A este atentado, se suma la persecución por la que viene atravesando OSCAR ARTURO por parte de los organismos de seguridad y de justicia del Estado Colombiano y en particular de la Fiscalía General de la Nación, quienes minimizando su papel como dirigente sindical y popular, pretenden condenarlo por supuestos “montajes o auto atentados” en contravía del ejercicio y actividad cotidiana que el compañero diariamente

Los y las ciudadanas firmantes nos dirigimos a la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la “Comisión” o “CIDH”), para solicitar por derecho propio que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, se adopten de manera inmediata medidas cautelares a favor nuestra y del Alcalde Mayor de la Ciudad de Bogotá, Gustavo Petro Urrego , a fin de evitar daños irreparables a nuestros derechos políticos consagrados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.