Así dio comienzo el Foro Nacional de Víctimas, pese a las múltiples críticas por los mecanismos de convocatoria, la restricción en las invitaciones y la metodología empleada en el evento, al que si bien muchos reconocieron como un avance significativo, este no fue un esfuerzo suficiente para dar respuesta a las necesidades y exigencias de las victimas tal como lo expresó el arzobispo de Cali Darío Monsalve en dialogo con Colombia Informa, “el foro en sí es un avance, aunque debería reorientarse más a ser un foro de víctimas para escucharlas y no un foro sobre víctimas para objetivarlas y tematizarlas”.

En Colombia existe una desnaturalización del Delíto Político desde el año 1980, con el fin de quitar el status político a los prisioneros, siendo por ello que la coalición “Larga Vida a las Mariposas” rechaza los intentos de parte del Estado por desaparecer el Delito Político. Dicho en términos populares, la Justicia Transicional y el Marco Jurídico para la Paz, es un enredijo con el que, astutamente, el Estado colombiano, en coro con los grandes medios de comunicación, busca difuminar el Delito Político, llegando a colocarlo al mismo nivel de los Crímenes de Estado, así desvirtuando y descalificando la posibilidad a nivel institucional y estatal de hablar de prisioneros políticos y anulando elementos de victimización desde la misma captura; criminalizando y judicializando el derecho universal a la rebelión en contra de la tiranía y aplicando, de facto, la prisión perpetua y la pena de muerte.

En la coyuntura actual, tanto el establecimiento como sectores de derecha y ultraderecha y medios masivos de comunicación, han abordado la problemática de las y los prisioneros políticos a partir de la premisa equivocada de considerarles “delincuentes”, sin detenerse a analizar las causas estructurales por las cuales se encuentran privados y privadas de la libertad o si las leyes con las cuales han sido procesados y/o condenados son coherentes o no con la realidad política y social del país.