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Violencia, tierra y paz - Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo"

Sobre la restitución de tierras
Violencia, tierra y paz

Jueves 30 de septiembre de 2010, por Carlos Medina Gallego

El programa de restitución de tierras no contiene ninguna reforma Agraria, ni toca en lo esencial el problema de la propiedad de la tierra, se construye sobre la recuperación de las tierras expropiadas a través de la violencia y decomisadas a narcos, paras y testaferros, lo que en la práctica significa una nueva situación de guerra por la propiedad restituida como ya se ha comenzado a manifestar con el asesinato de dirigentes campesinos y el inicio de un nuevo ciclo de expulsión y de violencia.

Víctimas del conflicto | Colombia | Derecho a la tierra |

El despojo es un crimen que ha sido cometido por delincuentes que tienen que ser investigados y deben ser condenados, no es que las tierras cambiaron de dueño solas, es que se cometieron asesinatos, masacres y se genero desplazamiento y desarraigo, por individuos que estaban interesados en concentrar la propiedad a cualquier precio y que están ahí, vigilantes, dispuesto a desafiar la ley de tierras en su programa de restitución.

Es absolutamente claro como la política de tierras tiene que tomar en consideración el problema de la restitución y eso significa, en lo esencial, reconstruir el estado inicial de la propiedad al lugar en que se encontraba antes de que se iniciara el despojo y el desarraigo. A partir de allí, comienza lo nuevo en materia de adjudicación de tierras si es que realmente lo va a haber. Porque, es necesario comenzar por reconocer que la institucionalidad que hoy busca restituir ha sido cómplice del despojo, y es desde esa complicidad que se debe hablar de la deuda social que se tiene con las víctimas: familias campesinas, comunidades indígenas y afrodescendientes.

El reto de la restitución demanda de unos prerrequisitos y unas condiciones particulares que comienzan por reparar a los pequeños y medianos propietarios rurales en términos de ofrecerles la seguridad jurídica y material que evite la repetición del despojo, además, transforme las lógicas productivas del retorno a la propiedad acompañándola de una política que propicie el desarrollo de la economía agrícola y campesina y le cree a los restituidos las condiciones sociales, económicas y políticas para regresar y permanecer en el campo.

El estado tiene que comenzar por establecer la magnitud del despojo y el desarraigo, mirar las implicaciones socioculturales del mismo, el impacto social y emocional, lo que ha significado para el país la pérdida de sentido de la economía campesina, unida a la soberanía alimentaria, la destrucción del tejido social campesino y de sus formas de organización. El viejo Estado liberal sabia que para realizar una reforma agraria era necesario organizar a los campesinos; el nuevo estado neoliberal también tuvo claro que para realizar una contra-reforma era necesario destruir y acabar con la organización campesina. El programa de restitución tiene que comenzar por reconstruir las organizaciones campesinas, víctimas sociales del régimen, para poder ser interlocutor con ellas, recuperar la confianza perdida en una institucionalidad cómplice mediante el reconocimiento de los propietarios, poseedores, ocupadores y tenedores de buena fe y, garantizarles el retorno en condiciones de seguridad extrema y dignidad.

El mayor desafío consiste en adecuar una institucionalidad que opere con eficiencia y eficacia en las tareas de la restitución, y sea capaz de poner en marcha un programa para la restitución material y jurídica en condiciones de seguridad y dignidad suficientes como para motivar el retorno voluntario. En el concepto de algunos analistas, esto demanda la creación de una jurisdicción especializada para la restitución de tierras dentro de la jurisdicción ordinaria de tal forma que se garantice la doble instancia; de darle especial valor a la oralidad de los despojados invirtiendo la carga de la prueba, soportadas sobre las presunciones legales y de derechos que favorezca el acceso de las victimas a la justicia y acumular en un solo proceso las reclamaciones de restitución identificadas en una misma zona. Para algunos comentaristas la solución debe ser inmediata, a través de la expropiación directa por urgencia social, de forma tal que no de tiempo a la reacción violenta de los terratenientes y a “tecnicismos” procedimentales para evitar la restitución de las tierras expropiadas a través de las armas y el terrorismo. Propuesta válida no solo para la propiedad individual, sino para las propiedades colectivas protegidas por la ley para cualquier enajenación como son las tierras de resguardo, las comunales de negritudes y los

Ejidos del estado.

Además de todas las medidas institucionales que garanticen la restitución, se requieren medidas complementarias, ojala concertadas con las comunidades rurales, para apoyar el retorno y ayuden a construir en la perspectiva de una reforma agraria integral y democrática el desarrollo agrario y rural que requiere el país. Proceso de retornos colectivos que viabilicen procesos productivos comunitarios con acompañamiento institucional, no resuelven todavía nada, pero ayudan a reconstruir el lugar desde donde se inicia la lucha campesina por una reforma agraria y rural integral, que ponga fin a la violencia y construya la paz, sino con justicia social, si haciendo justicia con los campesinos.

Afiliaciones

Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA

José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"

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