Para la fecha se desempeñaba como Sub Jefe de Seguridad de la Refinería de de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, en Barrancabermeja y al mismo tiempo pertenecía a las Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar, AUSAC. La imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del Ex-Capitán del ejército José Eduardo González Sánchez, Alias Mauricio fue dictada por la fiscalía 34 Especializa, Unidad de Derechos humanos de la ciudad de Bucaramanga, por los delitos de Homicidio Agravado y Desaparición Forzada Agravada. El Capitán retirado del ejército, José Eduardo González Sánchez también hizo parte de las filas de las Autodefensas en el frente Lanceros de Vélez y Boyacá; pertenecientes al Bloque Central Bolívar.

Entre noviembre de 2003 y agosto de 2006, se desmovilizaron formalmente más de 30.000 miembros de fuerzas paramilitares en Colombia. De las 40 estructuras paramilitares que existían en 2003, se desmovilizaron 34, a cuyos integrantes comprometidos en violaciones a derechos humanos se les aplicó el marco jurídico de la Ley 975 de 2005, llamada Ley de Justicia y Paz. Esa normativa creó una serie de beneficios legales para los desmovilizados, entre ellos penas alternativas de 5 a 8 años sobre la base de aportar a la verdad plena sobre los crímenes cometidos, las estructuras operativas, los beneficiarios, y los responsables intelectuales y materiales de estos crímenes.

En una jugada sagaz, el gobierno aprovechó este proyecto para revivir la ampliación del fuero penal militar que tumbó la Corte Constitucional el pasado mes de octubre. En esta oportunidad, sin embargo, dicha ampliación tiene de lejos, muchísimo más alcance al establecer que la justicia penal militar entraría a conocer de un amplísimo espectro de delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos,además de todas las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH. El artículo 8 del malhadado proyecto, de manera genérica, establece que serán de competencia de la justicia penal militar los delitos de homicidio, las infracciones al DIH, los delitos contra la población civil, contra la seguridad y existencia del Estado, los delitos contra la protección de la información y los datos, y los delitos contra la fe pública.