Martes 23 de agosto de 2016, por CCajar - CRIHU

El Consejo Regional Indígena del Huila -CRIHU- denuncia a la opinión pública nacional e internacional las graves amenazas contra la vida que se presentan en el departamento del Huila a los líderes del movimiento indígena participante en la Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular, específicamente frente al caso de la secretaria de la Comisión Política del CRIHU y rectora de la institución educativa Yu Luucx Pishau María Beatriz Vivas Yacuechime.

Antecedentes

1. Las comunidades indígenas de Colombia se encuentran en especial estado de vulnerabilidad, en razón al desarraigo de los territorios, los limites al ejercicio de las prácticas culturales y a la historia de violencia sistemática contra nosotros.
2. La protesta es un derecho consagrado en la constitución política de Colombia de 1991, este ha sido ejercido por el movimiento indígena de manera legítima y pacífica.
3. Durante los días que se comprenden entre el 30 de mayo y el 11 de junio del año 2016 el movimiento indígena del Huila participó una jornada de Minga cultural y de resistencia por los acuerdos incumplidos por el gobierno nacional a los pueblos indígenas.
4. Durante el proceso se dieron jornadas de dialogo y de manifestación pacífica en la cual hubo participación y colaboración del gobierno departamental y quien coadyuvo como mediador con los funcionarios del gobierno nacional.
5. La rectora de la institución participó de manera libre y voluntaria como parte de la Comisión Política del Consejo Regional Indígena del Huila, responsabilidad que la llevó a moderar varias de las reuniones de concertación con las delegaciones participantes parte del estado colombiano.

Hechos

1. El 22 de junio del año 2016 siendo las 12:38 minutos de la tarde se comunicó de manera telefónica un hombre quien manifestó ser el comandante Jeremías del ELN. Durante la llamada hizo referencias a la composición familiar de la docente, a su actividad como líder y a su actividad como rectora de la institución educativa étnica. La llamada provino del número telefónico 3183255124.
2. El mismo hombre amenazó con atentados contra la vida de la profesora Beatriz Vivas y los miembros de su familia. Le ordenó desplazarse de manera forzada del municipio y abandonar sus actividades como líder indígena.
3. Debido a la gravedad de los hechos la profesora se desplazó provisionalmente del municipio con el fin de interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, ante la Personería Municipal, ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano –OACNUDH-, ante la Unidad Nacional de Protección, ante la Defensoría del Pueblo y ante su despacho. Esto sucedió a partir del 24 de junio del año 2016.
4. El día 29 de junio del año 2016 siendo las 2: llegaron mensajes amenazantes al número de la profesora Beatriz Vivas desde el número de teléfono 322 459 2860. Los mensajes no estaban firmados por ningún remitente.
5. Durante el mes de junio y el mes de agosto no se presentaron avances en la investigación de los delitos por parte del Estado.
6. Siendo el 21 de agosto del año 2016 persisten las amenazas a la líder indígena mediante dos mensajes enviados desde el número 322 855 7052.
6. En los mensajes se intimida a la líder indígena con el fin explícito de abandonar las actividades que desarrolla en el movimiento indígena y de expulsarle del territorio.

Exigencias:

Exigimos al Estado Colombiano en cabeza del presidente de la república Juan Manuel Santos, mediante los órganos de investigación judicial, Fiscalía General de la Nación, entidades de protección y difusión de los derechos humanos, Defensoría del Pueblo, Unidad Nacional de Protección, el Gobierno Departamental del Huila:

1. tomar medidas efectivas de protección de la vida y la integridad de los líderes del movimiento indígena, sin que esto implique un desarraigo de las comunidades ni una re victimización por desplazamientos y reubicaciones forzadas.
2. Adelantar las investigaciones de manera eficiente arrojando resultados tangibles sobre la judicialización de los responsables.
3. Cesar de inmediato los señalamientos a líderes indígenas, al movimiento indígena, así como a las acciones que este impulsa en los cuales se le vincula con “grupos armados ilegales”, “retrasos al desarrollo” y similares. Expresando de manera pública el rechazo a las amenazas a los líderes sociales.

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