Jueves 23 de noviembre de 2006, por Prensa - Colectivo

Los defensores de derechos humanos en Colombia se encuentran en una posición difícil ya que siguen siendo víctimas de amenazas y actos violentos protagonizados por todos los actores armados del conflicto. Esto es, en pocas palabras, la primera impresión que se llevan los encargados de la Misión Internacional de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) que se realizó desde el 13 al 18 de noviembre de 2006 en el país y cuyo objetivo era evaluar la situación de los defensores de derechos humanos.

Los defensores de derechos humanos en Colombia se encuentran en una posición difícil ya que siguen siendo víctimas de amenazas y actos violentos protagonizados por todos los actores armados del conflicto. Esto es, en pocas palabras, la primera impresión que se llevan los encargados de la Misión Internacional de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) que se realizó desde el 13 al 18 de noviembre de 2006 en el país y cuyo objetivo era evaluar la situación de los defensores de derechos humanos.

Roberto Garretón, uno de los encargados de la misión y hasta el 2004 representante para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, responsabiliza de la situación de inseguridad generalizada, entre otras cosas, al discurso hostil de algunas autoridades del gobierno frente a las ONGs. “Acusar a los defensores de derechos humanos de mentirosos y traidores les pone en una situación muy vulnerable”, dice en una entrevista con el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA). La Misión habló con varios representantes del Estado y de la sociedad civil tanto en Bogotá como en el departamento de Arauca y fue acompañada por ILSA, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDPH) y la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR), las ligas filiales de la FIDH en Colombia. El informe final de la misión será presentado al inicio del 2007 ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.

ILSA: ¿Si Usted fuera defensor de derechos humanos en Colombia, seguiría trabajando en este país?

Roberto Garretón: Mi respuesta es sí. Comencé a trabajar en la defensa de los derechos humanos en Chile el día siguiente al golpe militar de Augusto Pinochet en septiembre de 1973, no habiendo sido un partidario del Presidente Salvador Allende. Pero la violencia del golpe me manifestó claramente que lo que se venía era una dictadura atroz. Cuando uno se mete en la defensa de los Derechos Humanos, queda clavado para siempre.

ILSA: ¿A pesar de los riesgos a los que uno se expone?

R. G.: Sin duda, en Colombia hay un gran déficit de seguridad para los defensores de los derechos humanos. Al salir a la calle, no saben si van a volver a su casa; no saben si su organización va a ser allanada y se van a llevar los computadores; no saben si están vigilados o seguidos. Junto con los periodistas son, como en el mundo entero, las principales víctimas de la violencia que está políticamente motivada. No obstante, me quedaría en el país, ya que defender los derechos humanos es, en definitiva, una opción de vida. ILSA: ¿En qué consiste el déficit de seguridad?

R. G.: Entre otras cosas, en el discurso oficial del Presidente, del Vicepresidente y de otras autoridades gubernamentales que a menudo presentan a los defensores de los derechos humanos como colaboradores de la insurgencia, subversivos o abogados de la guerrilla. El
  Roberto Garretón (izq.) y Luis Fernando Martínez Zapater (der.), los encargados de la Misión Internacional durante la rueda de prensa en el Hotel Bacatá, Bogotá. Ministro del Interior y de Justicia, con el que tuvimos una entrevista, se refirió por ejemplo en forma bastante despectiva a las ONGs. Esta actitud es muy peligrosa ya que produce un clima que pone en riesgo la seguridad de los defensores de derechos humanos y los hace vulnerables

 especialmente en una situación de conflicto como es la que tenemos en Colombia. La política se hace mucho en base de signos y mensajes, y si los mensajes son equívocos, las consecuencias pueden ser graves.

ILSA: ¿Usted cree los mensajes serían diferentes si el gobierno fuera de izquierda?

R. G.: No. Esto no es un problema de derecha o izquierda, sino de la falta de consolidación democrática. Existen gobiernos de la izquierda como el de Hugo Chávez en Venezuela que tienen el mismo discurso; solo cambian las expresiones: En vez de ser un “aliado de terroristas” un defensor de derechos humanos es un “aliado del imperialismo”. ILSA: ¿No cree que los reproches del gobierno en contra de las ONGs podrían tener cierta legitimidad?

