El Estado parte debe modificar las disposiciones del Código Penal a fin de que la tipificación del delito de tortura incluya todos los elementos que figuran en el artículo 1 de la Convención, en particular los actos de tortura cometidos con el fin de intimidar o coaccionar a un tercero. El Estado parte debe garantizar también la correcta calificación de los hechos y que los delitos de tortura se castiguen con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad. El Comité recomienda al Estado parte que los delitos de tortura no estén sujetos a un régimen de prescripción, de modo que estos actos se puedan investigar, enjuiciar y castigar sin riesgo de impunidad.

La tragedia ocurrida en el día 13 de mayo en una mina, a orillas del río Cauca, debido a que se inundó la mina y las motobombas no funcionaron a causa de un corte de energía eléctrica tiene en vilo a las familias de los 17 mineros atrapados.
La Corporación Reiniciar, que brinda un acompañamiento jurídico a la comunidad Embera Chamí ubicada en el departamento de Caldas, lamenta este hecho que afecta a los mineros artesanales que se dedican a este oficio desde tiempos ancestrales.