La contestación del agente del Estado Colombiano, Rafael Nieto Loaiza presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los hechos del Palacio de Justicia, será recordada en los anales del Derecho, por el desconocimiento de normas jurídicas internacionales e incongruencias expuestas, y aún más por la indolencia y hostilidad usada como estrategia de defensa, si se analiza desde el lado de las víctimas.
“”Entre las calamidades de la guerra hay que añadir la disminución del amor por la verdad, sustituida por las falsedades que dicta el interés y la credulidad estimula” Samuel Johnson The Idler. Noviembre de 1758.
Como un agravio y un irrespeto calificaron la intervención en un comunicado los familiares quienes rechazaron la respuesta del Estado colombiano. Al respecto Rodrigo Uprimny le ha dedicado dos entradas en el Blog de Dejusticia en la Silla Vacia, donde critica la posición del Estado, las afirmaciones consignadas y sus consecuencias jurídicas. De igual forma, en su columna Nieto Loaiza pidió indulgencia y se defendió frente a los reparos en su labor ante el tribunal interamericano.
En medio de esta controversia – necesaria pero extenuante- sobre un episodio triste de la historia colombiana se trastoca la discusión y se pierde, fácilmente, las historias de vida afectadas por los hechos. La realidad, arrebatada a cuenta gotas, nos apunta sobre la existencia comprobada de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en contra de un grupo de sobrevivientes durante la retoma del Palacio de Justicia cometida por integrantes de la fuerza pública.
Uno de los casos que genera mayores interrogantes, tanto en la Comisión de la Verdad como en el Tribunal Superior de Bogotá, es lo relacionado a la suerte del Magistrado Auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas del Consejo de Estado, a quien según lo recaudado en el proceso salió con vida del Palacio y posteriormente apareció sin vida dentro del mismo, en hechos que aún son materia de investigación.
Existen al menos tres pruebas directas: la primera son los videos de medios nacionales e internacionales donde se observa salir al Magistrado Urán y alcanza a ser identificado por su esposa y el testimonio de periodistas como Rodrigo Barrera y Julia Navarrete que lo ven salir; el segundo, el testimonio dentro del proceso penal donde se señala que el cuerpo del Magistrado Urán desnudo fue visto por una médica en Medicina Legal , en el cuarto donde se encontraban y clasificaban a los guerrilleros del M-19 involucrados en la salvaje toma. Otro indicio, de mayor credibilidad, es la aparición de los documentos personales del Magistrado Urán en una diligencia realizada en el B2 de la Brigada 13 en el Cantón Norte, donde se fue hallada su cédula de ciudadanía, la credencial como Magistrado y fotos familiares junto a un listado de guerrilleros dados de baja donde aparece su nombre. Estos elementos se constituyen como pruebas indiscutibles de las irregularidades que sucedieron con la vida del Magistrado Urán.
Un punto sin sustento de Nieto Loaiza, evidente y urgente aclarar, es lo relacionado a la negación como magistrado auxiliar de la víctima, como lo afirma, erróneamente, en su escrito el representante del Estado colombiano. Previendo esta situación, las familiares de Urán Rojas, por vía de derecho de petición, solicitaron al alto tribunal que resolviera esas inquietudes. De ello obtuvieron una certificación del Consejo de Estado donde contradicen lo afirmado por el agente del Estado frente a su vinculación como Magistrado auxiliar en el alto tribunal. ¿Consultaría Nieto Loaiza sobre este caso particular al Consejo de Estado? La respuesta es obvia.
Frente al agravio proferido con la respuesta del Estado en la memoria del Magistrado Urán, bien vale la oportunidad para contar aspectos relevantes sobre la vida que se pretende socavar con la contestación.
Carlos Horacio Urán Rojas nació en Angelópolis, el 7 de mayo de 1942. De origen antioqueño. Fue el séptimo hijo de doce. Inició sus estudios de primaria y secundaria en el liceo de la Universidad de Antioquía. De ahí pasaría a la Facultad de Derecho en la misma universidad en 1961, donde sería estudiante de Derecho Penal del exmagistrado Carlos Gaviria.
Fue notable su participación en los movimientos estudiantiles de la época que lo llevarían a andar por el continente y culminar sus estudios en Montevideo en la facultad de Derecho de la Universidad de la República en Uruguay. Su llegada al país austral estuvo marcada por el amor, toda vez que allí conocería a quien sería su compañera, la historiadora uruguaya Ana María Bidegain. De esa unión nacerían cuatro hijas: Anahi, Mairee, Xiomara y Helena. Entre 1967 y 1970, fue nombrado como Secretario para Latinoamerica del Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos (Pax Romana – IMEC) le permitió hacer parte del Comité Editorial de la Revista Víspera, como secretario de redacción hasta 1971.
La revista se erigió como medio alternativo de comunicación y de convergencia entre católicos y protestantes para denunciar la situación de derechos humanos. Posteriormente la publicación fue cerrada por la dictadura militar uruguaya. El Magistrado Urán tuvo una fuerte vocación por el estudio, en especial los temas relacionados entre el derecho y la religión, las ideas políticas y el rol del jurista en el orden democrático.
En 1978, terminó sus estudios de Maestría en Filosofía del Derecho en la Universidad de Paris concluyendo con una obra sobre el hecho normativo en el pensamiento de Georgs Gurvitch. Su estudio y dedicación le permitirían construir una amistad con el Magistrado Bernard Ducamin, quien lo invitaría a vivir una estancia en el Consejo de Estado de la República Francesa. De allá lo traería al país el Presidente del Consejo de Estado, el Dr. Jorge Dávila Fernández, en 1979 quien en un viaje a París tuvo conocimiento de la presencia de un colombiano donde le expresó que volviera al país y se vinculara para el tribunal contencioso nacional. En la primavera de 1985 realizó una visita escolar al Instituto Kellogs de la Universidad de Notre Dame donde escribiría Colombia y los Estados Unidos en la Guerra de Corea como parte de la preparación de su disertación doctoral para la Universidad de Paris II en Ciencia Política. Para noviembre de 1985, tenía 43 años, una hermosa familia y una vida llena de realizaciones y promesas. También se encontraba vinculado a la Universidad Javeriana como profesor de Ciencias Políticas.
Su ausencia y las condiciones aún sin esclarecer por su muerte se han constituido en un profundo pesar que ha tenido consecuencias difíciles que han generado una mella profunda en el alma de su familiares, quienes han asumido con dignidad y fortaleza exigiendo a las autoridades que se investiguen las contradicciones evidentes para el caso del Magistrado y los responsables sean investigados y judicializados.
Una lección debe ser que la defensa jurídica del Estado colombiano no puede realizarse bajo cualquier costo, tiene límites y debe ser ejercida de manera responsable, sin que exista menosprecio e irrespeto hacia las víctimas. Esta tarea aún se encuentra inconclusa, y se debe realizar un trabajo mancomunado y armónico entre instituciones para sensibilizar a funcionarios de todos los niveles del Estado, para que no exista una revictimización, que no exista hostilidad ni presunciones de mala fe y sean incorporados criterios de atención psicosocial – como la acción sin daño– a quienes han sufrido graves violaciones a los derechos humanos. Es obligación del Estado colombiano avanzar en algo tan básico como el tratamiento y respeto hacia las víctimas del conflicto.
En lo relacionado, al Magistrado Urán, y las millones de víctimas en Colombia que aún luchan por su respeto se hace necesario trabajar urgentemente en ello.