Ni España ni la Unión Europea, que son importantes vendedores de armas para Colombia a pesar de la normativa que prohíbe la venta de material de guerra a países con conflicto militar interno, establecen en su cuaderno de prioridades internacionales recibir a personas perseguidas procedentes de Colombia, país donde la democracia y los derechos humanos estarían garantizados, según la postura oficial.

 

 

La desprotección a las personas perseguidas
que buscan refugio en España se acentuó tras los
hechos del 11S.
Era un riesgo sobre el que Amnistía Internacional
alertó en su informe «El derecho de asilo en España: una carrera de obstáculos». [1]

El documento denunciaba las barreras que España
ha levantado para esquivar la llegada de
refugiados: imposición de visados de muy difícil
consecución para los nacionales de países
con graves violaciones de los derechos humanos
—como Colombia—, barreras físicas en las costas
y puertos marítimos, asesoramiento inadecuado
en las Embajadas españolas en el extranjero,
irregularidades en el procedimiento de admisión
a trámite de peticiones de asilo, multas a las
compañías de transporte que traigan personas
indocumentadas, controles de documentación
en las escalinatas o dentro de los aviones Para la CEAR «… el derecho de asilo vuelve a
ser víctima de las políticas restrictivas: elimina
el asilo por vía diplomática, relativiza indebidamente
el papel del ACNUR, debilita el derecho a
la asistencia letrada, refuerza los conceptos de
país de origen y de tránsito seguros, excluye la
posibilidad de solicitudes provenientes de países
de la UE, avanza en un entramado de procedimientos
de inadmisión o abreviados que, en vez
de reforzar el estudio individual de los casos,
aumenta el margen de maniobra de la Administración
para descartar solicitudes de asilo sin
una valoración sufi ciente y justa». [2]

El número de solicitantes de asilo de origen
colombiano siempre ha sido alto, pero ha disminuido
como resultado de las restricciones enunciadas,
y pasaron de 2.497 personas en el 2007,
a 752 en el 2009, de las cuales menos del 47%
fueron admitidas a trámite a pesar de que «es
evidente el clima de terror, amenazas y violencia que se cierne sobre sectores como los sindicalistas,
defensores de los derechos humanos,
comunidades de paz, colectivos que viven sometidos
a una estrategia de persecución, hostigamiento
e incluso exterminio, por lo que la situación
de reducción del número de solicitudes de
asilo en España no se debe a una mejora sustancial
de los derechos humanos en Colombia, sino
al incremento inusitado de las inadmisiones a
trámite…». [3]

Se hizo evidente que la opción era la del refugio
temporal, posibilidad que el ACNUR ya proponía
en relación con los refugiados colombianos
al hacer énfasis en las formas de protección
complementaria, pero la acogida temporal requiere
de disciplina para cumplir el compromiso
de retorno por parte de las personas acogidas.
La CUT, y también desde el 2004 las organizaciones
de defensores de los derechos humanos,
insisten en que no autorizan a las personas acogidas
a quedarse en España, pues su compromiso
es regresar al país a seguir defendiendo los derechos
de los trabajadores y los derechos humanos,
a pesar del riesgo.

Se valoró por parte de la CUT que la protección
temporal permitiría evitar el asilo y la
consiguiente pérdida de dirigentes del mundo
sindical, desactivar atentados y seguimientos
en curso, oxigenar a dirigentes ahogados por la
persecución y las amenazas de muerte, estimular
a los afi liados más comprometidos y con mayor
riesgo que tendrían un respiro y, en algunos
casos, reubicar al dirigente y su familia en otras
regiones de Colombia en donde no fuesen conocidos.

De paso, las personas acogidas en Asturias
hacen un importante trabajo de diplomacia
ciudadana, a partir del testimonio personal en
el marco de actividades de sensibilización en la
sociedad de acogida, como una forma de retribuir
la solidaridad recibida y de fortalecer los
lazos entre organizaciones de Europa y de Colombia.

 

Notas