Seguiré utilizando todas las instancias del orden nacional e internacional (Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA) para dejar clara mi plena inocencia, y decirle a la comunidad nacional e internacional que a pesar del martirio al que he sido sometido, sigo con la frente en alto y desde la cárcel estoy cumpliendo con mis actividades que he realizado toda mi vida, como es la de ser defensor de los derechos humanos, por que ejercer esa noble y loable actividad en este País implica asumir un riesgo, lo seguiré asumiendo y estoy seguro que al final del sendero, la luz de la verdad brillará con todo su fulgor y la ignominia a la que he sido sometido la venceremos, por cuanto definitivamente la verdad me hará libre.

Este lunes 2 de febrero de 2015, se inició el juicio al suboficial de inteligencia del Ejército Fredy Francisco Espitia Espinosa, asesor de comando en la escuela de Inteligencia Brigadier Charry Solano por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio agravado en concurso con concierto para delinquir en el caso del sindicalista e integrante de la Unión Patriótica, UP, Jorge Darío Hoyos, asesinado en Fusagasugá el día 3 de marzo del 2001. El esclarecimiento de la verdad histórica del crimen contra el sindicalista Jorge Darío Hoyos debe llegar hasta sus máximos responsables, y contribuir a su vez a la verdad histórica de la violencia antisindical y el exterminio de la UP en Colombia.

El pasado mes de agosto de 2014, la Policía Nacional publicó una nota de prensa en el diario EL TIEMPO reconociendo su responsabilidad en la muerte del joven Manuel Edgardo Álvarez Silva, en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado de abril de 2013. Después de 14 años de impunidad, este paso en la justicia se vio empañado por el hecho de que, después de un año de emitida la sentencia, la Policía hizo la publicación en condiciones no satisfactorias para la familia. A continuación, reproducimos el texto que la familia aprobó para honrar la memoria de su ser querido:

Esta sentencia constituye un gran precedente en materia del derecho a la Reparación Integral a las víctimas, puesto que, además de condenar a las entidades responsables de éste crimen al pago de los perjuicios inmateriales en modalidad de daño moral, el alto tribunal de lo contencioso administrativo reconoce a favor de las víctimas una serie de medidas de carácter no pecuniario, en atención a los criterios que, a nivel del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, se han consolidado como mínimos del derecho a la reparación. Dentro de las medidas ordenadas por parte del Consejo de Estado se encuentran: