Organización No Gubernamental de Derechos Humanos, afiliada a la FIDH y a la OMCT. Cuenta con estatus consultivo ante la ONU y la OEA.
LO ÚLTIMO DEL CAJAR
Sentencia 36784 – CSJ: María del Pilar Hurtado Afanador – Bernardo Moreno Villegas
La Corte Suprema de Justicia condenó el pasado 28 de abril, a 14 años de prisión a María del Pilar Hurtado, exdirectora del Deapartamento Administrativo de Seguridad, DAS, entre 2007 y 2008 por delitos de espionaje ilegal contra defensores de derechos humanos, periodistas, políticos y magistrados del país. La CSJ también condenó a ocho años de reclusión domiciliaria al ex Secretario General de la Presidencia Bernardo Moreno, enlace entre Hurtado y la Casa de Nariño, también involucrado en estas actividades ilegales. Consulte aquí la sentencia completa.
Civil Society Organizations Call for an End to Inhumane and Environmentally Damaging Aerial Spraying Program in Colombia
We applaud the minister of health’s recommendation and urge the Colombian government to suspend the aerial spraying program intended to eradicate coca and poppy. For over fifteen years civil society organizations in the United States and Colombia have called for an end to this inhumane and environmentally damaging program. The chemical spray used in the program damages delicate ecosystems and destroys food crops. The chemicals are routinely sprayed on people’s houses, farm animals and water sources. (Picture: Prensa Rural)
Organizaciones de la sociedad civil piden poner fin al inhumano y ambientalmente nocivo programa de fumigación aérea con glifosato en Colombia
Aplaudimos la recomendación del Ministerio de Salud y urgimos al Gobierno colombiano a suspender el programa de fumigación aérea destinado a erradicar cultivos de coca y amapola que son considerados de uso ilícito. Durante más de quince años, organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos y Colombia han pedido que se ponga fin a este programa inhumano y nocivo para el ambiente. La sustancia química utilizada en la fumigación daña ecosistemas vulnerables y cultivos de alimentos. El químico es rociado rutinariamente sobre casas, animales domésticos y fuentes de agua. (Foto: Prensa Rural)
Cerrejón compró terreno para desplazar a comunidad, y dejó a niñas y niños sin escuela
Comunidades de Patilla y Chancleta apelan tutela que ordenó transporte en lugar de reconstrucción de su escuela. 38 niños y niñas de las comunidades afrodescendientes de Chancleta y Patilla en la Guajira han perdido su escuela, destruida por la empresa Cerrejón en connivencia con la Alcaldía de Barrancas, en el marco del proyecto de expansión minera de carbón que presiona a la comunidad para que salga de su territorio ancestral, adquiriendo predios para forzar su desplazamiento. El fallo de tutela del 16 de abril del Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas consideró que la manera de amparar el derecho a la educación de las y los niños de Patilla y Chancleta era ordenar que se establecieran rutas para el acceso a la escuela más cercana.
Cambios en la reforma constitucional al fuero penal militar: “Blanco legítimo” sigue vivo
La manera en que el Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública y el Alto Gobierno interpretan el DIH, persiste como preocupación en la reforma modificada. La estrategia de ampliación del fuero militar compuesta por múltiples iniciativas legislativas entre las que se encuentra esta reforma constitucional, desconoce por completo que el DIH es un marco normativo internacional encaminado a la protección de las personas que no participan de las hostilidades y en esa medida es restrictivo de determinados medios y métodos de guerra, no facultativo de acciones para ganarla. Mucho menos se trata de un marco de disposiciones procedimentales para la investigación y juzgamiento. Con base en esa tergiversación, otra reforma legal, el proyecto de ley No. 129 de 2014 (1) , mantiene viva la figura del “blanco legítimo” y del “daño colateral” entre otras figuras, que interpretan que el DIH otorga licencias para matar civiles en determinadas circunstancias.
Three indigenous people killed, others at risk
Members of the Indigenous community of Cerro Tijeras in northern Cauca Department, south-western Colombia, have been killed and others possibly forcibly disappeared. Further death threats against Indigenous Peoples in the area have also been reported.(Picture ACIN – Çxhab Wala Kiwe)
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Presentan edición del informe de la comisión histórica del conflicto y sus víctimas
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JOSÉ ALVEAR RESTREPO
Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: “Conflictos del trabajo: la huelga” Leer más
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