R. G.: No conozco a todas las ONGs del país, pero puedo hablar de las que visitamos durante nuestra estancia en Colombia y de muchas otras que conozco desde mi primera misión en Colombia en 1987. Esta vez nos entrevistamos con alrededor de 30 ONGs de las que muchas estaban representando redes. Por lo tanto diría que compilamos de manera directa e indirecta informaciones sobre unas 200 ONGs. Le puedo asegurar que todas ellas tienen un juicio muy crítico respecto a todos los actores en el conflicto. ILSA: Usted critica de modo duro al gobierno colombiano. ¿Éste no hace nada para proteger a los defensores de derechos humanos?

R. G.: No es así, por supuesto. A pesar del discurso hostil frente a las ONGs existen esfuerzos para mejorar la situación de estas personas. En la reunión con el Ministro Interior y el director del Programa de Protección a las Personas Amenazadas nos informaron, por ejemplo, que se va a lanzar una campaña con el eslogan maravilloso: “Defendamos a los Defensores de los Derechos Humanos”. Espero que esta campaña no sólo va a concienciar a la población colombiana y a todos los miembros de las instituciones estatales de la importancia de defender los derechos humanos, sino que va a disipar también mis dudas que el lenguaje de algunas autoridades gubernamentales ha despertado en cuanto a la política del gobierno en relación con los defensores de dichos derechos. ILSA: ¿Las acciones del Estado se limitan a campañas publicitarias?

R. G.: En los últimos años, el Estado colombiano también ha realizado un gran aporte presupuestario al Programa de Protección a Testigos y Personas Amenazadas. Los recursos
  que están a disposición de este programa se incrementaron de 5 millones de dólares a alrededor de 30 millones de dólares anuales si no me equivoco.

ILSA: ¿Es suficiente?

R. G.: No. Parece evidente que no da para la protección de todas las personas que la necesitarían, ni siquiera para aquellas que incluso tienen concedidas medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ILSA: ¿Qué indicaciones tiene para este reproche?

R. G.: El asesinato de Gregorio Izquierdo Meléndez del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos hace algunos meses en Arauca. Como estaba bajo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Colombia forma parte, el gobierno tenía el mandato directo y específico de proteger a Gregorio Izquierdo. Sin embargo, lo matan en la calle a las 6 de la tarde. Eso es un caso clásico de una muerte anunciada. Una vida de lucha por los derechos humanos Roberto Garretón (64) es un reconocido y experimentado defensor de los derechos humanos (DD.HH.). Durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile (1974 - 1990) fue abogado del Comité de Cooperación para la Paz y luego de la Vicaría de la Solidaridad, principal institución de defensa de los DD.HH. durante la misma época. Al término de la dictadura continuó su compromiso con los derechos humanos: entre otras cosas, fue embajador del primer gobierno chileno constitucional ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos (1990 - 1994), abogado en Chile del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR; 1996 - 2000), relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en la República Democrática del Congo (1994 - 2001) y representante para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2001 - 2004). En 2006 fue nombrado por el Secretario General de la ONU en un Comité Asesor sobre Prevención del Genocidio, junto a Sadako Ogata, Juan Méndez y el Obispo y Premio Nóbel de la Paz Sesmond Tutu. Para Garretón defender los derechos humanos no solo es una profesión sino “una opción de vida”. ILSA: ¿Usted culpa al Estado de no haber cumplido con sus deberes?

R. G.: En la entrevista que tuvimos con el gobernador de Arauca, nos dijo qué no sabía que había ocurrido. Tenía un mandato de una comisión internacional y no sabía nada de su obligación. Esto es bastante raro, ¿no cree? Al menos suscita la pregunta si el Estado toma en serio sus deberes frente a los defensores de derechos humanos.

ILSA: ¿Ya se sabe quién ha cometido el crimen?

R. G.: No. Hay varias hipótesis de cómo se ha producido el asesinato. Pero dadas las amenazas que Izquierdo había recibido, estoy convencido de que fue obra de los paramilitares - a pesar de que el procurador de Arauca dice que sostener esto es aventurado, temerario e imprudente. ILSA: ¿Cree que el o los actores serán capturados y castigados?

