Primer informe Misión de verificación de situación de derechos humanos en Boyacá

La Comisión identificó prácticas que indican que el ESMAD viene actuando en el departamento como un Ejército de Ocupación, que ha suplantado a la autoridad civil y cometido violaciones sistemáticas, generalizadas e indiscriminadas a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, además de actos de vandalismo, y uso excesivo de la fuerza.

A partir de la información documentada por la Comisión, encontramos que la Fuerza Pública ha cometido ataques múltiples contra diversos derechos fundamentales como la Dignidad Humana, La vida, integridad personal, y en general las libertades civiles y políticas de la población.

De manera preliminar nos permitimos destacar los siguientes hechos que han sido documentados por la Comisión y que serán objeto de un posterior informe:

Disparos indiscriminados con arma de fuego de uso privativo de las fuerzas policiales contra la población, causando varios heridos, principalmente en los sectores de Germania, Altos de Moral y Puente Boyacá.
Heridos con arma blanca y elementos contundentes, en hechos en que se involucra a agentes del ESMAD.

Abuso sexual contra jóvenes (hombres y mujeres) por parte de agentes policiales, además de reiteradas amenazas provenientes de estos funcionarios de agredir sexualmente a las mujeres, esposas e hijas de los campesinos.

Actos de tortura y otros malos tratos que involucran el uso arbitrario de gases lacrimógenos en sitios cerrados, incluso en hogares infantiles ocupados con niños entre 3 y 6 años, lo mismo que el uso de estos elementos que se lanzan y aplican de manera directa el cuerpo de los pobladores.

Ataques contra jóvenes y menores de edad, en condiciones de indefensión, pues se efectúan por fuera de las manifestaciones y en lugares solitarios.

El lanzamiento indiscriminado de gases lacrimógenos desde helicópteros, en lugares de concentración de los campesinos.

El ingreso arbitrario en los lugares de habitación y la destrucción de los bienes de los campesinos.

La identificación, señalamiento, persecución y amenazas contra líderes y lideresas del Paro Agrario en Boyacá.

La detención masiva y arbitraria de manifestantes y otros pobladores en todo el Departamento.

El saqueo, robo de dinero y comisión de otros delitos comunes a manos de la fuerza pública, con el acompañamiento de miembros de la SIJIN, incluso en la capital del departamento.

La ocupación de bienes protegidos por el DIH, como la Institución Educativa Panamericano, Escuela Nueva Sede Bolivariana y la Escuela Paloblanco, ubicadas en Puente Boyacá, al parecer con autorización del rector de las mismas.

El uso de ambulancias para el transportes de miembros del ESMAD, lo cual constituye igualmente una violación al DIH, el uso irregular de emblemas humanitarios y un grave ataque a la Misión Médica.

Ante esta situación, las Organizaciones que conformamos la Comisión de Verificación de derechos humanos

ALERTAMOS

Que ante la falta de escenarios de concertación y diálogo en los que se escuche a los campesinos, sumado la directriz presidencial de reprimir violentamente las manifestaciones, ponen en grave riesgo la vida e integridad personal de las comunidades.

RESPONSABILIZAMOS

Al Presidente de la República Doctor Juan Manuel Santos y al Director General de la Policía RODOLFO PALOMINO, de las graves violaciones a los Derechos Humanos y al DIH, que han sido documentados por esta Comisión y que pueden incrementarse ante las directrices trazadas consistentes en la represión a las manifestaciones.

SOLICITAMOS URGENTEMENTE

El acompañamiento y verificación de la Oficina del Alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, así como la intermediación para que se abran espacios eficaces de interlocución y diálogo con las comunidades.

EXIGIMOS

De las autoridades penales y organismos de vigilancia y control, que se inicien en forma inmediata las investigaciones penales y disciplinarias por estos hechos de violación de derechos humanos y DIH.

HACEMOS UN LLAMADO URGENTE

A los medios masivos de comunicación para que visilbilicen la grave situación ocasionada por la represión indiscriminada contra la población civil del departamento de Boyacá y divulguen SIN CENSURA lo sucedido en la región, teniendo en cuenta su responsabilidad social frente al derecho a la información de todos los ciudadanos y ciudadanas.

La Misión de Derechos Humanos conformada por las organizaciones: Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política de Boyacá y Casanare, Centro de Atención Psicosocial, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, Equipo Nizkor, Periodistas independientes, con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz.

Apoyo Mesa de Derechos Humanos de Tunja.

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