La inmunidad diplomática de la cual gozan los militares estadounidenses, contemplada en un acuerdo bilateral suscrito entre el gobierno de Colombia y el de los Estados Unidos en el año 1974, con base en la Convención de Viena de 1961, origina la impunidad que se ha dado en estos casos. Esta inmunidad, que cobija a agentes, acreditados y no acreditados e incluso a sus familiares, permite el traslado de estos procesos a Estados Unidos donde deben ser investigados pero cuyos procesos no arrojan ningún resultado en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas.

La Corporación Reiniciar condena estas amenazas por cuanto estas constituyen un atentado contra el ejercicio de los derechos políticos y sociales de los militantes de la UP y de quienes aspiran a cargos de elección popular. Estas nuevas amenazas revictimizan a una comunidad de personas, militantes de la UP, que ya fueron objeto de un Genocidio Político que dejó 6.526 personas victimizadas a quienes se les negaron sus derechos políticos.

¿De qué paz nos hablan? Si mientras por todos los medios tratan de convencernos e
involucrarnos para apoyar los diálogos de la Habana, funcionarios que hacen parte del
gobierno nacional siguen involucrados en el narcotráfico, si las mismas fuerzas militares están implicadas en el desplazamiento, si altos funcionarios del Estado están untados de narcotráfico, masacres y se han quedado con muchísimas hectáreas de tierra que eran nuestras, haciéndose pasar por compradores de buena fe, porque cuentan con el poder, el dinero para comprar abogados y jueces que fallen a su favor, para pagar matones que sigan amenazando y asesinando campesinos, reclamantes de tierras y desplazados que han intentado volver al campo.