R. G.: Lo espero, pero en vista de las altas cuotas de impunidad que se vienen produciendo con relación a múltiples actos Roberto Garretón: “Los defensores de derechos humanos temen tanto a los paramilitares como a las FARC y al ELN.”
  violentos en Colombia lo dudo. No estoy exagerando cuando digo que existe un verdadero clima de impunidad en el país. Si en cuanto a este aspecto no se consiguen progresos, la situación no mejorará nunca, ya que sin justicia no hay derechos humanos ni paz.

El informe definitivo de la Misión Internacional estará listo en enero del 2007 •Desde el 13 al 18 de noviembre de 2006, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) realizó una Misión Internacional en Colombia con el fin de evaluar la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia durante el período 2002 a 2006. Los encargados de Misión fueron Roberto Garretón, abogado de Chile, y Luis Fernando Martínez Zapater, juez español. Durante su estancia en el país se entrevistaron, entre otros personalidades, con Carlos Holguin Sardi, Ministro del Interior y de Justicia, con María Consuelo Araújo, Ministra de Relaciones Exteriores, con Edgardo Maya Villazón, Procurador General de la Nación, con Leonardo Cabana Fonseca, coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, con Liliana Veliña, representante adjunta encargada de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia y con los embajadores de Francia y Chile. Así mismo se encontraron con familiares de víctimas, organizaciones sociales, responsables de derechos humanos de las centrales sindicales y sindicatos más afectados, en la ciudad de Bogotá y en el departamento de Arauca. •Los resultados definitivos de la misión serán publicados en un informe en el cual no solo se presentará un balance sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el país, sino que se planteará también una serie de recomendaciones al Estado, que propendan por la prevención de ataques, amenazas, hostigamientos, desapariciones y asesinatos contra los mismos. “El informe va estar listo en enero y será presentado ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra”, dijo Martínez en la rueda de prensa que tuvo lugar el sábado, 18 de noviembre, en el Hotel Bacatá en Bogotá. “Tengo la esperanza de que haga más visible en el exterior las adversidades con las que los defensores de derechos humanos tienen que confrontarse y que facilite a las administraciones europeas y de otros países datos que les permiten llevar a cabo acciones para mejorar la situación.” •La FIDH es una organización internacional no gubernamental que tiene como objetivo promover la aplicación de todos los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Dispone de estatus consultivo ante las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la UNESCO y el Consejo de Europa y posee carácter de observador ante la Comisión Africana de los Derechos Humanos de los Pueblos. La FIDH está integrada por 141 organizaciones de derechos humanos en 100 países del mundo, siendo sus ligas filiales en Colombia el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDPH) y la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR). ILSA: ¿Qué medidas se debería aplicar para reducir la impunidad?

R. G.: Esto es un tema muy complejo. Entre otras cosas, me parece importante que se someta a la fiscalía a un proceso de reforma de su organización interna - tal como la Corte Constitucional lo exigió - que no sólo permita aumentar la independencia de la institución sino también acelerar las numerosas investigaciones que por violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario internacional tiene en curso. ILSA: ¿A qué tipo de violaciones se refiere?

R. G.: Amenazas, robo de información confidencial, desapariciones, secuestro, asesinatos etc. ILSA: ¿Son estos crímenes muy corrientes?

R. G.: Diría que los crímenes menos graves como por ejemplo las amenazas son cometidas con mucha frecuencia. Las ejecuciones y las desapariciones, en cambio, son puntuales. Sin embargo, el clima de inseguridad es general.
  Roberto Garretón con Jorge Carvajal, director de ILSA (der.), y Alirio Uribe, vicepresidente del CCAJAR (izq.) ILSA: La misión ha estudiado los crímenes contra los defensores de los Derechos Humanos cometidos durante el período 2002 a 2006. ¿Ha mejorado la situación en estos años ?

R. G.: Las estadísticas que nos presentaron el director del Programa de Protección a Testigos y Personas Amenazadas, la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia y el gobernador de Arauca indican que han disminuido los casos de violencia, procedentes de cualquiera de los actores armados, contra líderes y representantes de organizaciones de la sociedad civil. ILSA: ¿Se puede confiar en estas cifras?

