Miércoles 1ro de noviembre de 2017, por Prensa - Colectivo

Ocho gobiernos y 32 años lleva buscando la verdad sobre la desaparición forzada de su hermano Bernardo Beltrán Hernández, trabajador de la cafetería del Palacio de Justicia. Este sábado 4 y domingo 5 de noviembre -como antesala a la conmemoración del Holocausto- su familia recibió el informe técnico científico de Medicina Legal y Fiscalía que volvió a negar la responsabilidad del Estado en los hechos del Palacio de Justicia.

Sandra no sintió alivio cuando le dijeron que los restos de su hermano Bernardo Beltrán Hernández habían aparecido en la tumba del magistrado auxiliar Carlos Julio Echeverry en Manizales. A pesar de que es importante para ella y su familia saber dónde están ahora los restos de su hermano, siente que no tiene nada que agradecerle a la Fiscalía ni al Estado colombiano quienes han actuado con negligencia y complicidad durante décadas; por otra parte, siente que nunca quiso causarle a otra familia el dolor que la suya ha vivido por 32 años. Un dolor que les ocasionó profundo daño hasta el final de sus vidas a su madre y su padre, varias enfermedades y rupturas en su tejido familiar.

Vea aquí las entrevistas sobre hallazgo de los restos de Bernardo Beltrán

Bernardo Beltrán Hernández era un hijo y hermano tierno, trabajador, impecable en su presentación y su trabajo, el 14 del equipo de fútbol de su barrio, enamorado de su novia de colegio y amiguero. Así lo recuerda Sandra Beltrán Hernández, su hermana, la última que lo vio cuando salió de su casa el 6 de noviembre de 1985 como todas las mañanas y nunca volvió. Al medio día, Sandra se enteró en un supermercado Idema cercano a su casa que el Palacio de Justicia, donde Bernardo trabajaba como mesero, había sido asaltado por un comando guerrillero del M19. Sin pagar las compras salió hacia su casa angustiada, a avisarles a sus padres lo que pasaba. Sus hermanos, tíos y vecinos, empezaron a llegar a la casa de Bernardo sin poder creer lo que pasaba.

Esa fue la noche más larga de mi vida, recuerda Sandra. “Mi mamá se puso a planchar mientras lloraba y lloraba” Quizás para hacer algo con la angustia que sentía y que no la dejó conciliar el sueño, ni a nadie en la casa. Al día siguiente su madre María y su padre Bernardo se fueron para la Plaza de Bolívar, en donde está ubicado el Palacio, a buscar a su hijo. Las respuestas fueron nulas o confusas, pero dentro de todas ellas encontraron una pista y así fueron los padres a dar al Cantón Norte sede de la Escuela de Caballería, donde les mostraron una lista de detenidos donde tampoco estaba Bernardo.

El Instituto Nacional de Medicina Legal se convirtió en un campamento para la familia de Bernardo y las otras 11 familias de trabajadores y trabajadoras de la cafetería, y visitantes ocasionales que también eran buscados por sus familiares. Allí permanecían día y noche, por turnos, en el caso de la familia de Bernardo, revisando los cuerpos que entraban, 96 según se supo después, de quienes murieron en diferentes circunstancias durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia.

La toma del 6 y 7 de noviembre de 1985 al Palacio de Justicia efectuada por el comando guerrillero del M-19 buscaba dar otro golpe mediático de los que ya acostumbraban en esa época. Después de la toma de la Embajada y el robo de armas del Cantón Norte, esta vez 35 integrantes de esta organización iban a juzgar al presidente de la época, Belisario Betancur Cuartas, bajo la proclama “Antonio Nariño por los derechos del hombre”, en respuesta a los repetidos incumplimientos por parte del Estado a la tregua pactada dentro del proceso de paz con esta guerrilla.

El Ejército ya lo sabía y, deliberadamente, los dejó completar su plan. Entre tanto dispuso el suyo propio, El Plan Tricolor, con tanques, rockets, 2000 hombres en armas del batallón guardia presidencial, la Brigada XIII, la Policía Militar, así como los organismos de inteligencia del Ejército y la Policía y apoyos de Brigada I, VII y la Escuela de Suboficiales de la Policía de Sibaté. La Casa del Florero fue dispuesta como puesto de mando adelantado –el más próximo al escenario del combate- a cargo de Edilberto Sánchez Rubiano. El Coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería, asumió de hecho el mando de la operación en la Casa del Florero después de haber dirigido el ingreso de los tanques al Palacio, como reposa en múltiples pruebas durante el proceso.

Por su parte, el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la XIII Brigada, asumió la dirección de toda la operación que buscaba acabar definitivamente con un enemigo en el terreno militar, la guerrilla del M19, pero también con la Corte Suprema de Justicia, como se concluye después de miles de folios y tres décadas de proceso penal.

