A pesar de que Colombia aprobó la Convención contra la tortura a través de la ley 70 de 1986 y las actividades de supervisión del cumplimiento de ésta, no ha efectuado la declaración contenida en el artículo 22 para reconocer la competencia del Comité de recibir comunicaciones individuales, como tampoco ha ratificado el Protocolo facultativo de dicha Convención que establece un sistema de visitas periódicas a los lugares donde se encuentren personas privadas de la libertad. A través de estos mecanismos el Comité podría hacer un seguimiento de las recomendaciones que ha dado al Estado y de los compromisos que el mismo ha adquirido en la lucha contra la tortura y así, lograr disminuir la impunidad que impera en Colombia frente a la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes.

Sus hijos ya no juegan con el agua del río. Sus compañeros no pueden tirar la atarraya, que siempre estuvo llena de peces. La soledad se toma el corregimiento de La Playa. Las familias tuvieron que abandonar sus chozas, pues todas las promesas, son una mentira. Ellas se vinieron con sus hijos a quedarse al frente de la Gobernación para exigir sus derechos. Un puñado de mujeres del pueblo que asombran con su conocimiento del problema que fue su desgracia.

De acuerdo con el comunicado de la Policía, “durante un mes los investigadores recopilaron testimonios y documentos, que sindican al empresario de desconocer nueve fallos judiciales, que le ordenaron devolver entre 200 y 500 hectáreas [de tierras] obtenidas por grupos paramilitares que desplazaron a los dueños.”