Colombia necesita ABOLIR la legislación que criminaliza la protesta social y RECUPERAR la noción clásica del DELITO POLÍTICO que alcanzó su desarrollo jurisprudencial entre 1950 y 1995, que comprende y da un tratamiento diferencial a quien de manera altruista ejerce violencia contra el Estado, así sean errados o desproporcionados los mecanismos usados. Se deben erradicar los desaciertos de la Sentencia C-456 de 1997 que dejó sin cuerpo el delito político y limitó la conexidad al caprichoso del congreso de turno, para recuperar el móvil altruista del delito político y aplicar de manera eficaz las instituciones constitucionales de AMNISTIAS e INDULTOS, conforme a la realidad y necesidad social vigente.

El llamado de todas las víctimas presentes a los funcionarios de la ONU, fue además de que se haga justicia, se de la reparación no se sigan dando hechos de repetición y que se pare la persecución que hoy continua contra los opositores al régimen donde más de 70 militantes de Marcha Patriótica han sido asesinados, otros miles permanecen encarcelados con el agravante que cada día opositores al gobierno siguen siendo sindicados de guerrilleros o colaboradores de la insurgencia y con falsos positivos judiciales encerrados en las mazmorras, mal llamadas cárceles en Colombia, por lo que se le reiteró por enésima vez a la ONU que actúe y exija al gobierno del presidente Santos verdaderos cambios sociales y aperturas democráticas para la población marginal en Colombia donde hoy no hay garantías para ejercer la oposición política.