“Ninguna de las balas que asesinó a los magistrados de la Corte eran del M19” afirma de manera tajante el abogado del caso Eduardo Carreño Wilches, integrante del Cajar, quien agrega que la prueba está en los informes detallados que se hicieron del armamento con que contaba la guerrilla y su comparación con los impactos en los cuerpos de los magistrados. Y añade “Existían informes de magistrados a quienes se les consideraba no afectos al Estado por sus fallos a favor de los derechos laborales, del estado social de derecho o por sus posturas contra el Estatuto de Seguridad”. Uno de esos informes se conoció el año pasado en una de las últimas diligencias judiciales, fue elaborado por el entonces Capitán Oscar Naranjo, director de Policía Judicial e Investigación, Dijin, e incluye un listado de personas que salieron con vida, de presuntos guerrilleros y un esquema del Palacio de Justicia.

Ni Sandra ni su familia sabían entonces nada de ese país. Fue su propia tragedia la que los condujo a descubrirlo. Mientras los planes del Ejército concluían con el saldo trágico de 96 personas muertas entre civiles y combatientes, ellos seguían buscando a los trabajadores de la cafetería y otros visitantes ocasionales. Así se conocieron con las otras 10 familias, así se encontraban en las oficinas del DAS, la Sijin, la Dijin, Medicina Legal, una y otra vez, y así construyeron la esperanza de que donde estuviera uno, estaban todos. Pero la búsqueda fu infructuosa. Sus seres queridos habían desaparecido.

Dos semanas después y por medio de una de las familiares se pusieron en contacto con el abogado Eduardo Umaña Mendoza, defensor de derechos humanos quien fue el único que quiso acompañar su búsqueda. De su mano entendieron por qué sus familiares habían sido declarados blancos militares acusados de haber colaborado con el M19 para la toma del Palacio, una tesis que buscaba justificar lo injustificable y que lograron desvirtuar ante los tribunales.

El abogado Eduardo Umaña con otros juristas y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asfaddes, lograron que en la nueva constitución de 1991 en Colombia se prohibiera el delito del que habían sido víctimas: la desaparición forzada de personas, es decir la privación de la libertad de forma ilegal por parte de un agente del Estado que oculta el paradero de la persona y posteriormente niega su responsabilidad en el hecho. Luego, en 1998, lograron las primeras exhumaciones en el Cementerio del Sur donde fueron enviados los restos óseos de quienes no fueron reclamados o identificados en Medicina Legal.

Pese a todos esos esfuerzos, a la persistencia de los familiares de la cafetería y visitantes ocasionales, la búsqueda de las y los desaparecidos no tuvo ni un solo avance durante 10 años, mientras el proceso penal se detuvo por 20 años. El único intento de investigar lo ocurrido en la época fue el Tribunal Especial de Instrucción Criminal el 31 de mayo de 1986 creado por el Presidente Betancur y el Ministro de Justicia, Enrique Parejo, para que investigara los hechos. Ante este Tribunal a cargo de los juristas Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata, los familiares de la cafetería tuvieron que probar que sus seres queridos sí habían estado en la escena de los hechos. Este informe reveló que se conocían previamente los planes del M19, que había personas desaparecidas e inconsistencias múltiples en un operativo militar que en su momento fue concebido como el plan perfecto.

Y el plan hubiese sido perfecto, señala Sandra, de no ser por las horas y horas de grabación de los noticieros de televisión, nacionales y extranjeros, que años después se convirtieron en pieza clave para comprobar que al menos cinco de las trabajadoras y los trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia habían salido con vida, al igual que muchos otros civiles, magistrados auxiliares como Carlos Horacio Urán y guerrilleros como Andrés Almarales.

Fue cuando la Fiscal Ángela María Buitrago asumió el caso en 2005, que la investigación tomó un nuevo rumbo, y ella comenzó a ordenar pruebas y rescatar archivos que antes habían sido descartados. En una de esas grabaciones de televisión estaba la imagen de Bernardo Beltrán saliendo con vida del Palacio y allí lo volvieron a ver Sandra y su familia.

Mediante la prueba de video de cinco de los desaparecidos de la cafetería saliendo del Palacio en compañía de agentes del Ejército o la Policía, y la prueba de audio del general Arias Cabrales dando la orden de desaparecer a Irma Franco, se estableció el Modus Operandi con el que actuó la fuerza pública en el Palacio de Justicia:

Previamente, recuerda el abogado del caso Eduardo Carreño, mediante informes de inteligencia, la fuerza pública señaló a varios civiles de colaborar con la toma del Palacio o de ser integrantes del M19. Cuando se produjo la toma y el posterior rescate de rehenes, estas personas que fueron catalogadas como "especiales" fueron conducidas a la Casa del Florero y de allí divididas entre el Cantón Norte y el Batallón Charry Solano donde fueron interrogadas, terriblemente torturadas y asesinadas” añade.

El hallazgo de los restos de Bernardo Beltrán también permite establecer lo que pasó después, cuando sus cuerpos sin vida fueron retornados al Palacio de Justicia y quemados en el cuarto piso. Allí fueron manipulados para confundirlos. Esta es, en principio, la explicación de por qué, 32 años después están apareciendo restos en tumbas equivocadas, como ya ocurrió con Cristina del Pilar Guarín Cortés, Luz Mary Portella León y Héctor Jaime Beltrán Fuentes. Más que un error se trató de un método para esconder las evidencias de lo ocurrido. “No dejaron nada al azar”, asegura el abogado.

