyo en formación, protección, fortalecimiento organizativo, incidencia y publicaciones, no fue tenido en cuenta por el medio de comunicación.

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH se demostró la responsabilidad del Estado colombiano, y en consecuencia entre 2000 y 2004, la mayor parte de familiares de las víctimas recibieron las indemnizaciones conforme los criterios de la época.

Respecto a otros 19 familiares en junio del 2014 el Consejo de Estado, ordenó a la Policía Nacional el pago de las respectivas indemnizaciones las cuales se encuentran pendientes de cumplimiento.

También se dispuso que el General Fabio Alejandro Castañeda y el mayor Jorge Enrique Durán reintegraran a la Nación el 40% de las condenas reconocidas, así como el seguimiento a las medidas de satisfacción ordenadas por la CIDH comola adjudicación de tierras en favor del pueblo Nasa y planes de desarrollo alternativo.

El Colectivo de Abogados recibió como aporte por sus servicios, el 30% de las indemnizaciones pagadas, cifra menor a los estándares establecidos. Esto equivale a 16 mil pesos mensuales ($16.000.oo) por cada persona representada, aporte que, en todo caso, y en consonancia con el carácter de organización sin ánimo de lucro del Colectivo, se ha reinvertido en el acompañamiento jurídico-social del caso.

Ni a los familiares de las víctimas ni a las organizaciones indígenas se les ha solicitado ningún pago por los gastos de litigio penal e internacional, formación, incidencia, protección y publicaciones, en más de 24 de años de acompañamiento que aun continúa.

Manipulación de las cifras:

El Cajar presentó a Séptimo Día, toda la información mostrando que la indemnización obtenida por el Cajar a favor de las víctimas fue de 1mil novecientos setenta y siete millones, y no de 20 mil millones de pesos.

A pesar de ello el programa presentó datos falsos, aprovechando que la cifra reconocida a las víctimasestaba incluida en una resolución donde se contemplaban todas las condenas a la Policía Nacional en ese año, donde también figuraban procesos ajenos a los hechos de este caso.

Así, de mala fe, periodistas comprometidos con intereses ajenos a la verdad distorsionaron perversamente las cifras reales engañando a la opinión pública.

Legalidad de la representación judicial:

De manera engañosa, se presentó a la opinión pública el otorgamiento de poderes al Cajar como un aprovechamiento del analfabetismo de algunos de los familiares de las víctimas, a pesar de que se explicó que los poderes se confirieron con claridad y transparencia a las personas, y que éstas estuvieron acompañados por parientes y organizaciones sociales al momento de suscribirlos. Estos documentos fueron reconocidos por tribunales nacionales e internacionales y no han sido objeto de ningún cuestionamiento.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” exige responsabilidad y rectificación a Caracol Televisión y su programa Séptimo Día frente a la manera de abordar situaciones que afectan a sectores vulnerables como los pueblos indígenas y los defensores de derechos humanos, que por su condición de riesgo ameritan mayor rigor en el manejo informativo.

Igualmente, instamos a que la actividad periodística profundice en los aspectos más destacados de esta problemática como son la responsabilidad del Estado en violaciones de derechos humanos, ya reconocida por la justicia y las propias autoridades involucradas, en las obligaciones de éstas que aún no se han cumplido,lo que agudiza los conflictos sociales.

Como organización social sin ánimo de lucro ponemos a disposición de la ciudadanía y la prensa imparcial toda la documentación y la información sobre este caso.

Bogotá, 5 de agosto de 2015

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