R. G.: Siempre hay que tener cuidado con las estadísticas ya que dependen mucho de cómo se recogen y se cuantifican las informaciones. En el caso de Gregorio Izquierdo, por ejemplo, parece que hay varias líneas abiertas de investigación, pero sería un gran error considerar este crimen como un delito común. ILSA: ¿Entonces usted no cree en el discurso oficial de que las Autodefensas son cosa del pasado?

R. G.: Hemos escuchado muchas veces que personas o grupos que se dicen desmovilizados, de hecho no lo están. Además, todas las personas con las que nos hemos entrevistado señalan como una de las causas de la inseguridad que viven, a los paramilitares. Por lo tanto, sería una equivocación negar la existencia de paramilitares, como lo han sostenido algunas autoridades. No obstante, en cuanto a este asunto no quiero hacer un juicio categórico, porque es un área que no alcanzamos investigar en su totalidad. ILSA: ¿Aparte de los paramilitares, a qué otros grupos temen los defensores de los Derechos Humanos sobre todo?

R. G.: A las FARC y el ELN. Tienen miedo a los tres. ILSA: ¿Y qué pasa con el Ejército y los narcotraficantes?

R. G.: El Ejército ha dejado de ser un actor directo principal. Pero es evidente que han existido - y probablemente siguen existiendo - muchos grupos paramilitares que tienen alguna vinculación con el Ejercito. Los narcotraficantes, en cambio, ya no desempeñan este rol de agresor brutal contra todo periodista y defensor de derechos humanos que desempeñaron a finales de los 80.
  ILSA: ¿Comparada con la situación en 1987, año en el que Usted realizó su primera misión en Colombia,, divisa algún cambio sustancial en la situación de los defensores de derechos humanos?

R. G.: No. Aparte de que los actores son distintos, la situación es desgraciadamente más o menos la misma: Para los defensores de derechos humanos existe la misma inseguridad de trabajar, de formar alianzas y de decir la verdad como hace 20 años. ILSA: ¿Qué políticas serían necesarias para eliminar este estado de inseguridad generalizada?

La ley de “Justicia y Paz” En cuanto a los efectos sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ley de “Justicia y Paz” que prevee, entre otras cosas, una atenuación de la pena a los paramilitares que confiesen sus crímenes y se desmovilizan, los encargados de la Misión solo hicieron comentarios generales y cautos. “La ley presenta todavía demasiados interrogantes, por lo cual no es el momento adecuada para analizar esta pregunta ”, dijo el juez español, Luis Martínez. No obstante, explicó, que “en todos los foros internacionales sobre el derecho penal alternativo nunca se ha referido a la aplicación de penas alternativas a crímenes tan graves como son las infracciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Las penas alternativas tienen sentido para crímenes de otra naturaleza.” Además, Martínez dijo
 “como primerísima evaluación igual que la anterior” - que parecía que existirían importantes dificultades para el resarcimiento de las víctimas. “Esto es un problema grave. La justicia exige para ser completa no solo la sanción o el castigo del culpable, sino la reparación del daño producido a las víctimas en su integridad. De otro modo, no se cerrarán los conflictos existentes y se crearán nuevos.”

R. G.: Más allá del mejoramiento de las medidas de protección, de la lucha contra la impunidad y del cambio del discurso contraproducente de algunos representantes del gobierno, lo más importante es la formación de una cultura de seguridad. ILSA: ¿Cómo se puede realizar tal cultura?

R. G.: El gobierno tiene que reconocer y promover de modo más activo y con más apoyo todos los derechos humanos, pero sobre todo el derecho a la seguridad. Los colombianos no solo deben tener el derecho a que no los maten o a que el gobierno no los discrimine o estigmatice, sino también a todos los derechos económicos, sociales y culturales, es decir: a que tengan comida, educación, vivienda, salud etc. El derecho humano a la seguridad consiste en que todos podemos gozar de todos los derechos humanos. Esto es el enfoque de una correcta política de seguridad. Lamentablemente, en el Estado colombiano veo muy pocos planteamientos que van en esta dirección. Jürg Schiess, ILSA, 20 de noviembre de 2006

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