Primer fallo que hace justicia para la OFP
CONDENADOS PARAMILITARES QUE ASESINARON A LA LIDER DE LA OFP, ESPERANZA AMARIS EN EL 2003.

“Habrá un día en que todas cantemos libertad, es la esperanza de las mujeres de la Organización Femenina Popular en medio de un contexto de totalitarismo y de crisis humanitaria, en donde tanto espacios privados como públicos se vuelven frágiles y vulnerables, en la ciudad de Barrancabermeja.”

Comunicado de prensa, Bogotá D.C. Junio 20 de 2007. A 32 años y 9 meses de prisión, fueron condenados los paramilitares José Ricardo Rodríguez, Yan Alberto Manjares y Margen del Cristo Aldana Maures, por el asesinato de la líder de la Organización Femenina Popular, Esperanza Amaris Miranda en Barrancabermeja el 16 de octubre de 2003, según sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga.

El Juzgado los declaro culpables como coautores por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación y porte de armas de fuego o municiones, y les ordenó pagar a sus familiares, la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales, por concepto de perjuicios morales.

Esperanza, de 40 años de edad, pertenecía desde el año 2002 al equipo base de la Casa de la Mujer de la OFP en Barrancabermeja, donde trabajaba con jóvenes de sectores populares, promovía y defendía los derechos de la mujer. Madre de un hijo de 15 años y una hija de 21 años, se dedicaba a la venta de juegos de azar – chance. Días antes había denunciado ante la Fiscalía amenazas provenientes de grupos paramilitares reconocidos en la región, quienes según el relato de su hija, estuvieron en varias oportunidades en su casa, “generalmente los lunes identificándose de pertenecer a las Autodefensas y advirtiéndole que debía abandonar la ciudad”.

Ese jueves 16 de octubre de 2003, aproximadamente a las 7:30 de la noche, los tres paramilitares mencionados, quienes se encontraban fuertemente armados llegaron a bordo de un vehículo de servicio público a la puerta de la casa de Esperanza, ubicada en el barrio Versalles de Barrancabermeja.

Estando allí la intimidaron y se la llevaron a la fuerza en el auto, a pesar de los ruegos de su hija, quien se lanzó hacía el vehículo, siendo arrastrada durante 200 metros hasta perder el contacto y quedar arrojada sobre el piso, herida en un hombro
Cinco minutos después, Esperanza fue asesinada frente al Colegio Camilo Torres Restrepo y su cadáver arrojado en la vía pública. Cabe anotar en este punto, que la fuerza pública sólo llegó al levantamiento del cuerpo, a pesar que fueron llamados insistentemente luego de la desaparición de Esperanza, a una línea telefónica dispuesta por el Comité Operativo Intersectorial, como mecanismo de comunicación para tener una reacción inmediata frente a violaciones de derechos humanos, la cual nunca fue contestada.
La Organización Femenina Popular, desarrolla desde hace 35 años un valioso trabajo en defensa de los derechos humanos de las mujeres de la región del Magdalena Medio, realizando un trabajo constante de denuncia frente a la presencia y el control social ejercido por los grupos paramilitares de la zona, exigiendo constantemente a las autoridades, a pesar de las adversidades, las constantes amenazas y hostigamientos de que son víctima, la recuperación del control social y político de Barrancabermeja y del Magdalena Medio.

Según su directora, Yolanda Becerra, la organización nace como una puerta a la problemática y al momento político en que se conforma, reivindicando los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las mujeres.

Otros hechos contra la OFP

Infortunadamente las violaciones de derechos humanos en contra de la OFP, luego del asesinato de Esperanza, no cesaron a pesar de las recomendaciones de la comunidad internacional, la ONU, la Unión Europea, sugeridas a las autoridades locales y nacionales en una reunión extraordinaria del Comité Intersectorial por la Vida, llevada a cabo el 23 de octubre del 2003.
El 28 de enero del 2004, Inés Peña de 22 años de edad, fue abordada por dos paramilitares quienes con un arma de fuego la obligaron a subirse a un carro rojo cuando se acercaba a la Biblioteca Alejandro Galvis Galvis en Barrancabermeja, a tres cuadras de la base principal de la Policía. En el vehículo fue maltratada física y verbalmente, su cabello fue rapado, sus pies fueron quemados con agua caliente, entre tanto recibía repetidas amenazas en las que le indicaban que se saliera de trabajar con la OFP. Posteriormente y luego de que el vehículo recorriera varias calles, fue dejada en la parte posterior del Coliseo Luis F Castellano, en un lugar de regular control estratégico militar.
Inés por la época de los hechos era integrante del Movimiento Juvenil del Convenio Universitario OFP – UNIPAZ, coordinadora del Centro de Documentación María Cano de la OFP, presentadora y miembro del consejo de redacción del programa de televisión La Mohana, integrante de la Red Juvenil de Derechos Humanos de la Defensora Regional del Pueblo.
Como si fuera poco, en marzo del 2006, fue asesinada Yamile Agudelo Peñaloza de 26 años de edad, madre de una niña de 8 años, luego de ser torturada y violada. Su cuerpo fue encontrado en un basurero, en la vía al corregimiento el Llanito e identificado dos días después por sus padres.
Precisamente este año, la OFP se vio enfrentada a la desaparición por espacio de un mes de otra de sus integrantes. Catherine González Torres, de 20 años de edad, fue desaparecida el 13 de febrero de 2007, aproximadamente a la una de la tarde, luego que saliera de su casa hacia su lugar de trabajo. Según su propio testimonio, desde el mismo día en que se la llevaron, la mantuvieron en un cuarto oscuro y frío, lugar donde escuchaba frecuentemente las conversaciones de sus captores, en las cuales hablaban de la OFP y del escándalo internacional que se había desatado con su desaparición.
Fue así como el 12 de marzo, a las 4 de la mañana, Catherine fue dejada abandonada por sus captores, con los ojos vendados, en los alrededores del Terminal de Transportes de Bucaramanga, no sin antes advertirle que esperara un buen tiempo, antes de intentar comunicarse con su familia.
El impacto del conflicto armado en las mujeres colombianas
Y es que Colombia, según un informe sobre el impacto del conflicto armado en las mujeres colombianas, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diciembre del año pasado, a pesar que se destaca por la adopción de normas y políticas públicas claves para el reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres, no cuenta con una política estatal integral para dar respuesta al impacto específico del conflicto armado sobre las mujeres de manera articulada y multidisciplinaria, que aborde las necesidades específicas de la mujeres a lo largo de todo el territorio nacional.
Así mismo considera alarmante que los actores armados del conflicto arremetan contra las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres, ya que encuentran que el liderazgo ejercido por estas organizaciones “representa un obstáculo que dificulta su avance en el control social y territorial”, lo ha generado que las integrantes de estas organizaciones “hayan sido y continúen siendo víctimas de intimidación sistemática, persecución, secuestro, tortura y abuso sexual, entre otros delitos”.
Este fallo, el primero que se da en el marco de numerosas investigaciones que se adelantan contra las múltiples violaciones a los derechos humanos contra la OFP, es para el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” un logro más en la larga lucha contra la impunidad, que se acrecienta cuando se trata del juzgamiento de hechos que atentan contra los derechos a la vida de mujeres que como Esperanza, Inés y Catherine, llenan de color y esperanza la defensa de los derechos humanos en Colombia.