Los defensores de derechos humanos en Colombia se encuentran en una posición difícil ya que siguen siendo víctimas de amenazas y actos violentos protagonizados por todos los actores armados del conflicto. Esto es, en pocas palabras, la primera impresión que se llevan los encargados de la Misión Internacional de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) que se realizó desde el 13 al 18 de noviembre de 2006 en el país y cuyo objetivo era evaluar la situación de los defensores de derechos humanos.
Los defensores de derechos humanos en Colombia se
encuentran en una posición difícil ya que siguen siendo
víctimas de amenazas y actos violentos protagonizados por
todos los actores armados del conflicto. Esto es, en pocas
palabras, la primera impresión que se llevan los encargados
de la Misión Internacional de la Federación Internacional
de los Derechos Humanos (FIDH) que se realizó desde el 13
al 18 de noviembre de 2006 en el país y cuyo objetivo era
evaluar la situación de los defensores de derechos humanos.
Roberto Garretón, uno de los encargados de la misión y
hasta el 2004 representante para América Latina y el
Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, responsabiliza de la situación de
inseguridad generalizada, entre otras cosas, al discurso
hostil de algunas autoridades del gobierno frente a las
ONGs. “Acusar a los defensores de derechos humanos de
mentirosos y traidores les pone en una situación muy
vulnerable”, dice en una entrevista con el Instituto
Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA).
La Misión habló con varios representantes del Estado y de
la sociedad civil tanto en Bogotá como en el departamento
de Arauca y fue acompañada por ILSA, el Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
(CDPH) y la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR), las
ligas filiales de la FIDH en Colombia. El informe final de la misión será presentado al inicio
del 2007 ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas en Ginebra.
ILSA: ¿Si Usted fuera defensor de derechos humanos en Colombia, seguiría trabajando en
este país?
Roberto Garretón: Mi respuesta es sí. Comencé a trabajar en la defensa de los derechos
humanos en Chile el día siguiente al golpe militar de Augusto Pinochet en septiembre de
1973, no habiendo sido un partidario del Presidente Salvador Allende. Pero la violencia del
golpe me manifestó claramente que lo que se venía era una dictadura atroz. Cuando uno se
mete en la defensa de los Derechos Humanos, queda clavado para siempre.
ILSA: ¿A pesar de los riesgos a los que uno se expone?
R. G.: Sin duda, en Colombia hay un gran déficit de seguridad para los defensores de los
derechos humanos. Al salir a la calle, no saben si van a volver a su casa; no saben si su
organización va a ser allanada y se van a llevar los computadores; no saben si están vigilados
o seguidos. Junto con los periodistas son, como en el mundo entero, las principales víctimas
de la violencia que está políticamente motivada. No obstante, me quedaría en el país, ya que
defender los derechos humanos es, en definitiva, una opción de vida.
ILSA: ¿En qué consiste el déficit de seguridad?
R. G.: Entre otras cosas, en el discurso oficial del Presidente, del Vicepresidente y de otras
autoridades gubernamentales que a menudo presentan a los defensores de los derechos
humanos como colaboradores de la insurgencia, subversivos o abogados de la guerrilla. El
–
Roberto Garretón (izq.) y Luis Fernando Martínez Zapater (der.), los encargados
de la Misión Internacional durante la rueda de prensa en el Hotel Bacatá, Bogotá.
Ministro del Interior
y de Justicia, con el
que tuvimos una
entrevista, se refirió
por ejemplo en
forma bastante
despectiva a las
ONGs. Esta actitud
es muy peligrosa ya
que produce un
clima que pone en
riesgo la seguridad
de los defensores de
derechos humanos y
los hace vulnerables
– especialmente en
una situación de
conflicto como es la
que tenemos en Colombia. La política se hace mucho en base de signos y mensajes, y si los
mensajes son equívocos, las consecuencias pueden ser graves.
ILSA: ¿Usted cree los mensajes serían diferentes si el gobierno fuera de izquierda?
R. G.: No. Esto no es un problema de derecha o izquierda, sino de la falta de consolidación
democrática. Existen gobiernos de la izquierda como el de Hugo Chávez en Venezuela que
tienen el mismo discurso; solo cambian las expresiones: En vez de ser un “aliado de
terroristas” un defensor de derechos humanos es un “aliado del imperialismo”.
ILSA: ¿No cree que los reproches del gobierno en contra de las ONGs podrían tener cierta
legitimidad?
