Martes 28 de marzo de 2017, por , ,
"Si el Estado colombiano no puede garantizar la persecución y sanción de los particulares que voluntariamente financiaron a grupos armados, ni de los más altos responsables de los crímenes cometidos por los grupos armados, incluyendo las fuerzas armadas, la Corte Penal Internacional, deberá hacerlo conforme las facultades dadas por el Estatuto de Roma.” FIDH, CAJAR, CPDH.
Abusos de la Fuerza Pública | Crímenes de Estado | Paz y Derechos Humanos | Paz |
La FIDH y sus organizaciones miembro en Colombia, el CAJAR y el CPDH, manifiestan su preocupación ante las modificaciones realizadas en el proyecto de ley que regula el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), relativas a los criterios para establecer la responsabilidad en la cadena de mando y la participación de terceros, volviendo estos artículos inoperantes.
Ad portas de la ultima etapa de validación del proyecto, las organizaciones esperan que la Cámara de Representantes aprobará un proyecto de ley acorde a la normativa internacional y los derechos de las víctimas.
Para lograr una paz justa y duradera es fundamental desmontar el paramilitarismo, por lo que nos unimos a las voces que rechazan la eliminación de la posibilidad de juzgar y sancionar la participación directa e indirecta de terceros en la financiación de grupos paramilitares, como quedó establecido en el proyecto de ley aprobado por el Senado. El proyecto de ley (artículo transitorio 16), establece que la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP- solo podrá juzgar a los civiles cuya participación, haya sido activa o determinante en la comisión de crímenes de guerra y de Lesa Humanidad, lo cual implica que sólo serán sancionados aquellos a quienes se les compruebe una relación directa entre su financiamiento y la comisión de un crimen específico.
De este modo, se desconoce lo acordado en el numeral 32 del punto 5 sobre justicia del Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC, y el fenómeno recurrente y alarmante de la responsabilidad de los empresarios en las zonas de conflicto, quienes apoyaron el mantenimiento de grupos armados a sabiendas de los crímenes atroces cometidos por los mismos, en aras de obtener provecho económico.
Igualmente son preocupantes las limitaciones establecidas respecto de la responsabilidad del mando (artículo 23 transitorio), al establecer numerosas condiciones concurrentes y que desdibujan lo establecido en el artículo 28 del Estatuto de Roma. El proyecto de ley habla de “control efectivo de la respectiva conducta”, mientras que la norma internacional habla de “control efectivo de las fuerzas a su cargo”. Para la Fiscal de la CPI, “La pregunta de si un comandante ejercía mando o control efectivo se responde simplemente con preguntarse si el superior tenía capacidad material de prevenir o castigar los delitos cometidos por sus subordinados” [1] sin que sea necesario para todos los casos otro tipo de consideraciones.
Del mismo modo, el Estatuto de Roma no exige un conocimiento cierto del crimen cometido sino que “hubiere sabido o hubiere debido saber”, es decir que él superior podría ser responsable si “tiene información que le hubiera puesto sobre aviso de los delitos, pero también en caso de que no hubiera hecho uso de los medios que tenía a su disposición para tomar conocimiento de los delitos” [2], mientras que el proyecto de ley exige un “conocimiento actual o actualizable”, sin definir lo que quiere decir actualizable.
Estas disposiciones además de vulnerar los derechos de las víctimas, son un claro obstáculo al logro real de la justicia, la paz y la conciliación en Colombia.
