
Jueves 13 de enero de 2011, por
Ni España ni la Unión Europea, que son importantes vendedores de armas para Colombia a pesar de la normativa que prohíbe la venta de material de guerra a países con conflicto militar interno, establecen en su cuaderno de prioridades internacionales recibir a personas perseguidas procedentes de Colombia, país donde la democracia y los derechos humanos estarían garantizados, según la postura oficial.
Víctimas de Crímenes de Estado |
La desprotección a las personas perseguidas que buscan refugio en España se acentuó tras los hechos del 11S. Era un riesgo sobre el que Amnistía Internacional alertó en su informe «El derecho de asilo en España: una carrera de obstáculos». [1]
El documento denunciaba las barreras que España ha levantado para esquivar la llegada de refugiados: imposición de visados de muy difícil consecución para los nacionales de países con graves violaciones de los derechos humanos —como Colombia—, barreras físicas en las costas y puertos marítimos, asesoramiento inadecuado en las Embajadas españolas en el extranjero, irregularidades en el procedimiento de admisión a trámite de peticiones de asilo, multas a las compañías de transporte que traigan personas indocumentadas, controles de documentación en las escalinatas o dentro de los aviones Para la CEAR «… el derecho de asilo vuelve a ser víctima de las políticas restrictivas: elimina el asilo por vía diplomática, relativiza indebidamente el papel del ACNUR, debilita el derecho a la asistencia letrada, refuerza los conceptos de país de origen y de tránsito seguros, excluye la posibilidad de solicitudes provenientes de países de la UE, avanza en un entramado de procedimientos de inadmisión o abreviados que, en vez de reforzar el estudio individual de los casos, aumenta el margen de maniobra de la Administración para descartar solicitudes de asilo sin una valoración sufi ciente y justa». [2]
El número de solicitantes de asilo de origen colombiano siempre ha sido alto, pero ha disminuido como resultado de las restricciones enunciadas, y pasaron de 2.497 personas en el 2007, a 752 en el 2009, de las cuales menos del 47% fueron admitidas a trámite a pesar de que «es evidente el clima de terror, amenazas y violencia que se cierne sobre sectores como los sindicalistas, defensores de los derechos humanos, comunidades de paz, colectivos que viven sometidos a una estrategia de persecución, hostigamiento e incluso exterminio, por lo que la situación de reducción del número de solicitudes de asilo en España no se debe a una mejora sustancial de los derechos humanos en Colombia, sino al incremento inusitado de las inadmisiones a trámite…». [3]
Se hizo evidente que la opción era la del refugio temporal, posibilidad que el ACNUR ya proponía en relación con los refugiados colombianos al hacer énfasis en las formas de protección complementaria, pero la acogida temporal requiere de disciplina para cumplir el compromiso de retorno por parte de las personas acogidas. La CUT, y también desde el 2004 las organizaciones de defensores de los derechos humanos, insisten en que no autorizan a las personas acogidas a quedarse en España, pues su compromiso es regresar al país a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y los derechos humanos, a pesar del riesgo.
Se valoró por parte de la CUT que la protección temporal permitiría evitar el asilo y la consiguiente pérdida de dirigentes del mundo sindical, desactivar atentados y seguimientos en curso, oxigenar a dirigentes ahogados por la persecución y las amenazas de muerte, estimular a los afi liados más comprometidos y con mayor riesgo que tendrían un respiro y, en algunos casos, reubicar al dirigente y su familia en otras regiones de Colombia en donde no fuesen conocidos.
De paso, las personas acogidas en Asturias hacen un importante trabajo de diplomacia ciudadana, a partir del testimonio personal en el marco de actividades de sensibilización en la sociedad de acogida, como una forma de retribuir la solidaridad recibida y de fortalecer los lazos entre organizaciones de Europa y de Colombia.
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