R. G.: No conozco a todas las ONGs del país, pero puedo hablar de las que visitamos durante
nuestra estancia en Colombia y de muchas otras que conozco desde mi primera misión en
Colombia en 1987. Esta vez nos entrevistamos con alrededor de 30 ONGs de las que muchas
estaban representando redes. Por lo tanto diría que compilamos de manera directa e indirecta
informaciones sobre unas 200 ONGs. Le puedo asegurar que todas ellas tienen un juicio muy
crítico respecto a todos los actores en el conflicto.
ILSA: Usted critica de modo duro al gobierno colombiano. ¿Éste no hace nada para
proteger a los defensores de derechos humanos?
R. G.: No es así, por supuesto. A pesar del discurso hostil frente a las ONGs existen esfuerzos
para mejorar la situación de estas personas. En la reunión con el Ministro Interior y el director
del Programa de Protección a las Personas Amenazadas nos informaron, por ejemplo, que se
va a lanzar una campaña con el eslogan maravilloso: “Defendamos a los Defensores de los
Derechos Humanos”. Espero que esta campaña no sólo va a concienciar a la población
colombiana y a todos los miembros de las instituciones estatales de la importancia de
defender los derechos humanos, sino que va a disipar también mis dudas que el lenguaje de
algunas autoridades gubernamentales ha despertado en cuanto a la política del gobierno en
relación con los defensores de dichos derechos.
ILSA: ¿Las acciones del Estado se limitan a campañas publicitarias?
R. G.: En los últimos años, el Estado colombiano también ha realizado un gran aporte
presupuestario al Programa de Protección a Testigos y Personas Amenazadas. Los recursos
–
que están a disposición de este
programa se incrementaron de 5
millones de dólares a alrededor
de 30 millones de dólares
anuales si no me equivoco.
ILSA: ¿Es suficiente?
R. G.: No. Parece evidente que
no da para la protección de todas
las personas que la necesitarían,
ni siquiera para aquellas que
incluso tienen concedidas
medidas cautelares por parte de
la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
ILSA: ¿Qué indicaciones tiene
para este reproche?
R. G.: El asesinato de Gregorio
Izquierdo Meléndez del Comité
Permanente por la Defensa de los
Derechos Humanos hace algunos
meses en Arauca. Como estaba
bajo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual
Colombia forma parte, el gobierno tenía el mandato directo y específico de proteger a
Gregorio Izquierdo. Sin embargo, lo matan en la calle a las 6 de la tarde. Eso es un caso
clásico de una muerte anunciada.
Una vida de lucha por los derechos humanos
Roberto Garretón (64) es un reconocido y experimentado
defensor de los derechos humanos (DD.HH.). Durante la
dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile (1974 –
1990) fue abogado del Comité de Cooperación para la Paz
y luego de la Vicaría de la Solidaridad, principal institución
de defensa de los DD.HH. durante la misma época. Al
término de la dictadura continuó su compromiso con los
derechos humanos: entre otras cosas, fue embajador del
primer gobierno chileno constitucional ante los Organismos
Internacionales de Derechos Humanos (1990 – 1994),
abogado en Chile del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR; 1996 – 2000),
relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos
humanos en la República Democrática del Congo (1994 –
2001) y representante para América Latina y el Caribe del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (2001 – 2004). En 2006 fue nombrado
por el Secretario General de la ONU en un Comité Asesor
sobre Prevención del Genocidio, junto a Sadako Ogata,
Juan Méndez y el Obispo y Premio Nóbel de la Paz
Sesmond Tutu. Para Garretón defender los derechos
humanos no solo es una profesión sino “una opción de
vida”.
ILSA: ¿Usted culpa al Estado de no haber cumplido con sus deberes?
R. G.: En la entrevista que tuvimos con el gobernador de Arauca, nos dijo qué no sabía que
había ocurrido. Tenía un mandato de una comisión internacional y no sabía nada de su
obligación. Esto es bastante raro, ¿no cree? Al
menos suscita la pregunta si el Estado toma en
serio sus deberes frente a los defensores de
derechos humanos.
ILSA: ¿Ya se sabe quién ha cometido el
crimen?
R. G.: No. Hay varias hipótesis de cómo se ha
producido el asesinato. Pero dadas las
amenazas que Izquierdo había recibido, estoy
convencido de que fue obra de los
paramilitares – a pesar de que el procurador de
Arauca dice que sostener esto es aventurado,
temerario e imprudente.
ILSA: ¿Cree que el o los actores serán
capturados y castigados?
