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El país movilizado exige justicia social, paz y verdad histórica
En este contexto, en el periodo del actual SOS – del 30 de noviembre de 2019 al 30 de enero de 2020- recibimos denuncias de 193 violaciones a los derechos humanos, 30 más que en el periodo anterior, (Agosto – Noviembre de 2019) 73 de ellas asesinatos, 50 casos de abuso de la fuerza pública, la mayoría de ellos en el contexto del Paro Nacional, 16 de hostigamientos, 13 atentados, siete (7) contra líderes sociales y seis (6) contra ciudadanos en el marco del toque de queda decretado por el presidente de la República.
Liberen al Bruno
La Corte determinó varias irregularidades en el proceso y ordenó la creación de una Mesa Interinstitucional conformada por varias entidades estatales con el fin de que resolvieran siete incertidumbres técnicas, sociales y culturales e incluso relacionadas con el cambio climático, con la participación efectiva y real de las comunidades Wayuu.
El Estado tendría prácticamente perdido el caso Petro: Rafael Barrios
El centro del asunto en el caso por la destitución e inhabildidad a un funcionario público por parte de la Procuraduría está en que desconoce la separación de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pilar del Estado social de Derecho. Y la Procuraduría pertenece a la rama ejecutiva.
Pedimos a la JEP adoptar medidas urgentes frente a la negativa del Gr (r) Mario Montoya de aportar verdad en la justicia transicional
Las víctimas y organizaciones de derechos humanos integrantes de la #CampañaPorLaVerdad que suscribimos este comunicado consideramos esta primer diligencia como una burla y un desgaste del mecanismo de justicia transicional, que tiene la tarea de investigar los más graves crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado. Foto: Cspp
Corte Constitucional reitera al Gobierno que Acuerdo de Paz es de obligatorio cumplimiento
Al examinar nuestra demanda, la Corte si bien no declaró inexequible las Zonas, sí las condiciona al señalar que efectivamente estas deben ceñirse a lo definido en el Acuerdo de Paz cuando coincidan con los territorios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET. Foto: verdadabierta.com
Piden a la JEP abrir un caso sobre inteligencia ilegal en el marco del conflicto
Este viernes 7 de febrero, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –que agrupa a más de 200 organizaciones de derechos humanos de todo el país- presentan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el informe El caso del BINCI y la Brigada XX: La inteligencia militar contra la oposición política y social
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Colombia: Urge proteger a abogados y representantes de víctimas del caso ‘falsos positivos’
Ginebra-París, 16 de junio de 2020 – Los actos de vigilancia ilegal militar a 14 abogados y representantes de víctimas de ejecuciones extrajudiciales evidencian la continuación de un patrón de persecución a quienes defienden los derechos humanos en Colombia. Urge tomar medidas de protección que garanticen la integridad personal de quienes trabajan por la verdad y la justicia, ha reclamado el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH).
Rechazamos el asesinato del líder indígena U’wa Joel Aguablanca Villamizar y la militarización del territorio ancestral
Como es de conocimiento público, los hechos ocurrieron en el marco de un operativo del Ejército Nacional de Colombia (Trigésima Brigada de la Segunda División), en el que se buscaba la captura de Darío Quiñonez, alias Marcial, tercer cabecilla del Frente Efraín Pabón...
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El domingo 31 de mayo de 2020, en la jurisdicción de la vereda Río Colorado, municipio de Chitagá, Norte de Santander, fue asesinado el líder indígena Joel Aguablanca Villamizar, dirigente y coordinador de educación de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildo U’was, ASOU’WA.
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El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, defensora de Derechos Humanos en Colombia. En el año de 1980 adquiere su personería jurídica convirtiéndose en una de las primeras organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Colombia compuesta por abogados y abogadas. Cuenta con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos, OEA, ante la ONU.
Defiende y promueve integralmente los derechos humanos, los derechos ambientales y los derechos de los pueblos, desde una perspectiva de indivisibilidad e interdependencia, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa en la perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural.
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