Viernes 16 de octubre de 2009, por
La Coalición Europea para la Justicia Corporativa (ECCJ, en inglés) solicitó en días pasados a la Unión Europea, que regule las actividades de las empresas europeas fuera de las fronteras de la UE para que respeten de igual forma sus compromisos con la transparencia o el respeto al medioambiente
Víctimas del conflicto | Abusos de las transnacionales | Colombia |
La ECCJ, que representa a más de 250 organizaciones de la sociedad civil en 15 países europeos, se reunió esta semana con eurodiputados y representantes de la Comisión Europea para denunciar malas prácticas que, a su juicio, llevan a cabo empresas europeas en terceros países.
La ECCJ, que representa a más de 250 organizaciones de la sociedad civil en 15 países europeos, mantiene reuniones desde hoy y hasta el próximo miércoles con eurodiputados y representantes de la Comisión Europea para denunciar malas prácticas que, a su juicio, llevan a cabo empresas europeas en terceros países.
La asociación presentó hoy ante miembros del Parlamento Europeo, como el eurodiputado de los Verdes Pascal Canfin, quejas sobre la gestión de la eléctrica Unión Fenosa (que fue absorbida por Gas Natural) en Colombia y del grupo siderúrgico ArcelorMittal en Sudáfrica.
Según Omar José Mendívil, coordinador de Red de Usuarios del Caribe, que engloba a 40 organizaciones comunitarias colombianas, la UE debería tomar medidas para que multinacionales como Unión Fenosa, que presta el servicio público de energía en la costa caribeña de Colombia, cumplan con las mismas garantías que en Europa.
A su juicio, la compañía española no realiza las inversiones necesarias en las redes de esa zona por "no ser rentable", y no mantiene una coherencia en la facturación a esos usuarios.
"Una empresa no puede cargar a los usuarios la mala prestación de un servicio. Pero ha subido las tarifas, y los usuarios se niegan a pagarlas", indicó a Efe Mendívil.
Por otro lado, el líder de la ONG sudafricana Alianza para la Justicia Medioambiental, Samson Mokoena, lamentó la gestión por parte de ArcelorMittal de su planta de acero situada en la región industrial del Triángulo de Vaal, a la que responsabiliza de gran parte de la contaminación en la zona.
Mokoena reclamó que la empresa se haga responsable de la limpieza del área afectada y de sus consecuencias para la población, y que haga público un informe de gestión medioambiental concluido en 2003, en el que la compañía debía revelar sus niveles de contaminación.
Por su parte, tanto Unión Fenosa como ArcelorMittal aseguran haber puesto en marcha estrategias de responsabilidad social, detalladas en sus respectivas páginas web corporativas, con el objetivo de mantener un diálogo con todas las partes implicadas en sus actividades y realizar un seguimiento de sus compromisos con sus empleados, las comunidades o el desarrollo sostenible.
La Comisión Europea, en su comunicación (documento no legislativo) de 2006 sobre la responsabilidad social de las empresas, no fijó obligaciones pero sí que subrayó la conveniencia de que las compañías aborden de forma "voluntaria" las "preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones empresariales y sus relaciones con sus interlocutores".
"Hay empresas que deciden ir más allá de los requisitos jurídicos y obligaciones mínimos presentes en los convenios colectivos para abordar las necesidades de la sociedad", señala el documento, que destaca la importancia de esa política tanto dentro como fuera de la UE.
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Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"
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