R. G.: Lo espero, pero en vista de las altas
cuotas de impunidad que se vienen
produciendo con relación a múltiples actos
Roberto Garretón: “Los defensores de derechos
humanos temen tanto a los paramilitares como a
las FARC y al ELN.”
–
violentos en Colombia lo dudo. No estoy exagerando cuando digo que existe un verdadero
clima de impunidad en el país. Si en cuanto a este aspecto no se consiguen progresos, la
situación no mejorará nunca, ya que sin justicia no hay derechos humanos ni paz.
El informe definitivo de la Misión Internacional estará listo en enero del 2007
•Desde el 13 al 18 de noviembre de 2006, la Federación Internacional de los Derechos Humanos
(FIDH) realizó una Misión Internacional en Colombia con el fin de evaluar la situación de los
defensores de derechos humanos en Colombia durante el período 2002 a 2006. Los encargados de
Misión fueron Roberto Garretón, abogado de Chile, y Luis Fernando Martínez Zapater, juez
español. Durante su estancia en el país se entrevistaron, entre otros personalidades, con Carlos
Holguin Sardi, Ministro del Interior y de Justicia, con María Consuelo Araújo, Ministra de
Relaciones Exteriores, con Edgardo Maya Villazón, Procurador General de la Nación, con Leonardo
Cabana Fonseca, coordinador de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la
Nación, con Liliana Veliña, representante adjunta encargada de la oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia y con los embajadores de Francia
y Chile. Así mismo se encontraron con familiares de víctimas, organizaciones sociales, responsables
de derechos humanos de las centrales sindicales y sindicatos más afectados, en la ciudad de Bogotá
y en el departamento de Arauca.
•Los resultados definitivos de la misión serán publicados en un informe en el cual no solo se
presentará un balance sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el país, sino que
se planteará también una serie de recomendaciones al Estado, que propendan por la prevención de
ataques, amenazas, hostigamientos, desapariciones y asesinatos contra los mismos. “El informe va
estar listo en enero y será presentado ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra”, dijo Martínez en la rueda de prensa que tuvo lugar el
sábado, 18 de noviembre, en el Hotel Bacatá en Bogotá. “Tengo la esperanza de que haga más
visible en el exterior las adversidades con las que los defensores de derechos humanos tienen que
confrontarse y que facilite a las administraciones europeas y de otros países datos que les permiten
llevar a cabo acciones para mejorar la situación.”
•La FIDH es una organización internacional no gubernamental que tiene como objetivo promover
la aplicación de todos los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Dispone de estatus consultivo ante las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos
(OEA), la UNESCO y el Consejo de Europa y posee carácter de observador ante la Comisión
Africana de los Derechos Humanos de los Pueblos. La FIDH está integrada por 141 organizaciones
de derechos humanos en 100 países del mundo, siendo sus ligas filiales en Colombia el Instituto
Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), el Comité Permanente por la Defensa de
los Derechos Humanos (CDPH) y la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
(CCAJAR).
ILSA: ¿Qué medidas se debería aplicar para reducir la impunidad?
R. G.: Esto es un tema muy complejo. Entre otras cosas, me parece importante que se someta
a la fiscalía a un proceso de reforma de su organización interna – tal como la Corte
Constitucional lo exigió – que no sólo permita aumentar la independencia de la institución
sino también acelerar las numerosas investigaciones que por violaciones de los derechos
humanos y el derecho humanitario internacional tiene en curso.
ILSA: ¿A qué tipo de violaciones se refiere?
R. G.: Amenazas, robo de información confidencial, desapariciones, secuestro, asesinatos etc.
ILSA: ¿Son estos crímenes muy corrientes?
R. G.: Diría que los crímenes menos graves como por ejemplo las amenazas son cometidas
con mucha frecuencia. Las ejecuciones y las desapariciones, en cambio, son puntuales. Sin
embargo, el clima de inseguridad es general.
–
Roberto Garretón con Jorge Carvajal, director de ILSA (der.), y Alirio
Uribe, vicepresidente del CCAJAR (izq.)
ILSA: La misión ha estudiado los crímenes contra los defensores de los Derechos
Humanos cometidos durante el período 2002 a 2006. ¿Ha mejorado la situación en estos
años ?
R. G.: Las estadísticas que nos presentaron el director del Programa de Protección a Testigos
y Personas Amenazadas, la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia y el
gobernador de Arauca indican que han disminuido los casos de violencia, procedentes de
cualquiera de los actores armados, contra líderes y representantes de organizaciones de la
sociedad civil.
