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En diferentes medios se caracterizó a los supuestos terroristas, presentando como indicios de sus actividades criminales el hecho de estudiar o haber estudiado en universidades públicas; de ser dirigentes estudiantiles o barriales, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos; de pertenecer al Congreso de los Pueblos, o de tener vínculos laborales con la administración distrital. Sus actividades, junto con las publicaciones de estas personas en redes sociales, fueron suficientes para que fueran expuestas públicamente, sin consideración a sus familias, ni a sus derechos y garantías judiciales.

Este accionar de las autoridades es lo que se conoce como “falsos positivos judiciales” que son sistemáticos montajes judiciales contra dirigentes del movimiento social y población civil en general en el afán de mostrar resultados. Según datos del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, estos “falsos positivos judiciales” han representado más de 13.000 demandas administrativas al Estado por errores judiciales, lo que compromete cerca de 27 billones de pesos del presupuesto nacional.

Después de la multitudinaria Marcha Carnaval en Defensa de la Vida el pasado 5 de junio, donde participaron más de 68.000 personas en el Tolima, la presentación de la comparsa ambiental en el desfile nacional del folclor el 28 de junio y la gran receptividad ciudadana al llamado a defender nuestro territorio y rechazar el proyecto minero La Colosa; La suspensión del decreto 2691 de 2014 por el consejo de estado, la solicitud de suspensión de títulos mineros de Anglogold relacionados con los hermanos Gallón Henao, recién incluidos en la lista Clinton del proyecto gramalote en San Roque Antioquia y el resultado de una investigación del CEDINS titulado “Actividades de Anglogold Ashanti y El Bloque Central Bolívar: ¿Sólo son coincidencias? “, han afectado los intereses de la industria extractiva en Colombia.