Notas
[1] Fatou Bensouda en Semana, 21 de enero de 2017, “El acuerdo de paz de Colombia demanda respeto, pero también responsabilidad”
http://www.semana.com/nacion/articulo/deseo-corte-penal-internacional-justicia-transicional-en-colombia/512820
[2] Fatou Bensouda en Semana, 21 de enero de 2017, “El acuerdo de paz de Colombia demanda respeto, pero también responsabilidad”
http://www.semana.com/nacion/articulo/deseo-corte-penal-internacional-justicia-transicional-en-colombia/512820
Solicitamos al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la renovación del mandato de la Misión de VerificaciónSaludamos el cese al fuego acordado por el ELN y exhortamos a retomar la vía de la solución negociadaMedidas preventivas y para afrontar el COVID19 en cárceles y otros centros de reclusiónDefensoras y defensores no van más con política de garantías de DuquePiden renovar el mandato integral de la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos HumanosDeclaración Final de la Cumbre de Delegados/as No Estatales de Instancias Derivadas del Acuerdo Final de PazLa FIDH y sus ligas en Colombia llaman al Estado al cumplimiento integral del Acuerdo de PazAlerta Temprana: Heridos en desalojo de Hidroituango en Sabanalarga, AntioquiaCorte Emite sentencia en el caso de los desaparecidos del Palacio de JusticiaDenuncia Pública: Fuerzas armadas ponen en riesgo al pueblo AwáHonduras : Resolución del Buró internacional de la FIDH400 campesinos son desalojados por el ESMAD en Portachuelo Sabanalarga, AntioquiaHostigamientos a campesinos en Planadas-TolimaPrograma especial sobre el caso del Palacio de Justicia 15 años sin Jaime, 15 años sin justicia, 15 años de impunidadTribunal de Justicia y Paz reconoce como víctima colectiva a comité de mineros del Sur de Bolívar Escuela de paz, memoria histórica y reparación colectivaPor más de 5.500 delitos fue condenado Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, máximo comandante del Bloque Mineros Las víctimas de crímenes de Estado existen en Colombia - Jornada de movilizaciónManuel Cepeda Vargas: un hombre de pazIntervención Movice ante la Corte Constitucional sobre ley de amnistía e indultoFaltan 9 días para el cierre de la Convocatoria del Premio Nacional de Paz 2014Las víctimas de crímenes de Estado existen en Colombia - Jornada de movilizaciónIntervención Movice ante la Corte Constitucional sobre ley de amnistía e indultoNi una gota de sangre más en BojayáTercer informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en ColombiaPor ejecuciones extrajudiciales Estado colombiano pidió perdón en Saravena, AraucaAmenazada líder social del Comité de memoria y veeduría a los procesos de reparación del municipio El CastilloFaltan 9 días para el cierre de la Convocatoria del Premio Nacional de Paz 2014Cartilla: El Nuevo Acuerdo de Paz bien explicaditoTercer informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en ColombiaIntervención de Jomary Ortegón Osorio - Incorporación del Acuerdo de Paz a la ConstituciónPlataformas de derechos humanos rechazan nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar El Frente amplio por la Paz expresa su plena disposición para facilitar una veeduría y verificación del cese unilateral del fuegoPronunciamiento público sobre los hechos ocurridos el domingo 8 de octubre de 2017FIDH y CAJAR ¿víctimas de chuzadas? Rechazo a acciones de inteligencia y escucha ilegal del Ejército NacionalBeijing+20: la igualdad, una promesa incumplidaFIDH and its member organisations statement against anti-Black racism in the USA and globally La FIDH y el CAJAR preocupados por el riesgo de fuga de Bernardo MorenoLa FIDH se dirige a la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de la CPIAtentado contra Argemiro Lara – La EuropaPolicías torturan a defensores de derechos humanos Rigoberto Abello y William SánchezAtaque a población por parte del Ejército deja un muerto en AntioquiaDenuncia Pública: Hurto y sustracción de información sensible a Defensores de Derechos HumanosLa FIDH y sus ligas en Colombia llaman al Estado al cumplimiento integral del Acuerdo de PazAlerta Temprana urgente sobre situación de riesgo inminente para integrantes del Movimiento Ríos Vivos en especial para su vocera Isabel Cristina Zuleta LópezPlan Colombia con enfoque militarLa “pesadilla del DAS” continuaDiálogo amplio nacional para salvar el Acuerdo de PazArtículos sobre extradición, nueva sala y otros del reglamento de la JEP son inconstitucionales y vulneran derechos de las víctimas
Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA
Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"
Ed. Avianca: Calle 16 No. 6-66 Piso 25 - Bogotá DC - Horario de Atención: Martes a Viernes, 2 a 5 pm - PBX: (571) 7421313 - FAX: (571) 2824270 - Apartado Aéreo: 33035
Contáctenos