ILSA: ¿Se puede confiar en
estas cifras?
R. G.: Siempre hay que tener
cuidado con las estadísticas ya
que dependen mucho de cómo
se recogen y se cuantifican las
informaciones. En el caso de
Gregorio Izquierdo, por
ejemplo, parece que hay
varias líneas abiertas de
investigación, pero sería un
gran error considerar este
crimen como un delito
común.
ILSA: ¿Entonces usted no
cree en el discurso oficial de
que las Autodefensas son
cosa del pasado?
R. G.: Hemos escuchado
muchas veces que personas o grupos que se dicen desmovilizados, de hecho no lo están.
Además, todas las personas con las que nos hemos entrevistado señalan como una de las
causas de la inseguridad que viven, a los paramilitares. Por lo tanto, sería una equivocación
negar la existencia de paramilitares, como lo han sostenido algunas autoridades. No obstante,
en cuanto a este asunto no quiero hacer un juicio categórico, porque es un área que no
alcanzamos investigar en su totalidad.
ILSA: ¿Aparte de los paramilitares, a qué otros grupos temen los defensores de los
Derechos Humanos sobre todo?
R. G.: A las FARC y el ELN. Tienen miedo a los tres.
ILSA: ¿Y qué pasa con el Ejército y los narcotraficantes?
R. G.: El Ejército ha dejado de ser un actor directo principal. Pero es evidente que han
existido – y probablemente siguen existiendo – muchos grupos paramilitares que tienen alguna
vinculación con el Ejercito. Los narcotraficantes, en cambio, ya no desempeñan este rol de
agresor brutal contra todo periodista y defensor de derechos humanos que desempeñaron a
finales de los 80.
–
ILSA: ¿Comparada con la
situación en 1987, año en el que
Usted realizó su primera misión
en Colombia,, divisa algún
cambio sustancial en la
situación de los defensores de
derechos humanos?
R. G.: No. Aparte de que los
actores son distintos, la situación
es desgraciadamente más o
menos la misma: Para los
defensores de derechos humanos
existe la misma inseguridad de
trabajar, de formar alianzas y de
decir la verdad como hace 20
años.
ILSA: ¿Qué políticas serían
necesarias para eliminar este
estado de inseguridad
generalizada?
La ley de “Justicia y Paz”
En cuanto a los efectos sobre la situación de los defensores de
derechos humanos de la ley de “Justicia y Paz” que prevee, entre
otras cosas, una atenuación de la pena a los paramilitares que
confiesen sus crímenes y se desmovilizan, los encargados de la
Misión solo hicieron comentarios generales y cautos. “La ley
presenta todavía demasiados interrogantes, por lo cual no es el
momento adecuada para analizar esta pregunta ”, dijo el juez
español, Luis Martínez. No obstante, explicó, que “en todos los
foros internacionales sobre el derecho penal alternativo nunca se
ha referido a la aplicación de penas alternativas a crímenes tan
graves como son las infracciones de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario. Las penas alternativas tienen
sentido para crímenes de otra naturaleza.” Además, Martínez dijo
– “como primerísima evaluación igual que la anterior” – que
parecía que existirían importantes dificultades para el
resarcimiento de las víctimas. “Esto es un problema grave. La
justicia exige para ser completa no solo la sanción o el castigo del
culpable, sino la reparación del daño producido a las víctimas en
su integridad. De otro modo, no se cerrarán los conflictos
existentes y se crearán nuevos.”
R. G.: Más allá del mejoramiento de las medidas de protección, de la lucha contra la
impunidad y del cambio del discurso contraproducente de algunos representantes del
gobierno, lo más importante es la formación de una cultura de seguridad.
ILSA: ¿Cómo se puede realizar tal cultura?
R. G.: El gobierno tiene que reconocer y promover de modo más activo y con más apoyo
todos los derechos humanos, pero sobre todo el derecho a la seguridad. Los colombianos no
solo deben tener el derecho a que no los maten o a que el gobierno no los discrimine o
estigmatice, sino también a todos los derechos económicos, sociales y culturales, es decir: a
que tengan comida, educación, vivienda, salud etc. El derecho humano a la seguridad consiste
en que todos podemos gozar de todos los derechos humanos. Esto es el enfoque de una
correcta política de seguridad. Lamentablemente, en el Estado colombiano veo muy pocos
planteamientos que van en esta dirección.
Jürg Schiess, ILSA, 20 de noviembre de 2006
–