En su más reciente informe anual global, Human Rights Watch advierte sobre la continuidad del paramilitarismo y de los ataques de las guerrillas contra la población civil en Colombia. También llama la atención sobre iniciativas legislativas para garantizar la impunidad en crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública. De igual forma, reseña las conversaciones de paz que adelanta el gobierno con la guerrilla de las Farc y los anuncios de inicio de conversaciones con la guerrilla del ELN.

El dictamen de Medicina Legal establece que la muerte del líder del Congreso de los Pueblos, Carlos Pedraza, fue producida por “proyectil de arma de fuego [causando] una lesión que se ubicó a nivel del cráneo con una trayectoria de atrás hacia adelante (…) y realizada con un arma de baja velocidad”. Esta evidencia confirma la hipótesis de que su asesinato constituye un crimen político en un contexto en el que líderes sociales -entre los que se encuentran sus compañeros más cercanos- fueron amenazados de muerte. El gobierno fue alertado sobre el riesgo que corren ciudadanos a los que debe garantizar su integridad, pero eligió ignorar los llamados de atención y en cambio habilitó, con su silencio, un contexto favorable al accionar criminal que se extiende hasta estos días.

La Corte Constitucional fallo una sentencia de tutela sobre objeción de conciencia a la prestación de servicio militar obligatorio, donde reitera su jurisprudencia y ordena al ejército a realizar acciones tendientes a que sea de público conocimiento las causales de exhoneración del servicio militar incluyendo la objeción de conciencia, y que se abstenga de realizar las conocidas batidas. Lea aquí la sentencia completa.