Este modus operandi para el caso de los 11 trabajadores de la cafetería, visitantes ocasionales y el magistrado Carlos Horacio Urán fue ratificado por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2014, cuando declaró culpable al Estado colombiano por su desaparición forzada y le ordenó continuar con las investigaciones hasta establecer la responsabilidad individual de todos los autores materiales e intelectuales de estos hechos.

Para la familia de Sandra y su abogado, esa autoría está clara: Se trata de la cadena de mando encabezada por el presidente Belisario Betancur, Miguel Vega Uribe, Ministro de Defensa y el comandante general de las fuerzas militares Rafael Samudio Molina, así como el Comandante de la XIII Brigada del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales, el subjefe de la Brigada Luis Carlos Sadovnik Sánchez, el coronel Iván Ramírez Quintero, comandante de inteligencia y contrainteligencia del Batallón Charry Solano, el coronel Rafael Hernández López y el mayor Carlos Alberto Fracica Naranjo de la Escuela de Artillería, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano del B2 de la Brigada XIII, y el entonces coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería. “Todos ellos estuvieron presentes en la escena de los hechos coordinando personalmente lo que pasaba con quienes eran rescatados con vida y conducidos a la Casa del Florero”.

También la comandancia de la Policía a cargo de Víctor Alberto Delgado Mallarino, y el Comandante de la Policía de Bogotá, José Luis Vargas Villegas, así como integrantes del DAS cuya presencia era coordinada por el director de la época, General Miguel Maza Márquez.

Para establecer las responsabilidades penales, las decisiones judiciales nacionales han tenido en cuenta pruebas directas como los videos y grabaciones radiofónicas, pero no los indicios –a pesar de ser concluyentes- de lo que ocurrió con todas las personas que salieron vivas y luego fueron desaparecidas de manera forzada. Con base en estas pruebas, en enero de 2016 fue condenado el coronel Edilberto Sánchez Rubiano por la desaparición forzada de Bernardo Beltrán y Carlos Rodríguez Vera, ambos trabajadores de la cafetería y el juez que lo condenó, ordenó continuar la investigación en los otros casos. Esta decisión fue apelada y en la actualidad se espera una decisión de segunda instancia.

El 24 de octubre de 2014 el Tribunal Superior de Bogotá ya había condenado en segunda instancia al general Arias Cabrales por la desaparición de cinco de los empleados de la Cafetería y ordenó también continuar la investigación respecto de la desaparición forzada de las otras seis personas de este grupo. En la actualidad, el fallo se encuentra en revisión en la Corte Suprema, donde se espera una sentencia desde 2015.

Pero el panorama en la Corte Suprema de Justicia no es nada alentador. El reciente anuncio del general Arias Cabrales de postularse al sistema de justicia transicional del Acuerdo de Paz y su posterior retractación hacen pensar que en su caso se repita una insólita absolución del máximo tribunal, como la que cobijó al coronel (r) Alfonso Plazas Vega y que desconoció testimonios de personas torturadas, pruebas documentales y de video que confirman el control que ejerció todo el tiempo sobre las operaciones en la Casa del Florero.

Después de estos años de profunda soledad, impunidad e incluso del estigma en que se convierte tener un familiar desaparecido, no existe reparación posible, señala Sandra. “Nada puede enmendar el daño causado a 11 familias". Un daño que comenzó con los hechos del Palacio de Justicia y que se ha prolongado con el pacto de silencio. Por eso después de 32 años y ocho gobiernos lo único que espera ahora es justicia y verdad, saber quién y por qué mataron a su hermano, lo quemaron y lo escondieron en la tumba de otra persona.

En el informe que recibieron este 4 de noviembre, se quedaron sin las respuestas que esperaban del Estado. Por el contrario, el fiscal delegado del caso Jorge Hernán Díaz Soto, negó una vez más la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada de su hermano y redujo los hechos a un error de identificación y puso en duda el hecho mismo de la desaparición forzada. También afirmó, contra toda evidencia y contra el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la única responsabilidad probada es del M19.

Estas afirmaciones causaron profunda indignación en Sandra y su familia y en las víctimas del Palacio de Justicia presentes, así como en sus abogados quienes le recordaron las múltiples pruebas de la responsabilidad de agentes estatales, incluyendo la prueba de que Bernardo Beltrán salió con vida del Palacio de Justicia.

Al día siguiente, en la ceremonia religiosa que se llevó a cabo en Fontibón, volvieron a recordar a Bernardo por sus grandes cualidades. Y lo despidieron allí, en su barrio, con sus amigas, amigos y compañeros de colegio, como el estudiante de Mesa, Bar y Restaurante del Sena, el hijo, el amigo, el tío y el sobrino amoroso que vivirá para siempre entre los suyos.

Escuche aquí el especial Cajar-Banca del Parque sobre el caso

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