Lunes 4 de abril de 2016, por Coordinación Regional del Pacífico Colombiano

Durante los días 31 de marzo y 1 de abril los pobladores de las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó sufrieron amenazas de los paramilitares del “Clan Úsuga”, que crearon pánico y terror en las comunidades. La CRPC a través del comunicado que transcribimos a continuación exige al Estado disponer de toda su capacidad para detener la acción violatoria contra el DIH, los DDHH y el Derecho de los Pueblos.

La Coordinación Regional del Pacífico Colombiano (CRPC), integrada por las jurisdicciones eclesiásticas de Istmina-Tadó, Quibdó, Apartadó, Tumaco, Guapi y Buenaventura inspiradas en los valores del Evangelio, junto con organizaciones étnico-territoriales, sociales y de víctimas de afrocolombianos e indígenas, manifiesta ante la sociedad colombiana y la comunidad internacional la siguiente denuncia pública:

HECHOS

1. Durante los días 31 de marzo y 1 de abril de 2016, las comunidades ubicadas en los municipios de las cuencas del río Atrato, tanto en la margen de Chocó como de Antioquia, el río San Juan y el río Baudó, han sufrido las consecuencias de las amenazas de los paramilitares autodenominados “Clan Úsuga”.
2. Estas amenazas, recibidas por diversos medios, han sembrado el pánico y han hecho que la vida normal se detenga, al obligar a los establecimientos comerciales, medios de transportes y centros educativos a no realizar sus actividades, por el miedo a que se cumplan tales amenazas de muerte.
3. Este denominado “Paro pacífico”, que terminó siendo un paro armado, se realiza en poblaciones donde hay una presencia significativa de la policía y el ejército nacional, tal como sucedió en el reciente paro armado realizado por ELN los días 14 al 17 de febrero de 2016, cuando quemaron varios vehículos e impidieron la movilidad de la población civil.
4. Estos hechos no están aislados de las amenazas y los asesinatos selectivos que en los últimos meses se han cometido contra algunos líderes comunitarios y defensores de Derechos Humanos.

LLAMADO

Ante estos lamentables hechos expresamos nuestro rechazo y hacemos el siguiente llamado al Estado Colombiano:

1. Exigimos al Gobierno Nacional disponer de toda su capacidad institucional para detener la acción violatoria contra el DIH, los Derechos Humanos y el Derecho de los Pueblos, cometida por grupos paramilitares, subversivos y todo tipo de bandas criminales.
2. Ejercer el control a favor de la población civil en todas las regiones.
3. Con estos paros armados queda resquebrajada la confianza de la población civil en la reconciliación y la promesa de no repetición que ha surgido del proceso de paz, porque se evidencian testimonios de la connivencia que persiste entre algunos miembros de la Fuerza Pública y estos paramilitares, eufemísticamente llamados “Bacrim”.
4. Es necesario que el Gobierno Nacional desarrolle una política integral de auténtico desmonte de todos los grupos armados ilegales, para que ninguno se pueda apoyar en la institucionalidad para desarrollar su accionar criminal vinculado a negocios ilegales, manteniendo el poder y control sobre territorios que han despojado y que no quieren retornar a sus auténticos dueños.
5. Es urgente la intervención para detener estos hechos, pues de lo contrario se estará dejando el camino abierto para que ocurra hechos más trágicos contra la población civil, la cual manifiesta su estado de desprotección por parte del Estado.
6. Solicitamos a los organismos judiciales investigar y judicializar a los responsables de estos hechos.
7. Proteger de manera prioritaria a los líderes y lideresas amenazados.

Para que el proceso de paz conduzca a un verdadero posconflicto, es necesario que se garantice desde el Estado una paz con justicia social, sin paramilitares ni “Bacrim” y que también las FARC-EP y el ELN se comprometan con una paz sin engaños.

ver denuncia original:

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