La Contraloría General de la República profirió en contra del exministro Hernán Martínez Torres y de la firma Prodeco un fallo de responsabilidad fiscal por haber firmado un otrosí en 2010 sin los debidos estudios previos y sin la planeación necesaria para un contrato de esa envergadura. Como consecuencia de ese otrosí el Estado dejó de recibir regalías y contraprestaciones económicas en una cifra en pesos equivalente al monto de la condena. Las regalías que por ese otrosí no se causaron estaban destinadas a satisfacer necesidades básicas de los pobladores del departamento del Cesar y en particular de los municipios de Becerril, La Jagua de Ibírico y El Paso. (Foto: El lado oscuro del carbón)

We applaud the minister of health’s recommendation and urge the Colombian government to suspend the aerial spraying program intended to eradicate coca and poppy. For over fifteen years civil society organizations in the United States and Colombia have called for an end to this inhumane and environmentally damaging program. The chemical spray used in the program damages delicate ecosystems and destroys food crops. The chemicals are routinely sprayed on people’s houses, farm animals and water sources. (Picture: Prensa Rural)

Aplaudimos la recomendación del Ministerio de Salud y urgimos al Gobierno colombiano a suspender el programa de fumigación aérea destinado a erradicar cultivos de coca y amapola que son considerados de uso ilícito. Durante más de quince años, organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos y Colombia han pedido que se ponga fin a este programa inhumano y nocivo para el ambiente. La sustancia química utilizada en la fumigación daña ecosistemas vulnerables y cultivos de alimentos. El químico es rociado rutinariamente sobre casas, animales domésticos y fuentes de agua. (Foto: Prensa Rural)

Comunidades de Patilla y Chancleta apelan tutela que ordenó transporte en lugar de reconstrucción de su escuela. 38 niños y niñas de las comunidades afrodescendientes de Chancleta y Patilla en la Guajira han perdido su escuela, destruida por la empresa Cerrejón en connivencia con la Alcaldía de Barrancas, en el marco del proyecto de expansión minera de carbón que presiona a la comunidad para que salga de su territorio ancestral, adquiriendo predios para forzar su desplazamiento. El fallo de tutela del 16 de abril del Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas consideró que la manera de amparar el derecho a la educación de las y los niños de Patilla y Chancleta era ordenar que se establecieran rutas para el acceso a la escuela más cercana.